Los que se quedan en Ontígola

Si el niño fuera conducido a la luz del sol,

fuera de aquel abominable lugar,

si fuera lavado y alimentado y reconfortado,

sería sin la menor duda una gran cosa;

pero si se hiciera esto,

toda la prosperidad, la belleza

y la alegría de Omelas

serían destruidas a la siguiente hora.

Ésas son las condiciones.

(Ursula K. LeGuin, The Ones Who Walk Away From Omelas)

He escogido Ontígola por ser ese el lugar re-creado por la escritora Ana Iris Simón en su celebrado Feria, pero ha de tomarse Ontígola como el epítome de cualquiera de esos lugares progresivamente abandonados por muchas de sus gentes en busca de mejor fortuna. En el caso de Simón debe tomarse también como una suerte de Arcadia vital e ideológica con la que enfrentar una hegemonía político-cultural que a muchos ya hastía: allí donde alguna vez se concitaron formas de vida buenas, allí donde quienes optaron por el experimento urbano y profesional añoran volver, allí donde los menos que osaron quedarse, a los que evocamos lamentando nuestra abuhardillada existencia en Malasaña, nos aleccionan con su ejemplo en la distancia.

Cada uno narra la feria según le haya ido, claro, y la propia Simón ha decidido, según ella mismo ha contado, buscar mejor fortuna en Aranjuez, un lugar en el que presume que podrá formar mejor una familia que en Madrid, o Ávila, lugares por los que también ha transitado. Otros tienen menos suerte pues detrás de Ontígola está el muro, la valla, la frontera.

Joseph Carens ha dicho que en las democracias liberales occidentales la ciudadanía es el equivalente moderno al privilegio feudal, «… un estatus hereditario que refuerza enormemente las oportunidades en la vida» (Aliens and Citizens: The Case for Open Borders, 2002). La evidencia es tan abrumadora que no hace falta entretenerse mucho. Lo que sí interesa recordar es que garantizar la igualdad de oportunidades, si es que no el ejercicio mismo de la libertad de movimientos que consagra el artículo 13 de la declaración universal de los derechos humanos, ha sido, y es, la gasolina normativa de la resistencia frente a la secesión de Cataluña: queremos ir y estar en Cataluña como uno más, y queremos que quienes se sienten catalanes puedan ir a Ontígola siguiendo el señuelo simoniano, participando de su mismo afán de vivir una existencia mejor. Y es que no parece que haya razón alguna que no esté basada en una odiosa discriminación entre individuos que pueda justificar que se destruya la ciudadanía común española: hemos llegado a poner fronteras por razones moralmente arbitrarias, si es que no ignominiosas (la guerra, la conquista, el rapto de una princesa, el reparto entre monarquías) y sobre todo porque exacerbamos la relevancia de ciertos rasgos accidentales o involuntarios de quienes, por ello, no serán tenidos como parte del «nosotros». Una afrenta a la razón, a los ideales ilustrados que mejor nos iluminan. Muchos tardamos en ser conscientes, pero hoy ya nadie puede ignorar cómo operaban esas sutiles, y no tan sutiles, lindes de la exclusión cotidiana de quienes «emigraron» a Cataluña, cuánto les acompañó siempre el estigma de su condición de ser «de fuera». Lo han contado Alfonso García Figueroa, Iván Teruel, Félix Ovejero y tantos otros.

Muchos se vanaglorian, en cambio, del contraste que supone la apertura madrileña y se celebra el rédito político que ha tenido ese oximorónico «nacionalismo capitalino» cuya esencial característica parece consistir en su condición anti-nacionalista, en el «aquí cabemos todos» y «a nadie se pregunta de dónde viene». ¿Cómo justificar, entonces, el rechazo a esas formas de nacionalismo etnicista que alientan nuestros independentistas patrios, repudiar la proliferación de barreras de entrada por razones identitarias de puertas para adentro y al tiempo abrazar el statu quo de nuestros muros exteriores? ¿Cómo no albergar el deseo de una ciudadanía universal aún cuando hoy sea quimérica?

No es fácil, y lo debemos reconocer sin ambages. Y ello en un doble sentido: un mínimo compromiso con el carácter universal de los derechos humanos muestra un evidente punto de fuga en la existencia de restricciones tan severas como las actualmente existentes a la libertad de movimientos transfronteriza. Para empezar, haríamos bien en asumirlo, aunque también –segunda consideración muy importante– tengamos que conceder que ningún Estado liberal-democrático puede hoy sacrificar la prudencia política en el altar de la coherencia con sus principios normativos más preciados. Que sea ingenuo, buenista o miope sacar la bandera del «ábranse las puertas aunque perezca el mundo» (el nuestro) no obliga necesariamente a entregarnos a una borrachera identitaria española, o españolista (según los casos y acentos), ni impide defender el fomento de la natalidad en una situación de grave crisis demográfica como la española.

«Áteme (políticamente) esa mosca por el rabo», estará pensando más de uno. Lo intento. España debe aceptar muchos más inmigrantes de los que actualmente acoge de manera regular y ordenada. ¿O es que acaso no hay muchos sectores de la actividad económica en donde claramente hay carencia de mano de obra y personas cualificadas dispuestas a trabajar en España? ¿O es que no son muchas veces tremendamente absurdos, penosos y farragosos los procedimientos burocráticos para obtener permisos de trabajo? Sé que el ejemplo es marginal pero resulta suficientemente ilustrativo de lo que quiero apuntar: un profesor de universidad extranjero que sea considerado un genio en su comunidad científica de referencia, tendría que sortear obstáculos inauditos que para poder ser incorporado a una universidad pública española, cosa que, por supuesto, no sucede en ninguna universidad de prestigio en el mundo.

Sólo un necio puede creer que los emigrantes son exclusivamente un recurso, que Cataluña «importaba andaluces de Jaén» o Madrid «extremeños» durante los años del desarrollismo y que lo que les correspondía era «quedarse en sus lugares». Pero las razones, insisto, no son sólo instrumentales, no se trata sólo de que «nos venga bien» sino de cumplir con parte de nuestro «trabajo moral» como país privilegiado y de rendir mejor tributo a ciertos ideales de justicia.

La extensa familia de Ana Iris Simón lo sabía bien. En un capítulo que no se incluyó finalmente en Feria, Simón narra la historia de Fatma, una niña saharaui a la que sus padres no dudaron en acoger un verano y pagarle unas gafas para remediar su estrabismo. Con el gracejo que impregna su estilo, cuenta Simón que haber conocido la existencia de esos campamentos de refugiados donde no había agua para ducharse fue su encontronazo con el problema de la teodicea: «Ella [su catequista] me explicaría entonces que el Señor nos había dado a elegir entre escoger el buen y el mal camino y algunos habían escogido el malo y por supuesto no me convencería porque, que yo supiera, ni Fatma ni su familia eran malos y ella no había hecho nada para nacer en un desierto en el que no había agua igual que yo no había hecho nada para nacer en un pueblo en el que vale que había viejas que vivían en cuevas, pero agua también» (Nuestros hermanos saharauis).

Difícilmente se puede expresar mejor, aunque sin duda ninguna vieja, ningún ser humano, debería vivir una vida cavernaria; como la del niño del cuento de Ursula K. LeGuin.