Congreso de los Diputados: Pronto pasará

“Somos el tiempo que nos queda”, escribió Caballero Bonald. Y de súbito, entre perderlo y dejarlo pasar, un segundo se ha convertido en una hora y acabar el día en un salvoconducto. Es una implacable primavera de crespones. Con esta escala aumentada de la trascendencia de los días, la Cámara, nido de ecos, tributó un minuto de silencio. Sus señorías callaron para recordar a los muertos, a los viejos abandonados, a los que fueron sorprendidos por la enfermedad, a los guardias civiles, a los médicos y a aquellos que quedaron al pairo del cacareado escudo administrativo, esa Línea Maginot.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, subió a la tribuna para recitar un temario de oposición de aires galaicos. Y así estuvo un rato hablando de derechos de trabajadores despedidos y del Real Decreto que modificaba el artículo 52.d o el 54, quién sabe a estas horas, del Estatuto.

Hablaba y hablaba como si estuviera en otro país y a otra hora, felicitándose de que, gracias al Gobierno, a partir de ahora, la ausencia reiterada en el trabajo no pueda ser considerada causa de despido objetivo. La perorata resultó insólita. Y en general, casi todo. El artículo, le recordó el diputado Movellán, no forma parte de la Reforma Laboral del PP, que la ministra dice combatir como una alferez: el artículo ha gozado de validez desde tiempos de Felipe González.

Antes de que llegaran la respuesta de los grupos, la presidenta del Congreso recibió con aplausos a las responsables de la limpieza y puso en sus manos la seguridad de todos.

Después, la ministra Díaz Pérez se encontró con los reproches de Romero Vílchez (de Vox) y sobre todo, de Mireia Vehí (Cup). La diputada catalana le preguntó por qué se están jugando la vida trabajadores de sectores no esenciales (Glovo, Amazon, Ikea) y dio en el clavo cuando esgrimió: “En el Gobierno creen que la crisis del Covid-19 es temporal y se volverá a la normalidad” y, ni lo uno ni lo otro, “si siguen por ahí, la realidad social será devastadora”.

La realidad ya es devastadora.

Luis Planas, el ministro de Agricultura, llamó a convalidar un RD de su cartera y aprovechó el momento para reivindicar el valor -en ese punto estamos- de agricultores, ganaderos y pescadores ante el pavor de las despensas. “La recesión se avecina, anticípense a los efectos que llegarán al campo español”, le advirtió Martínez Oblanca (Foro). “El campo será un desierto”, dijo la responsable del PP.

La tarde se fue alargando. Y bajo la fórmula de “debate acumulado”, la Cámara convalidó los tres decretos que el Gobierno había aprobado en los últimos días para paliar la situación económica y social. La vicepresidenta Calviño es tan restringida en la expresión y en el tono que incluso anunciando medidas extraordinarias sólo un telépata podría orientarse en el mapa de sus pensamientos. Acabada su alocución, ya desde su banco, resbuscó algo en un gran bolso rojo, su único vecino, mientras dejaba fija la mirada en los portavoces del resto de grupos, que hablaban en la tribuna. A esa hora ella era el Gobierno en pleno (no estaban ni Sánchez, ni Iglesias, ni, obviamente, Calvo y ni siquiera Ribera).

Bildu, el Bloque, la Cup y Errejón culparon a las grandes empresas, dijeron que sus beneficios eran nuestras vidas, reclamaron renta única, moratoria para todos los alquileres, freno económico absoluto y más impuestos, impuestos contra el Covid, a las grandes fortunas, a la familia Real y a todos para sufragar la hecatombe. Calviño miraba impertérrita y María Muñoz de Ciudadanos le debió de parecer de su propio partido.

La oposición más numerosa, PP y Vox, convalidó con menos aspavientos los decretos de emergencia económica pero dejando sembradas notas al pie. Que quede claro, cuando llegue la hora y se encuentre el papiro, bajo que caos apoyaron a este Gobierno desbordado, que habrá de cargar con el mayor desastre social y económico del país en los últimos noventa ochenta años.

Y al cierre de la jornada, cuando habían pasado más de 6 horas y media de sesión, el presidente Sánchez compareció con un resumen de las medidas que, su equipo, atropellado por las circunstancias, ha ido tomando. “El Gobierno no ha dejado de actuar”, “garantizaremos el derecho a la vida y a una vida digna”, señaló en el arranque. Si un presidente o cualquier líder político hubiera dicho hace diez días que su objetivo es “garantizar el derecho a la vida”, lo hubieran encerrado en la Isla del Diablo.

Anoche, España prolongó su Estado de Alarma.

Otros quince días más, sabiendo, ya, que estamos en el principio.

El presidente insistió en que la pesadilla “concluirá y concluirá pronto”.

Nadie lo sabe.

España ya ha superado a China en fallecidos.