Yo soy yo y mis datos

Algo intangible como el big data se concreta en micropiezas de información con alta probabilidad de materializarse en comportamientos individuales. Lo digital es físico. Ahí está el coche que te recoge en el trabajo, el alojamiento en vacaciones, la cena que llega a la puerta de casa o los regalos de las próximas navidades. Uber, Airbnb, Deliveroo, Amazon, la app del seguro médico y la del banco, relojes, tabletas, asistentes virtuales, la navegación en internet, lo compartido en redes sociales… todo ello constituye la inmensa mina de un recurso que nos pertenece en exclusiva pero no controlamos.

En un momento de desaceleración de los flujos comerciales y financieros, la economía de los datos está impulsando el PIB global. El flujo de datos transfronterizo aumentó 148 veces entre 2005 y 2017, hasta superar los 700 terabytes por segundo. Según el informe de McKinsey “Navigating a world of disruption”, este flujo se habrá multiplicado por nueve en 2022 debido al crecimiento del comercio online, las búsquedas, la generación de contenido, el vídeo y el tráfico de información. Los países en desarrollo son los que más están contribuyendo al crecimiento de la conectividad global.

Los datos son un vector económico más. ¿Cuánto valen? La Unión Europea estima que la economía de los datos alcanzará los 739.000 millones de euros en 2020, casi el 4% del PIB. Más del 90% de los datos que se generan en el mundo son gestionados por compañías de Estados Unidos, principalmente por los gigantes tecnológicos Google, Amazon, Facebook y Apple. Su principal fuente de ingresos está en la explotación de los datos, cuya microsegmentación permite colocar el mensaje adecuado frente a la persona adecuada en el momento adecuado.

La hiperpersonalización se traduce en publicidad comercial, propaganda ideológica y mensajes políticos tremendamente efectivos dirigidos a todo tipo de audiencias. Según MyData, organización finlandesa que defiende los derechos de los individuos sobre los datos personales, alrededor de un tercio de los usuarios de internet son menores, pero sus datos son tratados del mismo modo que los de los adultos.

Twitter y Google han anunciado este mes una decisión trascendental: el primero prohibirá la publicidad política en la red social, el segundo la limitará en YouTube y en los anuncios que aparecen en el buscador. Facebook –la cueva de Alí Babá de los datos– guarda silencio. Cada paso que dan las tecnológicas voluntariamente para proteger a los usuarios o velar por la integridad de procesos democráticos incrementa el temor sobre su poder. Surgen cuestiones más profundas no solo sobre el impacto político, sino también sobre los efectos sociales de la microsegmentación y la hiperpersonalización.

A medida que avanza la digitalización de la sociedad cobra nuevo sentido el histórico pulso entre lo público y lo privado, el Estado y el mercado, lo colectivo y lo individual. Tres investigaciones periodísticas recientes llaman la atención sobre esta tensión y sobre el poder económico y político de los datos.

El 11 de noviembre, el Wall Street Journal reveló que Google almacena y analiza los historiales médicos de millones de ciudadanos en EEUU sin su consentimiento. El denominado Proyecto Nightingale es el mayor esfuerzo realizado hasta la fecha por uno de los gigantes tecnológicos de Sillicon Valley para entrar en el sector de la salud. El objetivo no es facilitar la investigación médica, sino abrir una línea de negocio en una industria de alto crecimiento en sociedades cada vez más preocupadas por la salud.

Dos días después, el Financial Times publicaba una investigación según la cual algunos de los portales de salud más populares de Reino Unido están compartiendo con otras empresas, entre ellas Google y Facebook, datos sensibles de los usuarios. La información, compartida sin consentimiento, incluye nombres de medicamentos, síntomas, indicadores analíticos, ciclos de ovulación y búsquedas con palabras clave como depresión, cáncer o aborto. Con esta información se ofrecen productos, tratamientos y servicios a personas que quizá ni siquiera sepan que padecen determinada dolencia o aprovechándose de la vulnerabilidad de los enfermos. Más allá del marketing, estos datos son oro puro en manos de las aseguradoras a la hora de establecer primas ante las que el usuario no tiene margen de negociación y restringiendo su capacidad de elección.

El tercer reportaje lo publicó el 16 de noviembre el New York Times bajo el título “The Xinjiang Papers” y muestra la “rentabilidad” política de los datos. La filtración de documentos internos del gobierno de China confirma con detalles siniestros la represión y el confinamiento de la población musulmana de la región de Xinjiang en los últimos tres años. Los papeles no solo detallan la maquinaria de internamiento y reeducación puesta en marcha, sino que revelan la implicación personal del presidente, Xi Jinping, en esta política y su convencimiento de que “la tecnología debe ser parte de la solución”. Así es: en Xinjiang se han desplegado como en ninguna otra región de China el reconocimiento facial, las pruebas genéticas y el big data para el control de las minorías uigur y uzbeca.

Las tres investigaciones son ejemplos de la tensión entre mercado y Estado asociada a la tecnología. Esta tensión tiene dos polos: Estados Unidos y China. Al igual que sucede con el comercio, la UE se encuentra atrapada en una pugna de la que intenta salir con una alternativa tanto al monopolio del mercado tecnológico por parte de EEUU como al control del Estado por parte de China. Hay razones políticas y económicas, pero también de justicia social, detrás del esfuerzo de la UE por recuperar “soberanía digital”, empezando por sus datos.

La cuestión está sobre la mesa de la nueva Comisión Europea que echa a andar el 1 de diciembre. La Comisaria y Vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, tiene entre sus objetivos crear en su primer año un espacio europeo común de datos que garantice la privacidad al tiempo que promueve la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Que los europeos puedan almacenar sus datos en Europa según estándares transparentes y seguros, es una cuestión económica y política, pero también de libertad y de igualdad de oportunidades.