La verdadera macrogranja

Las empresas españolas sufren leyes notoriamente mejorables. Por ello, deberíamos felicitarnos de que, para cumplir su compromiso con la Comisión Europea, el Gobierno haya presentado el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, que ha bautizado como «Ley Crea y Crece» y que «tiene por objeto mejorar el clima de negocios, impulsar el emprendimiento y fomentar el aumento del tamaño empresarial, así como el despliegue de redes de colaboración e interacción». 

Por desgracia, tras esta verborrea altisonante, la mayor parte del proyecto atiende a cuestiones triviales, mientras que olvida asuntos trascendentes. Es más: no sólo la mayoría de sus medidas tienen una efectividad dudosa, sino que algunas de ellas vendrían a incrementar los costes empresariales y el gasto público.

El proyecto centra su atención en la constitución telemática de las sociedades mercantiles, que es sólo uno de los trámites iniciales necesarios para las empresas que se organizan como sociedades mercantiles. Olvida por completo, en cambio, los costes de arranque no societarios, que representan todos los costes iniciales del empresario individual y de casi todos los autónomos. Además, la constitución de sociedades es un trámite poco costoso que, en casos de urgencia, siempre ha sido fácil superar adquiriendo una sociedad preconstituida. Asimismo, el proyecto reincide en una estrategia doblemente fallida. Por un lado, comprime trámites en lugar de suprimir aquellos que se han demostrado superfluos, como la intervención notarial, que ya no es obligatoria ni en Francia ni en Portugal. Por otro lado, integra en costosas «ventanillas únicas» públicas, engañosamente «gratuitas» para el usuario, servicios de coordinación que antes prestaban agentes privados.

Se ocupa también el proyecto de la morosidad privada, un asunto cuya función económica es variopinta y cuya gravedad es discutible. Baste señalar que la morosidad, entendida como un retraso injustificado en los pagos, no siempre es fácil de distinguir del aplazamiento de pagos; y que éste sirve funciones de salvaguardia y enforcement de los términos contractuales, al asegurar su cumplimiento. Lo revela bien la variedad de plazos que existe no sólo entre países (por ejemplo, el aplazamiento es mayor en Grecia o en España que en Suecia, país que, a diferencia del nuestro, cuenta con un sistema judicial eficaz) sino también entre sectores productivos dentro de cada país (el pescado fresco, que se deteriora rápido, se suele pagar al contado; los juguetes o el cava, una vez transcurrido sus períodos de mayor demanda, lo que facilita las devoluciones). En todo caso, sea cual sea la importancia de la morosidad privada, es mucho menos grave que la morosidad pública. Sin embargo, el proyecto de ley sólo trata de la morosidad pública para prometer… estadísticas. 

En la práctica, el proyecto presta también poca atención a otra barrera tan fundamental como es la que crean las autorizaciones y licencias de apertura, no sólo relativas a empresas sino a sus establecimientos. Se limita a practicar meros retoques y declarar sus buenas intenciones respecto a la unidad de mercado y la mejora regulatoria. Para ello, recoge interpretaciones jurisprudenciales poco relevantes y define una lista de principios orientadores para la actuación de las administraciones públicas. Unos principios que son similares a los que utiliza el TJUE para controlar las restricciones que imponen los estados a la libre circulación de mercancías en el ámbito de la Unión Europea; pero que serán poco efectivos en manos de nuestros gobiernos autonómicos, habida cuenta de que el Gobierno central no hace un enforcement eficaz y de que las decisiones judiciales son complacientes con los gobiernos autonómicos.

Es lamentable, asimismo, que un proyecto de ley que pretende facilitar el crecimiento empresarial omita toda referencia a las barreras que genera los umbrales por tamaño, en virtud de los cuales la carga fiscal y regulatoria aumenta de forma automática con la dimensión de la empresa, un fenómeno que ha sido criticado de forma reiterada por numerosos informes de organismos internacionales.

Peor aún. El proyecto impone de hecho cargas adicionales especialmente onerosas a los autónomos y las pequeñas empresas, al extender a todos ellos la obligación de emitir y dar acceso a facturas electrónicas. Lo hace con la excusa de reducir la morosidad, pero el resultado real es aumentar los costes de las empresas y los exorbitantes poderes de la Agencia Tributaria. 

Además, pese a su pretensión de facilitar la creación de empresas, el proyecto tampoco amplía supuesto alguno de silencio administrativo positivo, lo que también sugiere que su verdadera prioridad es facilitar la tarea de las propias Administraciones Públicas. Confirma este juicio el que, como ya viene siendo habitual, el proyecto sí expanda las burocracias públicas. Lo hace con la creación y reforma de varios organismos: un flamante Observatorio Estatal de la Morosidad Privada; un renovado sistema de seguimiento, evaluación y reforma del Centro de Información y Red de Creación de Empresas; un Observatorio de Buenas prácticas Regulatorias que será gestionado por la Secretaría de Unidad de Mercado; y una Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, que asumirá las funciones del Consejo para la Unidad de Mercado. 

En resumen: pirotecnia reformista para extraer más rentas a la parte productiva de la economía. Nos la venden como «Ley Crea y Crece»; pero, si dijeran verdad, deberían añadir «… para que podamos exprimirte», pues sólo persiguen estabular empresarios en una inmensa macrogranja. 

Más información: B. Arruñada, Comentario al proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, FEDEA, Apuntes de economía, 2022-03.