'Calming Calviño'

Tranquilizar a los inversores internacionales. Es una tarea a la que se ha dedicado con ahínco la vicepresidenta tercera desde que hace un mes se estrenó el Gobierno de coalición de izquierdas PSOE-UP. En cada foro en el que participa o entrevista que concede, el mensaje de Nadia Calviño es el mismo: no hay motivo para la alarma. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital asegura que todo va a seguir igual, que la entrada de los ministros de la formación populista de izquierdas no va a variar el rumbo de la política económica. Y presenta como credenciales los veinte meses de Gobierno socialista en los que la confianza de los mercados se ha mantenido más o menos intacta. Omite sin embargo un pequeño detalle: el PSOE ha gobernado en ese periodo prorrogando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborados por el popular Cristóbal Montoro. Solo cuando el nuevo Gobierno apruebe sus propios presupuestos, si es que se asegura el apoyo de los nacionalistas, podrán los inversores confirmar si la moderación de Calming Calviño, como la ha apodado el diario Financial Times, gana este primer asalto al populismo de Pablo Iglesias.

Es como una reedición del pulso que en los gobiernos socialistas de Felipe González echó el vicepresidente Alfonso Guerra, partidario de aumentar el gasto público, a los ministros de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, primero, y Carlos Solchaga, después, más partidarios de mantener una cierta disciplina fiscal. Tomando como referencia el pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y UP y las medidas incluidas en los Presupuestos presentados hace un año por el PSOE que fueron rechazados en el Congreso, es difícil concluir que, como dice Calviño, no vaya a producirse un cambio de rumbo en la política económica. Las fricciones entre las dos vicepresidencias parecen por tanto inevitables.

Algunas diferencias ya se han puesto de manifiesto: los planes de Iglesias para evitar la privatización de Bankia y quitar de la presidencia a Goirigolzarri han sido de momento tumbados por Calviño. La vicepresidenta se ha declarado contraria al control de los precios de la vivienda que defiende Podemos. Podemos ha evitado que se incluya la mochila austríaca en la reforma de la reforma laboral que proponía Calviño. La ministra a cambio ha asegurado que se tocarán muy pocos aspectos de la reforma laboral y que todo cambio será pactado con los empresarios y sindicatos y, sin embargo, lo que recoge el documento es más bastante ambicioso. Y aunque ha querido minimizar el impacto en el déficit de algunas de las medidas sociales del nuevo Gobierno, solo la subida de las pensiones y de los sueldos de funcionarios acordadas incrementan el gasto social en 7.000 millones de euros frente a los 5.000 que esperan recaudar con las subidas de impuestos.

Por no hablar de la ambiciosa agenda social pactada entre Sánchez e Iglesias para la que aparentemente no hay dinero. Bruselas ya ha advertido que todo ingreso extra se debe destinar a reducir la deuda pública. Porque aun siendo España el país europeo que más ha crecido en los últimos años, tiene el déficit estructural más alto de la eurozona y su deuda pública no ha logrado bajar del entorno del 100% de su PIB desde que salió de la crisis. El cambio en las previsiones macroeconómicas (el Gobierno ha rebajado la estimación del crecimiento para este año del 1,8% al 1,6%, la mitad de lo que crecía la economía hace dos años) aconsejaría ser más modestos en los planes de gasto, pues es de esperar que la desaceleración económica reduzca los ingresos fiscales e incremente los gastos sociales por el previsible aumento del desempleo.

Para complicar un poco más las cosas, el Gobierno depende del voto nacionalista para la aprobación de las cuentas públicas. Un factor que puede dificultar aún más la capacidad de la vicepresidenta para contener el gasto. Frente a las mayorías absolutas que tuvo González en sus dos primeras legislaturas, el Gobierno Sánchez-Iglesias necesita de los nacionalistas vascos, gallegos, canarios, cántabros y catalanes para sacar sus cuentas adelante. Y estos condicionan su apoyo a la recepción de mayores ayudas públicas y, en el caso de ERC, a la marcha de la mesa de diálogo sobre Cataluña.

Y todo ello sin entrar en la cuestión que planea sobre la cabeza de todos y que de agravarse puede convertir en papel mojado cualquier intento de planificación económica: las consecuencias que puede tener sobre la economía mundial el coronavirus que se extiende imparable por China, una potencia que hoy representa el 16% del PIB mundial. Las provincias que representan el 90% de las exportaciones chinas tienen sus fábricas cerradas desde el Año Nuevo chino. La interrupción de los intercambios comerciales con la potencia asiática agravará la desaceleración económica, sobre todo en los países más exportadores de la Unión Europea. Algo de lo que se han venido resintiendo las empresas exportadoras españolas, motor de la reciente recuperación.

De modo que ante este incierto panorama, el nuevo Gobierno puede elegir entre hacer un ejercicio de realismo y rebajar sus ambiciones de reformas y de aumento de gasto o sucumbir a la tentación de aplicar políticas populistas que tal vez le renten electoralmente inicialmente, pero que podrían poner en peligro la confianza de los inversores en nuestra economía. Y no podemos prescindir de ellos: nuestro déficit les necesita. La palabra de Calming Calviño está en juego.