Centrémonos en descentralizar

Pedro Sánchez ha dicho algo con lo que estoy de acuerdo. Como el mordisco del niño al perro, es noticia, por lo inusual. Y también, si me perdonan la implícita inmodestia, porque esta vez Sánchez, queriendo o sin querer, tiene razón. Ha vuelto a poner sobre la mesa el viejo tema de la posibilidad de descentralizar los organismos de la Administración, ay, central, que debería llamarse la Administración nacional, si fuésemos un país lógico. En cualquier caso, nos entendemos.

Por supuesto, hay razones para que todos los grandes organismos del Estado (presidencia del Gobierno, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Supremo, los 22 ministerios) estén en Madrid. No las niego, pero creo que los avances en las comunicaciones y en los transportes relativizan esa necesidad de que todo esté en el centro de España y ya no hace falta la cercanía física para la coordinación. Hoy muchas gestiones se pueden hacer telemáticamente —como ha demostrado la pandemia— y, además, en caso de tener que desplazarse de una ciudad a otra, queda todo muy a la mano.

Con el peso que pierde la centralización en la balanza, la descentralización gana enteros. Por lo menos hay siete ventajas de peso, unas más obvias y otras más profundas, todas merecedoras de atención.

1) El poder económico del funcionariado y de la función pública aliviaría a muchas provincias de la «España vaciada», como la llaman. La llenarían de funcionarios y le darían, de paso, juego a sus restaurantes y hoteles. En las actuales circunstancias, no me parece una cuestión desdeñable.

Aprovecho para decir que no tengo nada en contra de Madrid, ciudad en la que me encuentro como en mi casa, ni tampoco ningún prurito de dejar de ser de pueblo. Comparto de la cruz a la raya la posición de Juan Gil-Albert: «Yo soy una especie de provinciano nato que vive fuera de la circulación —algo que he llegado a aceptar como un destino nada modesto, por lo demás—, ya que mi ambición está puesta en personificar una suerte de sedentarismo chino que, con el tiempo, sobrevivirá a la vorágine. Y esto no como síntoma de cansancio, sino de naturaleza» (Un arte de vivir, Renacimiento, 2017, p. 121].

Pero que no tenga ningún interés en que pongan el Ministerio de Igualdad en mi pueblo no quita para que fuese por fin una medida igualitaria a más no poder, o en cualquier otra ciudad de España, como quizá en Igualada por mor del chiste.

2) Compensaría, repartiendo sabiamente los organismos, los neocentralismos autonómicos, que son un nuevo problema territorial español del que se habla poco.

3) Mucho más importante sería la presencia de la administración nacional en todos los extremos del territorio nacional, valga la necesaria redundancia. La inflación autonomista y el nacionalismo han hecho que en muchas zonas apenas queden vestigios institucionales españoles. Vendría muy bien expandir por la ancha España la densidad nacional de símbolos y entes, tan concentrada en Madrid. Coincido con todo el artículo excelente que ha escrito Juan Claudio de Ramón sobre el particular, pero, además, cómo no copiar este diagnóstico irrefutable: «Para combatir el particularismo, la desconcentración es vastamente superior a la descentralización».

A partir de aquí, las ventajas se abren en abanico. 4) Estoy seguro de que un Tribunal Constitucional sito en Barcelona hubiese sido mucho más sensible al incumplimiento sistemático de sus sentencias sobre inmersión lingüística. En Madrid, ojos que no ven, etc. El problema del terrorismo etarra se hubiese atajado mejor, me temo, de haber estado el Congreso de los Diputados en San Sebastián. El Ministerio del Interior en Melilla sería más hermoso que la Victoria de Samotracia. Etc.

5) Futuribles aparte, funcionarios de toda procedencia repartidos por todo el territorio nacional romperían, mucho mejor que lo que haría una mili, el desconocimiento mutuo y el cierre al vacío en el que se han instalado muchas poblaciones y regiones. La imposición lingüística, por insistir sobre una cuestión, sería mucho más difícil. Y la desafección, como dicen, de unos territorios con respecto a otros, devendría imposible, porque el trato hace el cariño.

6) Esto rentabilizaría el trabajo de los funcionarios, que añadiría a su encomiable labor un esfuerzo subrepticio a favor de la vertebración nacional, por el mismo sueldo.

Y 7) Los beneficios tendrían un calado constitucional, incluso. Para la separación de poderes vendría muy bien meter kilómetros entre ellos. Vendrían muy bien menos posibilidades de encuentros discretos, pero no secretos o viceversa, entre políticos, funcionarios, jueces, fiscales y toda la aristocracia de la toga, como dicen los franceses. Circularía más el aire fresco de la separación —también física— de poderes. Incluyendo el poder ejecutivo del legislativo y de los ministerios entre sí. ¿Alguien duda de que un ministerio de Agricultura en Palencia estaría más centrado en el cereal y en toda la pesca que un ministerio tan cercano al bullicio parlamentario, a los mentideros [sic] del poder y a los espejos de la prensa?

De siempre se ha repetido como un mantra o como un estribillo elegíaco, que Portugal seguiría siendo «la mejor parte de España» (Camoens dixit) de haber accedido Felipe II a trasladar la corte a Lisboa. ¿Quién sabe? Pero, en vez de repetir tanto el lamento luso, podría darse una oportunidad a esa descentralización de racimo por toda España. Incluso, como un guiño a la historia, podríamos poner el Ministerio de Exteriores (para respetar las sendas soberanías) en Lisboa, ya puestos.

Quizá Pedro Sánchez lo ha dicho sólo por meter el dedo en el ojo a Isabel Díaz Ayuso o por guiñar a algunos nacionalistas insaciables o porque no se le ocurrió otra cosa en ese momento. Sin embargo, entusiasmos y exageraciones aparte, se trata de una medida que, por las consecuencias de toda índole que tendría, merece no sólo un estudio sosegado, sino un poner de una vez manos a la obra.