El ruido y la furia. ¿Y mañana qué?

Aunque la principal incógnita se despejó el viernes –condena por sedición, no por rebelión–, la formalización de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del así llamado procés independentista, con la especificación de los años de prisión para cada acusado, ha generado la esperada reacción en calles y redes. Sobre todo del independentismo, pero no sólo.

La sentencia, en este sentido, no cambia nada, y opera en exclusiva como parteaguas simbólico, como pistoletazo de salida de una carrera que se iba a dar sí o sí. Porque, por más leves que hubieran sido las condenas, los independentistas habrían intentado movilizar a su parroquia en busca de una unidad muy tocada. Además, no iban a dejar pasar esta oportunidad para echar mano del victimismo y el emotivismo marca de la casa.

Todo lo que no hubiera sido absolución –y seguramente esta también– habría sido escenificado como un ultraje, en la medida en que quienes justifican o respaldan el unilateralismo ilegal del procés creen que ningún no, ninguna orden, ningún límite que imponga nuestro Estado democrático es legítimo. En este contexto, el mero hecho del juicio ya formaría parte de la «represión». Hay poco que comentar sobre este sector y la sentencia, más allá de que su acatamiento es obligado y exigir el derecho a manifestación transcurra de forma pacífica y se mantenga el orden público.

De nuevo, la sentencia evidencia la polarización en Cataluña y en el resto de España. Ha sido elocuente lo ocurrido con tantos partidarios del juez Marchena. Hasta antes de ayer, el presidente de la Sala que emite la sentencia era un ídolo para muchos, un recto funcionario al que se le rendía pleitesía digital y cuya sangre fría y su cortés contundencia durante las vistas eran aplaudidas en las redes y las tertulias. Tras la sentencia, en cambio, no han sido pocos los que han abjurado de su admiración y han querido ver la larga mano del PSOE en un Tribunal Supremo que trabajaría –sí, eso dicen o sugieren– para el Gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco hay mucho que decir a este sector, que solo verá aquello que quiere ver y confirme su sentencia particular, donde siempre hubo rebelión. Su cacareado respeto por los tribunales y la ley se ha revelado como un aplauso condicionado a la coincidencia con sus planteamientos y prejuicios.

Ahora bien, las penas por sedición y malversación no son menores, y no cabe menospreciar el efecto que pudieran tener en una convivencia malherida. Que, además, todo suceda en plena precampaña electoral de unas elecciones generales, no ayuda a reencauzar la cuestión en términos más racionales y prácticos. Hay amplios sectores que, sin ser independentistas, consideran desproporcionadas e injustas las penas, y es a ellos a los que el Estado, empezando por el Gobierno, deberá ser capaz de apelar y convencer de la justicia y la pulcritud de la actuación de los tribunales. También de la necesidad de una solución consensuada que, de llegar, no sería de manos de quienes más ruido –real y digital– están haciendo hoy. Será ahí y en el escenario internacional donde deberá haber más pedagogía ahora y en los próximos años.