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Josu de Miguel

Un Tribunal Constitucional para Palencia

«La última ocurrencia, con la que algunos nos hemos entretenido en Twitter, es «desconcentrar» las instituciones»

Opinión

Un Tribunal Constitucional para Palencia
SUSANA VERA Reuters

La calidad del debate político en España no pasa por su mejor momento. Es una suerte, en tal sentido, que los que antaño fueron contundente oposición hoy sean Gobierno responsable y hayan descubierto el matiz con los precios de la energía: peajes, derechos de CO2, discriminación horaria, mix eléctrico, plantas de ciclo combinado, mercado mayorista y minorista, tarifa regulada… Los conceptos para mayores de edad han sustituido al «Rajoy sube la luz» con el que abrían algunos medios en los años 2013 y 2017. En estos días los tertulianos, además de explicar con gran nitidez la complejidad de los sistemas de abastecimiento de las sociedades capitalistas, dan consejos sobre la mejor hora para planchar, poner el horno o hacer la colada. Gracias.

En otros temas no somos tan afortunados. Supongamos que se quiera afrontar el problema secular de la despoblación de las zonas rurales. Los ciudadanos deberían saber que en este tema ya se ha probado casi todo: desde planes de inversión ingentes hasta incentivos fiscales, pasando por la repoblación con inmigrantes o urbanitas reciclados que se le ha ocurrido a algún genio de la demografía progresista. Nada ha resultado, naturalmente, porque estamos ante un cambio de mentalidad que va más allá de las necesidades materiales. La última ocurrencia, con la que algunos nos hemos entretenido en Twitter, es «desconcentrar» las instituciones en aquellos lugares que, parece, han sido sistemáticamente maltratados por el perverso poder central, que hoy no encarna el etéreo Estado, sino Madrid.

Se trataría, por ejemplo, de llevar el Tribunal Constitucional a Palencia. Yo estaría encantado, pues viviría en la misma ciudad en que se residencia el defensor de la Constitución y, por si no lo saben, me dedico a temas relacionados con la Norma Fundamental. ¡Qué ilusión! Lo mismo habría que hacer con otros órganos del Estado: Senado, Tribunal de Cuentas, las salas del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o las empresas públicas. El Congreso parece que no se mueve. No acierto, más allá de lo sentimental, a encontrar una relación entre desconcentrar instituciones y el reto demográfico, pero nunca hay que perder la oportunidad para degradar un poco más la conversación pública y tomar el pelo a los ciudadanos.

Cualquier observador más o menos perspicaz de la política española ya se habrá hecho la pregunta clave del entuerto: por qué el Tribunal Constitucional va a ir a Palencia y no a Zamora, Cádiz o Teruel. Con qué criterio la sede de las empresas públicas va a trasladarse a Valencia, Gijón o Zaragoza. Si se piensa bien, tener un centro heredado históricamente -como París, Roma, Londres o Lisboa- resuelve agravios territoriales de campanario que podrían terminar por convertir, en el peor de los casos, a los museos nacionales en exposiciones itinerantes para que nadie tenga que viajar a la funesta capital del Estado: ¡la Dama de Elche para Elche! Por otro lado, si la redistribución institucional -la financiera lleva ocho años prorrogada- depende de los votos presupuestarios, puede imaginar el lector dónde acabarán los órganos subastados: en el País Vasco o Cataluña, siempre que interese a los gerifaltes del nacionalismo, aunque dudo que sea el caso.

Los palentinos y castellanos, no se apuren, acogerán cálidamente a los magistrados, letrados y funcionarios del Tribunal Constitucional en esta tierra de sabor tranquila y rodeada de mares de trigo, que decía Delibes. Un paraíso para la reflexión calmada y al margen de cualquier presión política: un poco como el Tribunal Constitucional Federal alemán, sito en Karlsruhe. Además, se construirá un edificio mucho más funcional que el alojado en la calle Domenico Sacarlatti, destinado inicialmente, me parece, a una mutua médica. De repensar las competencias del órgano, mejorar su organización interna para que resuelva los recursos en plazos razonables o designar magistrados de acuerdo con su «reconocida competencia profesional» (art. 159.2 CE) y no las nefastas cuotas partidistas, hablamos otro día.

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