La hora de la justicia

Pedro Sánchez ha recibido dos serios varapalos en los últimos días: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado el plan del Gobierno de cerrar Madrid capital, lo que ha obligado a reunir de urgencia al Consejo de ministros para decretar el estado de alarma y convertir en legal la norma ministerial y, segundo, el juez García Castellón ha elevado al Tribunal Supremo el resultado de las investigaciones sobre el llamado caso Dina que, diga lo que diga finalmente el alto tribunal, deja el vicepresidente segundo del gobierno como un hombre mentiroso, maniobrero y machista.

La reacción de Podemos no dice mucho en favor del partido asociado al Gobierno de Sánchez: tanto Iglesias como Echenique han declarado que el TS rechazará las conclusiones de García Castellón, declaraciones que pueden hacer dudar de la independencia del Supremo. Algo que en Bruselas siguen con interés, porque son tiempos en los que los dirigentes de la UE  están mirando con  lupa que  sus países miembros respeten milimétricamente las reglas de la democracia, entre ellas la  separación e independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Como no andemos con tiento en ese terreno, los 140 mil millones que Sánchez pretende que nos lleguen de Bruselas pueden quedar en agua de borrajas. Y si eso ocurre estamos perdidos todos los españoles, empezando por su presidente, pues será imposible gobernar un país en quiebra.

A Pedro Sánchez, un hombre que no pestañea ante las acusaciones de que miente y se empecina en seguir haciéndolo, un hombre que se toma el respeto a la Constitución según le conviene –no defiende al Rey cuando le atacan varios de sus ministros pero se lo lleva después a Barcelona para hacer ver su apoyo a la Corona-,  un hombre que no tiene inconveniente en pactar con tirios y troyanos con tal de mantenerse en el poder, aunque entre los tirios y troyanos haya partidos abominables, un hombre que descarta las propuestas sensatas que le hacen algunos miembros de su Ejecutivo y abraza  las disparatadas de sus socios,  la oposición política no le hace ni un rasguño. Quizá algo, pero poco, una irreductible Isabel Ayuso que no ha dudado en acudir a la Justicia. Y ha hecho bien la presidenta madrileña: solo la Justicia, tal como están las cosas, puede poner a Sánchez contra las cuerdas.

Debió ser consciente de ello hace meses, cuando adivinó que Casado no era enemigo, ni Abascal, pero sí los tribunales: nombró Fiscal General del Estado a su ministra de Justicia, Dolores Delgado.  Sin embargo la Fiscal General  no es omnímoda: tiene mucho poder,  pero a pesar de lo que dice algún socialista, también los fiscales deben ejercer su trabajo con independencia y ateniéndose a lo que marca la Ley.  Seguro que hay muchos que intentarán demostrarlo. En el Supremo, la Audiencia Nacional o allá donde cumplan su tarea.