«Persona non grata»

Bunyola (o Buñola) es un municipio de casi 7.000 personas de la sierra de Tramontana, a 14 kilómetros al norte de Palma de Mallorca. En 1995 tenía 11 concejales, cinco de ellos del PP. Y en agosto de 1995 fue un municipio precursor de la última moda. Aprobó, por siete votos a favor y cuatro en contra, declarar a José María Aznar «persona non grata». Uno de los cinco ediles del PP votó con la mayoría, nacionalista y de izquierdas, para apoyar tan preclara declaración. Los otros cuatro, no. Había motivo, a juicio de los declarantes. Decidieron que Aznar era «persona non grata» para los vecinos de Bunyola debido a «su conducta contraria al futuro de la humanidad». ¡Toma ya! Y, también, «por su agresión a la lengua propia de la isla».

En agosto de 1995, Aznar solo era el líder del primer partido de la oposición. Faltaban siete meses para su primera, y muy ajustada, victoria electoral. Cuatro meses antes de ser agasajado con tan relevante declaración «non grata», había sufrido un atentado de ETA del que salió ileso gracias al sólido blindaje del coche en el que viajaba. En la hemeroteca no consta en qué basaron los inquisidores de Bunyola la «conducta contraria al futuro de la humanidad» que veían en Aznar para colgarle el sambenito de «non grato». Quizá influyó la creciente probabilidad de verle pronto elegido como el presidente «más grato», a juicio de los votantes de 1996.

Aznar disfrutó en más ocasiones del galardón de «persona non grata». Fue muy comentado cuando le honró con tan peculiar distinción la Universidad Autónoma de Barcelona. El 18 de enero de 1999, el claustro de la UAB, con 57 votos a favor, 51 en contra y 36 abstenciones, declaró al entonces presidente del Gobierno persona non grata. Recibieron idéntico premio la entonces delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, y el Cuerpo Nacional de Policía. ¿El motivo? Pues que Aznar se había atrevido a visitar, cuatro días antes, el Centro Nacional de Microelectrónica, sito en el campus de la UAB.

Algunos estudiantes intentaron impedir la visita y la policía abortó su intento. «Brutal carga policial», se quejaron. No sé. Veinte años después, en abril de 2019, pude vivir de cerca el caluroso recibimiento que algunos estudiantes de la UAB brindaron a Cayetana Álvarez de Toledo por atreverse a participar en un acto -convocado por otros estudiantes- en esa Universidad, y tan vibrante experiencia me predispone a dudar sobre el sujeto de la brutalidad.

Tan habituado llegó a estar Aznar a la dedicatoria de «persona non grata» que, en abril de 2015, se solidarizó con Felipe González, su predecesor, que acababa de ser señalado con la inquisitorial distinción por la Asamblea Nacional de Venezuela, es decir, por el chavismo, ya en manos de Nicolás Maduro.

En aquellas fechas, González y Aznar acababan de firmar la ‘Declaración de Panamá’ un documento que censuraba la «severa crisis democrática» en Venezuela, y -¡pásmense!- reclamaba libertad para sus presos políticos, así como garantías democráticas para unas próximas elecciones venezolanas. Es bien conocido el radical antagonismo entre Aznar y González durante los mandatos de ambos, pero andando el tiempo han sabido encontrar puntos de coincidencia en la defensa de los cimientos más básicos que necesita una democracia. Es decir, justo lo contrario de lo que pretenden quienes van colocando capirotes «non gratos» como fórmula de exclusión del discrepante.

En febrero de 2016 gobernaba el PP, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Es verdad que acababa de sacar un muy mal resultado en las elecciones de noviembre de 2015: solo 123 escaños. Pero era el más votado, a distancia de los 90 diputados del PSOE. Curiosamente, el espejo de aquel mal resultado es el que hoy mantienen PSOE y PP en el Congreso: 121 y 89. En la provincia de Pontevedra, el PP también era -como había sido siempre- el más votado, en las generales y en las municipales del año anterior. No así en la ciudad. Allí acababa de ganar el BNG, dejando al PP como segunda fuerza. Esa nueva mayoría del Bloque promovió, y logró, declarar a Rajoy «persona non grata» en su ciudad más querida.

«Me dolió porque Pontevedra es mi tierra, porque aquí están mis recuerdos de juventud y porque vuelvo a Pontevedra siempre que puedo. Creo que esa decisión no es buena para mí, pero tampoco dice nada bueno de quienes la adoptaron», contó años después en un periódico de esa tierra suya. Rajoy es, antes que nada, un señor de Pontevedra. Concejal, presidente de Diputación, diputado autonómico y diputado nacional por Pontevedra hasta que, en 2004, al ser candidato a la presidencia del Gobierno, concurrió en las listas por Madrid. Pues «persona non grata».

