Prudencia

Esta es la cuestión. Cumplir con los compromisos a los que nos obliga la pertenencia de España a la unión monetaria o sucumbir a la tentación populista de aumentar el gasto y de subir los impuestos a pesar de que ni el estado de las cuentas públicas lo permite ni el momento de enfriamiento económico lo aconseja. En los últimos días han sido varias las advertencias que ha recibido el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en este sentido. Desde que el PSOE y Podemos firmaron el acuerdo para formar un gobierno de coalición se han sucedido los llamamientos a la prudencia para evitar un aumento descontrolado del gasto, un incremento de la presión fiscal o la subida de los costes laborales que los programas de ambas formaciones recogen en mayor o menor medida. Y que de ser aplicados en el actual momento de enfriamiento económico podrían agudizar el riesgo de entrar en una nueva recesión, además de aumentar el endeudamiento futuro.

Ni la Comisión Europea ni la OCDE, los dos organismos que han mostrado su preocupación por la situación de la economía española, han entrado a valorar el posible Gobierno de coalición de izquierdas, pero su mensaje a modo de aviso para navegantes es muy claro: España debe hacer más esfuerzos para reducir su deuda pública (la necesidad de financiación que genera el déficit entre los ingresos y los gastos) que se sitúa en el 99% del PIB tras subir ligeramente este año. Una carga que se aleja del límite del 60% recogido en el Pacto de Estabilidad y que inevitablemente lastra el crecimiento futuro por el desvío de recursos que supone el pago de sus intereses y el principal de las obligaciones que van venciendo.

La advertencia más clara y contundente la hizo la Comisión Europea. Su comisario de Economía, Pierre Moscovici, lamentó que España no hubiera aprovechado la reciente bonanza económica para reducir el déficit y la deuda públicos y advirtió que el Gobierno que resulte investido debe elaborar cuanto antes un presupuesto en el que se comprometa a la reducción de ambos desequilibrios. España lleva dos años con unos presupuestos prorrogados, los que elaboró Montoro para 2018, que no se han ajustado al cambio de las previsiones económicas que condicionan los gastos e ingresos y que han sido sólo parcialmente enmendados por algunos decretos ley aprobados por el Gobierno de Sánchez, que en su mayoría han supuesto un aumento del gasto.

Y ahora que vendría bien gastar, como aconsejan tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo, España no puede (o no debe) por no haber hecho los deberes para equilibrar sus cuentas públicas. Aun siendo la economía de la UE que más ha crecido en los años posteriores a la crisis, no ha conseguido bajar su déficit del 2,5% del PIB, incumpliendo reiteradamente los objetivos fijados por Bruselas, y desde hace cuatro años su deuda sigue en el entorno del 100% del PIB, décima arriba décima abajo. Muy lejos del esfuerzo de consolidación fiscal hecho por Portugal, que ha pasado de tener un déficit del 4,4% en 2015 a tan sólo el 0,4% del PIB en 2018. Irlanda y Grecia, los otros dos países rescatados por la Troika junto al vecino portugués, tienen ambos un superávit del 0,1% y del 1% del PIB respectivamente. Eso sí, tras haber estado sometidas, sobre todo la última, a un draconiano plan de austeridad que ha dejado muy tocada la cohesión social del país. El éxito de Portugal, que ha ocurrido bajo el mandato de un Gobierno socialista apoyado por sus socios comunistas, es destacable. Aparcaron promesas electorales de gasto para seguir el mandato de Bruselas y aprovecharon bien los años de crecimiento para avanzar en su programa social a la vez que consiguieron reducir su déficit. Con buenas dosis de pragmatismo fiscal y sin la distorsión del problema territorial que aqueja a España. ¿Es trasladable este ejemplo que tanto se cita al Gobierno de coalición de izquierda en ciernes? Atendiendo a los tuits de Alberto Garzón, uno de los gurús económicos de Unidas Podemos, cuesta creerlo.

De forma que España se encuentra atada de pies y manos. Y por ello no está incluida en el grupo de países que tanto la Comisión como el BCE animan a que incrementen el gasto y estimulen así la demanda para superar esta fase de enfriamiento. En lo que supone un giro radical de la política de austeridad con la que se hizo frente a la anterior crisis. Bruselas y Francfort sólo ven con buenos ojos que lo hagan aquellos estados miembros con superávit y su deuda bajo control. ¿Se saltarán Sánchez e Iglesias las indicaciones de la Comisión para cumplir sus promesas y evitar un futuro coste electoral? ¿O culparán a Europa de no poder hacerlo en lugar de asumir su responsabilidad? El vago documento firmado por ambas formaciones no habla más que de combinar la justicia social y mantener el equilibrio presupuestario. Algo por todos deseable a las puertas de una nueva crisis.

La realidad es que España está en la lista negra de las economías incumplidoras que necesitan poner orden en sus cuentas y no en el de las virtuosas que maneja la Comisión. Si a ello añadimos las reiteradas revisiones a la baja del crecimiento por parte de las citadas instituciones, además del Banco de España, el margen de acción del futuro Gobierno es aún más estrecho. No es por ponerse agoreros, pero las continuas revisiones a la baja del crecimiento, la negación de que las cosas estén tan mal, el buscar culpables fuera y echar mano del gasto para salir del paso suena preocupantemente familiar. Ya se experimentó con Zapatero. Y los resultados fueron todo menos buenos. ¿Déjà vu?