Tiempo de barrancos, tiempo de serviles

Su jefe se lo había puesto verdaderamente difícil. Llamar «revancha y venganza» a la ley y a las sentencias del Tribunal Supremo muestra hasta qué punto desprecia el significado de las palabras cuando no se amoldan a sus juegos de riesgo. Enarbolar que el «tiempo para la concordia» es aquel que arrumba informes unánimes del Supremo contra la concesión de unos indultos que sus presuntos beneficiarios ni siquiera han pedido exhibe cuánto le divierte jugar a la ruleta rusa contra el corazón de nuestra democracia.

Lo hace con toda determinación porque, en el autoindulto que nos va anunciando, «algunos de los que aspiran al beneficio de derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio de gracia». Así lo ha dejado por escrito el Supremo en un informe que hace moralmente imposibles los indultos. ¡A quién le importa la moral; esto es política de supervivencia!

Su jefe necesita indultar a los condenados por sedición para que estos le permitan seguir en el Gobierno; para que no le condenen a terminar abruptamente su mandato; para que le indulten. Por eso el indulto es un autoindulto. Y pretender que esta ruleta rusa del autoindulto encarna los valores constitucionales equivale a arrojar la Constitución por el barranco de la ignominia.

Ahí llegó el barranquista. «Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente», declaró, campanudo, en respuesta al diputado Callejas en su intervención anual en el Congreso de los Diputados. Pues no, señor asesor-en-jefe.

Esa declaración de barranquismo suicida no le convierte a usted en mejor asesor. Si fuera algo más que una boutade retórica, el barranco podría servir para reducir de golpe el impresionante gasto del ejército de asesores del que se ha rodeado su jefe. Pero todos sabemos que, llegado el momento del pánico, ni barranco ni puenting. Si acaso, salto de pértiga en busca del siguiente acaparador de palmeros.

El barranco es lo último que debe hacer un asesor de alguien tan importante como un presidente del Gobierno. Nunca lo primero. Quizá como última prueba de lealtad… olvidemos a Goebbles en el bunker final.

Lo primero que sí debería hacer un buen asesor es cumplir con el mandato del memento mori. Esa era la tarea del servidor del César después de un triunfo en la batalla: recordar insistentemente al vencedor que nada es eterno, ni en las victorias ni en la vida. Un recordatorio verdaderamente antipático para días de celebración.

En los tiempos que no son de victorias la tarea es aún más desagradable: lo que siempre debería hacer un buen asesor es decirle a su jefe lo que no quiere oír; lo que se niega a escuchar. Avisar de peligros y errores; adelantarse a ellos y argumentarlos; ser un incómodo -pero útil- Pepito Grillo. Los aduladores no son asesores. No son buenos servidores porque ni siquiera son útiles. Son solo serviles; moscas serviles.

El servilismo abunda porque es inmensa la demanda de aduladores por parte de cualquiera que participe de alguna migaja de poder. Para las moscas es más sencillo, y más rentable, el agasajo que el análisis. Nadie quiere tener a su lado al portador de las malas noticias cuando las cosas van mal, ni del memento mori cuando van bien. Mejor lejos, muy lejos.

Tan estúpido error explica que sea posible, tal como ha contado Felipe González en televisión, que no haya hablado con el actual inquilino de La Moncloa desde la moción de censura de mayo de 2018. Ni buenos asesores a sueldo ni la asesoría gratuita de quien te precedió en tu partido con más éxito. Nada. El señor presidente solo demanda serviles barranquistas mientras se afana en nuestro hundimiento.

Mañana, 1 de junio, se cumplirán tres años de la votación de la moción. Ahí empezó todo. Más que el huevo de la serpiente (con permiso de Eugenio Xammar), ese día se incubó el huevo el dragón. Porque los votos del Frankenstein que desalojaron a Mariano Rajoy de La Moncloa tenían un precio infinito que muestra en el indulto su expresión más descarnada. Es el precio de exigirnos ver «con naturalidad» los juegos de riesgo contra la democracia española en los que entretienen sus días todos los que prefieren que España deje de ser España.

Aquel 1 de junio de hace tres años, antes de la votación, Rajoy subió a la tribuna para despedirse.

«Ha sido un honor -no lo hay mayor- haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Lo deseo por el bien de España».

Todo asesor (de un presidente del Gobierno) debería escuchar, o leer, los dos minutos de esa intervención. Hacerlo porque su tarea es ayudar para que, llegado el día, el asesorado pueda cumplir tan elemental mandato: dejar una España mejor de la que encontró.

Es un mandato que cumplieron Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. No lo cumplió José Luis Rodríguez Zapatero. Y los tres primeros años del asesorado del barranquista van por el peor camino. En todos los sentidos, además, con el autoindulto como «inaceptable» colofón.

Tamaña arbitrariedad hará radicalmente imposible cumplir el más elemental mandato que obliga a todo presidente del Gobierno. Aunque al asesorado esas minucias le importan poco. Ni le afecta que hasta Alfonso Guerra le avise del «acto ilegal» que implica su autoindulto. Sí le conmueve entender que las urnas, por mucho que tarde en convocarlas, no perdonarán su felonía: hasta el más servil de los barranquistas lo sabe.