Los ilusionados ciudadanos

El Tribunal Supremo ha dictaminado que el intento por parte de la administración autonómica catalana por subvertir las instituciones del Estado y derogar legal e históricamente el fundamento de la Constitución y del mismo Estado, que es el pueblo español, constituye un delito de sedición.

El delito de sedición está ideado para situaciones como las que hemos visto tristemente en el aeropuerto de El Prat, y el elemento que lo distingue de la rebelión no es tanto el recurso a la violencia, como el objetivo de la misma. Si la ruptura del orden legal está encaminada a atacar cualquiera de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, es rebelión. El proceso secesionista no sólo busca subvertir los tres poderes, sino acabar con su fundamento que, insisto, es el pueblo español.

El intento del Gobierno de rebajar la calificación de los hechos delictivos perpetrados por la Generalitat es evidente, desde el momento en el que ordenó a la abogacía del Estado rebajar la solicitud del delito de rebelión al de secesión. El Gobierno, por otro lado, le ha cedido a la Generalitat, gobernada por los líderes del proceso, la gestión de las cárceles en Cataluña. Dado que el Tribunal Supremo ha renunciado a la aplicación del Artículo 36.2 del Código Penal, que prevé para delitos graves que no se le pueda conceder al reo el tercer grado hasta cumplida al menos la mitad de la pena. Esto quiere decir que muy pronto veremos a alguno de los condenados en sus casas, y que en dos años no quede ni uno en la cárcel. Es el indulto operado por el Gobierno, con el visto bueno del Supremo, por la puerta de atrás.

Es difícil valorar cuál es el significado de la sentencia con tan poco tiempo, pero sí podemos tener claras algunas consecuencias. La primera es que si el delito de rebelión no se reforma, sólo sirve para calificar el inicio de una guerra civil. La segunda, es que los objetivos del proceso son asumidos por el propio Estado contra el que atentan. La tercera es que los políticos se han escondido detrás de los tribunales, pero han hecho lo posible para utilizarlos como marionetas para su estrategia de apaciguamiento. La cuarta es que el propio Tribunal Supremo ha aceptado ese papel con normalidad.

Nada de ello desmiente que los automatismos del Estado, y en particular los del sistema jurídico, hayan funcionado aunque bajo las presiones de la política. Y esto es importante. En un momento, la sentencia habla de “los ilusionados ciudadanos” que se tomaron en serio el “derecho a decidir”, sin tener en cuenta que sólo tiene contenido en función de quién sea el titular de ese derecho, y sobre qué materia recaiga. Es decir, que esos ciudadanos vivían bajo la ilusión de que el pueblo catalán es un sujeto de derecho político, capaz de constituir unas instituciones propias, al margen del resto de los españoles. Eso es lo que estaba en juego en el juicio al proceso. Y ese mensaje ha quedado desdibujado.