Cuando se aprobó la declaración contra Rajoy, el entonces vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, censuró esa decisión «del comunismo más anaftalinado, el que hace escraches, insulta…». Exacto. La declaración de «persona non grata» es un insulto y es un escrache. Es un insulto porque tilda de indeseable al señalado, y es un escrache porque pretende -en contra de la democracia y de la ley- hacer invivible la estancia de un ciudadano en una parte del territorio de su patria.

Junto a los votos en contra del PP de Pontevedra también se opuso una concejal que en ese momento tenía Ciudadanos en la ciudad: tildó la iniciativa de «estúpida» y votó «no». Lo hizo pese a que las relaciones entre Cs y Rajoy distaban entonces de ser entrañables.

¿El motivo del escrache? La papelera Ence. Según Rajoy, «los técnicos del Ministerio» decidieron una prórroga de 60 años en la vida útil de papelera que, desde 1957, funciona en la Ría de Pontevedra. Por cierto, la Audiencia Nacional acaba de anular esa prórroga en este mes de julio.

Aznar, González y Rajoy no son los únicos presidentes, y candidatos a la presidencia, que han sido galardonados con la burda maniobra de exclusión política como «persona non grata». También fueron distinguidos con el mismo baldón José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia.

El municipio coruñés de Fene (13.000 habitantes), en la Ría de Ferrol, les declaró a ambos «personas non gratas» en 2010, con la reconversión naval como pretexto. Zapatero era presidente del Gobierno y Almunia comisario europeo de Competencia. Almunia acumula más premios. En 2013, y a propuesta de su compañero de partido, el alcalde Abel Caballero, fue declarado «non grato» en Vigo. Y, con el apoyo de los concejales del PSOE, le colgaron la condecoración en Cádiz. Defender la competencia, aunque sea en el seno de la UE, tiene sus detractores… aunque seas socialista.

Años después hubo otro intento -fallido- de censurar a Zapatero en su León natal con el sambenito «non grato» por sus relaciones con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Lo promovió Coalición de Centro Democrático en León, pero esta vez imperó la cordura y no prosperó.

Pero no son los expresidentes, o excandidatos a la presidencia, quienes acumulan más dedicatorias inquisitoriales de nongratismo. No. El palmarés lo ostenta el Rey don Felipe. Tras su excepcional discurso del 3 de octubre de 2017 se produjo una suerte de competición entre los municipios más indepes de Cataluña por colgarle el «non grato» señalamiento para la exclusión, aunque algunos ya lo habían hecho de forma preventiva: Breda, Berga, Torreló, Areyns de Munt, Les Borges Blanques, Cervera, Sitges, Sant Cugat… incluso Girona. Y se votó sin éxito en ciudades como Barcelona o La Seu d’Urgell. Por eso, también, es tan importante que el Rey vaya mucho a Cataluña: para que los inquisidores de la exclusión sepan que solo son tontos de capirote: de su capirote «non grato».

El último «non grato», como es bien sabido, es Santiago Abascal, líder de Vox y candidato por ese partido a la presidencia del Gobierno. La votación de tan antidemocrático baldón se produjo en Ceuta el viernes 23. No habría salido adelante si los nueve concejales del PP hubieran votado «no», pero se abstuvieron. Podrían haber explicado un hipotético «no» con el argumento de la concejal de Cs de Pontevedra: que una iniciativa así es «estúpida». O, mejor, ojalá hubieran visto que buscar la exclusión del político que no te gusta es muy antidemocrático, y se hubieran mantenido en fórmulas más razonables con las que expresar su discrepancia. Además, Abascal lidera el partido más votado en Ceuta en las últimas elecciones generales. Es decir, el político «más grato» para el votante ceutí (el 10-N de 2019) recibe el estigma «non grato» por parte de partidos «menos gratos» para ese elector… Interesante.

Hace 26 años, en Bunyola, un concejal del PP votó en contra de su grupo, y con la mayoría de su corporación, para colgar a Aznar el cartel de «non grato». No sé quién es, ni cuáles fueron sus motivos, ni si sigue o no en política. Me gustaría imaginar que, en algún momento, ese concejal vio que se había equivocado. Y no porque Aznar fuera el líder de su partido. ¡No! Ojalá lo pensara al caer en la cuenta de que, en democracia, solo las urnas y los tribunales están acreditados para pedir la exclusión de un dirigente político en activo. Las urnas porque pierda el afecto ciudadano, y los tribunales si va contra la ley.

Nada ni nadie más, de ninguna manera.