Pedro Sánchez, el primero de la clase

«Por eso es muy importante movilizarnos, por eso es muy importante, sobre todo que la gente indecisa sea muy consciente de que el próximo 10 de noviembre tenemos que dar respuesta a una pregunta bien sencilla, y que es si queremos que España avance o continúe sumida en el bloqueo. Necesitamos un Gobierno fuerte, un Gobierno estable, con una mayoría parlamentaria sólida, y eso es lo que yo les pido a los españoles». Estas fueron las palabras que Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno de España, pronunció en la entrevista concedida a Antonio García Ferreras en la Sexta, el 25 de octubre del 2019 desde uno de los salones del palacio de La Moncloa y por la que la Junta Electoral Central, el organismo que vigila que se cumpla la ley electoral le abrió expediente sancionador por el uso de instalaciones del estado en campaña electoral.

La entrevista no sorprendió a nadie, muchos otros presidentes habían concedido entrevistas en periodo electoral, pero su contenido, es decir, la flagrante y desacomplejada utilización de la principal sede del Gobierno de España (La Moncloa) para lanzar mensajes clave de la campaña electoral del PSOE, nos escandalizó a muchos, ya que según dicta nuestra Ley orgánica electoral, la LOREG, en su artículo 52 dice que: «Desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

El estupor llegó a todos los partidos políticos, incluido el principal partido de la oposición, que en medio del shock por la salvajada cometida desde el PSOE acertó a denunciar a Pedro Sánchez por vulnerar palpablemente, no solo dicha ley, sino el acuerdo no escrito por el que todos los partidos que se comprometieron a salvaguardar la auctoritas del Gobierno y por tanto de nuestra democracia alejándolo todo lo posible de las contiendas electorales.

¿Y qué hizo Sánchez para vulnerar la LOREG si a simple vista utilizo un salón de La Moncloa, como todos sus predecesores, y no contó nada interesante para el ciudadano de a pie? Pues bien, Sánchez mezcló a sabiendas dos elementos poderosísimos en una campaña electoral: unas declaraciones perfectamente planificadas que se dirigían a las los votantes más templados de nuestro electorado, esos que dan o quitan mayorías, con un lugar, la presidencia del Gobierno, que dota inmediatamente de credibilidad y de potestas a las mismas, convirtiéndolas de facto en unas declaraciones del presidente del gobierno, no del candidato Sánchez, y por extensión pidiendo el voto para el presidente del Gobierno, no para el candidato del PSOE.

Pues bien, esta semana hemos sabido que Pedro Sánchez ha sido el primer presidente del Gobierno sancionado por la Junta Central Electoral, el primero en recurrir ante el Tribunal Supremo, el primero en ser condenado en costas y el primero en pagarle dinero al principal partido de la oposición por haber incumplido la Ley Electoral. Todo un premio para un político que ha basado buena parte de su trayectoria política en un adanismo arrogante y altivo.

Lo que no queda nada claro es si esta condena y la multa que ha tenido que abonar al Partido Popular son suficientes para prevenir que en las próximas elecciones no nos encontremos con algo similar.

Mi impresión es que no.