La otra pandemia es gubernamental

Hay cosas que uno no recordaba desde la lejanísima dictadura, cuando la autoridad política cerraba por decisión administrativa un periódico incómodo como era el Madrid. En el nuevo estado de excepción (formalmente “de alarma”) puede suceder de todo, mucho más allá de aquella chanza sobre la muerte de Montesquieu que se le ocurrió a Alfonso Guerra: la separación de poderes está sufriendo un terrible embate en España al amparo de una crisis enorme e imprevista de la salud y la economía. La seguridad jurídica va a convertirse en un problema de dimensiones comparables con las de la pandemia si esta deriva continúa, y nada permite intuir que no lo vaya a hacer, visto el comportamiento de Pedro Sánchez y sus acólitos.

Aunque sea más o menos anecdótico, el do de pecho en la escalada generalizada del actual poder político ha sido el de Pablo Iglesias, al que en la sesión de control del miércoles se le oyó acusar al primer partido de la oposición de “llamar a la insubordinación de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado”. Desde lo de “¡al suelo todo el mundo!” no habíamos oído nada en ese tono y de esa gravedad en el hemiciclo. Tierno que lo dijese Iglesias, ese dirigente que decía emocionarse cuando le daban una paliza a un policía.

Las fuerzas de Seguridad del Estado son la policía judicial en España. Sus informes sobre lo que sabía el Gobierno antes de los actos y manifestaciones masivos del pasado 8 de marzo han sido solicitados por el poder judicial. Y ahora la Abogacía del Estado ataca directamente al poder judicial. Ceses y dimisiones, querellas: el poder quiere demostrar que es el único, y como aquí nadie pretende ir a una insurrección armada como acusa el vicepresidente podemita, no estamos –menos mal- en vísperas de un 18 de julio. ¿O es lo que quiere aparentar el Gobierno?

Todo es un escándalo desde que esta coalición de extremistas y separatistas echó al soñoliento Rajoy. Y hasta ahora todo ha pasado al olvido con rapidez, por pura acumulación y porque la opinión pública y publicada no estaban para esos trotes: el doctorado de Sánchez, las dimisiones de sus ministros Màxim Huerta o Carmen Montón, el nombramiento de la fiscal general –un aperitivo de lo que estamos viviendo-, la escandalosa visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez –y sus bultos y paquetes-, que es ‘persona non grata’ en la Unión Europea, los pactos a repetición con ERC y con Bildu…

El telón de fondo es el de una Administración de gran incompetencia, sin formación ni experiencia en cargos de responsabilidad, que acaba haciéndonos añorar aquellos gobiernos totalmente dominados por funcionarios de los primeros tiempos de la democracia. Y no hay perspectivas de mejora, sino de agravamiento de todo, incluidas las tensiones territoriales y los avances del separatismo, hasta la fecha, aún lejana, de unas elecciones generales… sin cambiar y mejorar la ley electoral para favorecer gobiernos con suficiente campo de maniobra.