La recuperación tendrá que esperar

El año que termina iba a ser el de la recuperación y la transformación de la economía española. La campaña de vacunación y la llegada de los fondos europeos serían el trampolín para conseguirlo. Pero ni lo uno ni lo otro. Las previsiones de crecimiento han sido repetidamente revisadas a la baja por todos los organismos internacionales. El último en hacerlo ha sido el Fondo Monetario Internacional: un 4,5% en 2021 y un 5,8% el que viene frente al 6,5% y 7%, respectivamente, a los que se agarra el Gobierno. El resultado es que el PIB español tardará al menos tres años en recuperar sus niveles anteriores a la pandemia. Y en cuanto al uso del capital comunitario para modernizar la economía, ¿será el año que viene? La deficitaria asignación de estos recursos a día de hoy y reformas fallidas como la de pensiones no invitan a la esperanza. Pero, quien sabe si el gran consenso alcanzado por el Gobierno, los sindicatos y los empresarios para reformar el mercado laboral marcará un cambio de rumbo.

Con el 80% de la población totalmente vacunada y la inoculación de la tercera dosis en marcha, España se sitúa entre las economías avanzadas con mayor porcentaje de inmunizados. Pero el coronavirus en su nueva variante ómicron ha sabido romper la barrera de las vacunas para seguir contagiando a un ritmo diez veces superior a la anterior variante delta. Aunque es menos dañino y duradero, según se ha experimentado en Suráfrica, donde este se identificó, el virus vuelve a poner a prueba los sistemas públicos de salud. Algunos países han respondido con nuevas medidas de restricción al movimiento. Esto tendrá un impacto negativo en la demanda y por tanto el crecimiento. De nuevo el dilema de elegir entre la salud pública y el bienestar económico o cómo encontrar el equilibrio entre ambos. La salida del túnel vuelve a alejarse.

En España y tras la fallida reunión de presidentes de las CCAA con el Ejecutivo de Sánchez para coordinar una respuesta conjunta, cada uno hará lo que pueda. Dos años de pandemia no parecen haber servido para estar mejor preparados, como demuestra la saturación de la atención primaria en esta nueva ola y la escasez de test rápidos en las farmacias. Frente a la responsabilidad demostrada por parte de la gran mayoría de ciudadanos, con su ejemplar comportamiento durante los duros meses de confinamiento, su participación masiva en la campaña de vacunación y su ejemplar voluntad de hacerse una prueba de diagnóstico antes de reunirse con sus familiares, el Gobierno ha respondido con improvisación y cobardía, con un líder al frente que es incapaz de hacerse responsable de coordinar una respuesta nacional. En su lugar, lo fía todo a la improvisación y a la toma de medidas efectistas, de escasa base científica y rechazadas por la mayoría de la población, como lo de recuperar el uso de las mascarilla al aire libre. Muy frustrante.

La desconexión de Pedro Sánchez con la realidad que viven los ciudadanos atemorizados por los efectos de la nueva ola en su salud y bienestar económico parece ser total. De otra manera no se comprende el triunfalismo con el que habla sobre las perspectivas económicas de nuestro país, que hoy está a la cola en todo con respecto a sus competidores europeos, o de los éxitos de la vacunación, cuando ómicron la está desafiando. La economía española fue la que sufrió el mayor socavón de toda la UE en 2020, un 10,8%, debido en parte a su gran dependencia de los sectores más golpeados por la pandemia: turismo y hostelería.

Pero desde entonces su recuperación ha sido también más irregular y débil que la de sus socios. Es como si las políticas de estímulo monetario y fiscal no le cundiesen igual. Algo falla en las famosas correas de transmisión. Ya sea porque los bancos restringen el crédito al consumo y a las empresas por temor a deteriorar unos balances que tanto se han beneficiado de la financiación a tipos negativos del BCE y de sus compras de bonos y otros activos. O porque los gestores públicos carecen de información y capacidad para gestionar los fondos europeos, como recoge una encuesta de Ernst and Young.

La realidad es que las previsiones de crecimiento no han dejado de revisarse a la baja desde que el Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, revisara a la baja y de forma radical el crecimiento del segundo trimestre del año: del 2,8% al 1,1%, la mayor corrección en la historia del instituto. Se recibió como un jarro de agua fría en plena euforia por la buena marcha de la campaña de vacunación. Desde entonces, el Banco de España, la Comisión Europea, la OCDE o el FMI no han hecho más publicar previsiones cada vez menos optimistas que alejan a España de la deseada salida de la crisis. El crecimiento para 2021 rondará el 4,5%, dos puntos porcentuales por debajo de lo que espera el Gobierno y muy lejos de compensar el descalabro de la economía en 2020. Para 2022, la cifra va desde el 5,4% del Banco de España a la más optimista del FMI, un 5,8%. Todo apunta a que la recuperación, a diferencia de otros países europeos, tendrá que esperar a principios de 2023.

Una perspectiva que depende también de que se despejen los nubarrones que se ciernen sobre la economía, especialmente la crisis energética que ha disparado los precios de la electricidad y presionado al alza la inflación hasta tasas desconocidas en los últimos 30 años. Y las presiones para que suban los salarios pueden convertirla en estructural. Aquí la clave es lo que vayan a hacer los bancos centrales. La Reserva Federal estadounidense ya ha avisado que además de retirar sus inyecciones de dinero en los mercados financieros a cambio de comprar bonos y otros activos tiene intención de subir los tipos de interés. El Banco Central Europeo es más cauteloso y de momento retirará paulatinamente sus compras de activos financieros. Este último confía en que los precios de la energía remitan a mediados de año y así evitar una medida restrictiva que puede frenar la recuperación antes de tiempo. En cualquier caso la retirada de los estímulos afectará más a las economías periféricas que tengan mayores desequilibrios fiscales y necesidades de financiación, como es el caso de la española.

Son muchas incertidumbres pero el año cierra en una nota positiva. El gran pacto en torno a la reforma laboral. No supone la derogación de la reforma del PP que reclamaba Sánchez y sus socios podemitas y que amenazaba con recuperar rigideces y restar flexibilidad al mercado de trabajo. Se recupera en parte la negociación colectiva pero las empresas mantienen la flexibilidad de adaptar su plantilla en tiempos de crisis. Pero quizás la principal virtud de este acuerdo sea lo que representa: las cesiones de todas las partes para lograr un gran consenso. Ya podían tomar nota las fuerzas políticas que tienen por delante la importante tarea de administrar los generosos fondos europeos que nos llegarán en los próximos cinco años. De su capacidad para pactar reformas y llegar a grandes consensos, como el alcanzado por los agentes sociales, depende la transformación de nuestra economía y el mejor aprovechamiento del maná europeo.