Independencia judicial para qué

Llevamos nueve meses de deriva autoritaria, favorecida por la pandemia. El miedo y la necesidad de seguridad dieron pie a que se tolerara la concentración de poderes en el Gobierno. El problema es cuando esa situación provisional se aprovecha para cambiar los engranajes del Estado, colonizándolo y cambiando las normas.

No está de más el recordar que una mayoría exigua y circunstancial, sea del signo que sea, no puede poner en marcha medidas de este calado si quiere seguir llamando a este sistema una democracia. Es triste, pero lo siguiente en esta deriva, siguiendo la lógica autoritaria, sería una ley habilitante similar a la que utilizaron dictadores de la talla de Mussolini, Hitler y Chávez, o autoritarios como Orban, Erdogan y Kaczynski.

La penúltima patada al orden constitucional del Ejecutivo español es rebajar la escuálida garantía de independencia que tenía el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ. Quiere que su composición salga del Consejo de Ministros, poniendo como artimaña legal que se rebaje su elección de tres quintos a mayoría absoluta de diputados y senadores. De esta manera, los magistrados serán pasto de la negociación de socialistas y comunistas con nacionalistas de toda condición.

La izquierda ha elaborado el típico relato jacobino y autoritario para justificar el cambio: la institución no responde a la voluntad general, que, a su entender, está encarnada en el Ejecutivo. Así podemos leer al portavoz parlamentario de Unidas Podemos que quieren “devolver la legitimidad democrática al Poder Judicial”, y a sus periodistas orgánicos repetir la consigna gubernamental: la culpa la tiene el bloqueo del PP.

Lo último, la acusación a los populares, es el soniquete habitual, pero lo primero, la legitimidad, tiene más gravedad. Echenique, que ejerce la portavocía podemita, ha querido decir que el CGPJ, sus sentencias y nombramientos para sus salas, son ilegítimos y, por tanto, deben ser desobedecidos y cambiados cuanto antes.

Esta izquierda se empeña en confundir la justicia con los jueces, y al pueblo con ellos mismos. Por eso dicen sin vergüenza que la justicia debe emanar del pueblo; esto es, del Gobierno que ellos ocupan.

Es cierto lo que escribió Simona Forti: el totalitarismo es un huésped que llama constantemente a las puertas de la democracia. La justicia emana del pueblo, sí, porque el juez aplica la ley que elabora la representación de la soberanía popular, que es Legislativo, no el Ejecutivo. En caso contrario, si la justicia emanara de un Gobierno parlamentario, Sánchez podría parafrasear a Lenin y decir: «¿Independencia judicial para qué?».

Kelsen sostuvo que la separación de poderes busca más evitar la concentración que la estricta división. El motivo es fácil de entender: la tiranía aparece cuando el poder tiene la capacidad de ser arbitrario, de entrometerse en la vida de cualquiera, de limitar la libertad sin cortapisas. Ese es el sentido de la independencia judicial, vigilar a los otros poderes, siendo dependiente solo de la ley.

La independencia no significa objetividad, sino garantía de que ese poder será un freno ante la tendencia expansionista del poder político. Jefferson hablaba de la libertad de prensa como soporte principal de una democracia, pero recordemos que ésta solo es posible si existe un juez o un tribunal que la sostenga de los ataques de los criticados; es decir, de los políticos.

Pronto vamos a asistir a una vuelta de tuerca autoritaria. Al ser un proyecto de ley orgánica es la Mesa del Congreso quien decide la fecha de su tramitación. En consecuencia, podría estar aprobada para comienzos de diciembre de este año. Parece ser que las desgracias de 2020 aún no han terminado.