A quién le importan los niños

La primera medida que se tomó para tratar de atajar y contener los contagios por COVID-19 fue cerrar los colegios. Primero fue Madrid y, poco a poco, se fueron sumando el resto de las comunidades españolas. En ese momento todo iba demasiado rápido, las decisiones se tomaban sobre la marcha porque no había otra opción, todo era desconcierto e improvisación. Los profesores tuvieron que adaptarse y, contando sobre todo con su esfuerzo personal, tratar de que se perdiera lo menos posible en una situación inédita: clases online, reuniones por Zoom, tutorías, etc. Las familias han tenido que hacer esfuerzos de diferente tipo para readaptar sus rutinas: los que pueden teletrabajar lo hacían con los niños en casa, un poco en misa y repicando, sabiendo que no estaban haciendo bien ni cuidar ni trabajar; los que no podían teletrabajar lo han tenido más difícil aún. La educación en casa genera desigualdades: por el nivel socioeconómico familiar, por acceso a la tecnología, conexión a internet o hasta el número de ordenadores y dispositivos, por tiempo que se les pueda dedicar o incluso por el espacio.

Supongo que las familias no son lobby suficiente o que Tolstói tiene razón y que, como las desgraciadas lo son cada una a su manera, es difícil que se pongan de acuerdo hasta para exigir planes serios sobre cómo se va a enfocar el curso próximo.

Este es un asunto delicado porque lo fácil es tratar de cargar la responsabilidad y, por tanto, las dejaciones, a los profesores: demasiadas vacaciones, no quieren trabajar, etc. Por otro lado, es fácil que las familias se enfaden si oyen que los colegios no deben ser la solución al problema de la conciliación. Y así nos enredamos todos mientras hay propuestas del Gobierno central bastante vagas, recomendaciones, sobre bajar las ratios y escalar las entradas y salidas. Algunos gobiernos autonómicos se han adelantado y ya tienen un plan para el próximo curso, otras están en ello. En la Comunidad de Madrid se están eliminando plazas de colegios e institutos públicos, según ha denunciado CCOO.

Lo que nadie está teniendo en cuenta es que la educación es la herramienta más eficaz de la que disponemos para eliminar las desigualdades y las brechas socioeconómicas que solo van a crecer y a pronunciarse cada vez más mientras unos y otros se tiran los trastos a la cabeza o se reúnen para nada.

La crisis de la COVID-19 ha mostrado, de nuevo, algo que ya estaba en el ambiente: la educación importa poco y los niños, menos de lo que estamos dispuestos a admitir en público. No sé si ese desinterés se debe a que las diferencias sobre cómo se entiende la educación son irreconciliables o a que los niños no votan o a que hay familias de todas las ideologías y entonces la penalización electoral se distribuye de manera similar. Los gobiernos central y autonómicos deben ponerse a trabajar inmediatamente para tratar de evitar un caos que ya nadie perdonaría: es el momento. Puede que el descrédito en las instituciones alcance nuevas cotas si entre todos permiten que la mejor herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades que tenemos quede absolutamente mermado.