Pablo Casado, el cazador cazado

Pablo Casado y Teodoro García Egea salieron de caza el año pasado. Su presa no era ni Pedro Sánchez ni ningún otro miembro del Gobierno al que se supone que hacen oposición: la pieza a batir era Díaz Ayuso, a pesar de ser la única que podía poner en jaque al Ejecutivo más dañino para las instituciones de nuestra historia democrática –quizás precisamente por eso-. Jugaron a los cazadores experimentados y se echaron al monte con dosieres como única munición, creyendo que la madrileña se dejaría apresar y domeñar a la vista de los mismos. Pero Ayuso no sólo ha resultado no ser presa fácil, sino una auténtica cazadora que ha esperado al momento propicio para atraparlos en sus propias redes de insidias y mentiras. Hasta tal punto es así, que se lanzaron a buscar delitos y acabaron pudiendo haber cometido alguno que otro.

Uno de los grandes errores que ha perpetrado el dúo que maneja los hilos del Partido Popular ha sido intentar llevar el ataque contra la presidenta de la Comunidad de Madrid al terreno de la ejemplaridad, ante la imposibilidad de sostener acusación alguna en el de la legalidad. Principalmente porque, mientras que el segundo responde a parámetros objetivos y garantistas, el primero es totalmente subjetivo. Por ejemplo: que Rita Barberá no cometió delito alguno no admite discusión, al contrario que la actuación de Génova imponiendo a los populares una abstención en la votación de la prórroga de seis meses del estado de alarma cuando era evidente que el sanchismo la iba a aprovechar para sustraerse del control de los contrapesos democráticos. Por no hablar de la inconsistencia que supone enarbolar la bandera de la ejemplaridad mientras se utilizan dosieres cocinados ad hoc con documentos cuya procedencia e instrumentalización arroja sospechas fundadas de ilegalidad.

Otro error destacable de la pareja residente en Génova 13 ha consistido en dotar a su cacería contra Ayuso de la apariencia de un juicio político-mediático, con Pablo y Teo convertidos en jueces y parte, mientras los dosieres hacían las veces de sumario y la prensa, a la que inoculaban la información, de jurado popular. Como sucede tantas veces en los ajusticiamientos sociales, se ha exigido a la acusada que probase su inocencia -algo vedado en el ámbito judicial- simplemente porque el ego y los complejos de la acusación necesitaban construir un escenario en el que la culpabilidad se diese por sentada. Nada menos ejemplar que subvertir la carga de la prueba y sentenciar a quien no ha sido juzgado.

Por no hablar de la torpeza inmensa de negar la mayor el día que saltó la noticia del espionaje, advirtiendo incluso de que se emprenderían acciones legales contra los medios que la publicasen. Al día siguiente filtraron, nada menos que a El País, que la dirección nacional del PP había recibido informaciones sobre el pago de una comisión al hermano de Ayuso a las que otorgaban «veracidad» pero de las que no tenían soporte documental. Me van a perdonar la expresión, pero una estrategia así sólo puede concebirla la mente de un imbécil redomado.

Pero el momento en el que Casado se convirtió de una vez por todas en el cazador cazado, fue durante su entrevista el pasado viernes en el programa de Herrera en COPE. El todavía líder del PP no sólo hizo gala de su habitual torpeza, sino que se adentró en las cenagosas arenas del ilícito penal. Ni corto ni perezoso, y con total ignorancia de las implicaciones legales de lo que estaba diciendo, sostuvo que la información sobre el proceder poco ejemplar de Ayuso, consistente en documentos fiscales y bancarios de su hermano, no fue suministrada por Moncloa sino por la propia Administración. También afirmó que aprovechó una visita de Ayuso a Génova para pedirle explicaciones, aunque en esto yo otorgo mayor credibilidad a la Presidenta, que aseguró al locutor que utilizaron el dosier para exigirle que no presentase su candidatura al Congreso de Madrid. 

Deben saber ustedes que estas declaraciones dejaron a no pocos juristas, entre los que me incluyo, ojipláticos. Básicamente porque el artículo 418 del Código Penal tipifica como delito la conducta cometida por un particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad. Es cuanto menos curioso que los medios, en general, se lanzaran a exigir a Ayuso pruebas de su ejemplaridad, mientras ignoraban un comportamiento delictivo gravísimo, cual es que alguien, desde la administración, es decir, desde la Agencia Tributaria, se dedique a suministrar información relativa a un tercero a un partido político y que éste le dé aprovechamiento. Es bochornoso, increíble y preocupante, al margen de que no sería el único delito en el que Casado podría haber incurrido ayer.

Por otro lado, uno no puede evitar preguntarse por qué esa persona con acceso a información tan sensible se ha dedicado a filtrar a los populares esos datos en concreto sobre el hermano de Ayuso, que tanto interesaban a Egea y Casado, y no otra que también pudiera ser relevante para la oposición y los españoles, relativa a los contratos millonarios firmados por diferentes ministerios con empresas fantasma, que nos costaron dinero a cambio de nada. Porque el contrato en liza, el suscrito por la empresa con la que el hermano de Ayuso mantiene relaciones comerciales, se materializó en el suministro de cientos de miles de mascarillas importadas desde China en el peor momento de la pandemia. Otros formalizados por el Ejecutivo nacional no, lamentablemente, aunque por desgracia han carecido de interés para los de Génova.

Finalmente, si me preguntan por una eventual ilegalidad en la intermediación comercial del hermano de Ayuso para una empresa a la que la Comunidad de Madrid encargó el suministro de mascarillas desde China, les diré que, a día de hoy, no hay nada. Cero. El Código Ético del Alto Cargo de la CAM estipula que existe conflicto de intereses cuando un familiar de hasta cuarto grado consanguíneo del alto cargo está relacionado laboralmente o comercialmente con la empresa afectada en la contratación. Esto quiere decir que habría que demostrar que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid intervino en la contratación siendo conocedor de la incompatibilidad de contratar por la relación de consanguineidad con la presidenta. Pero lo cierto es que este Consejo no intervino en este contrato en particular. Quien contrató fue la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de lo cual se informó posteriormente al Consejo de Gobierno siguiendo el procedimiento ordinario.

Tampoco parecen ser ciertas las filtraciones sobre la existencia de una comisión por el contrato fiscalizado y su cuantía. Ni fueron 286.000 euros ni el pago obedeció a una mera intermediación: se abonaron unos 55.000 euros por la prestación de material (que es probable que incluya el coste del transporte y suministro desde China). 

Por último, y buscando donde rascar, se informa de que otras empresas con las que comercia el hermano de la presidenta habrían suscrito dieciocho contratos menores con la Comunidad de Madrid entre 2017 y 2020. Unos 113.000 euros en cuatro años. Algunos parecen sorprendidos de que este tipo de contratos se adjudiquen a dedo. Miren, Carmena llevó a término once mil contratos de este tipo entre 2016 y 2017 por un importe de sesenta millones de euros. Y ninguno de los que ahora se rasgan las vestiduras dijo absolutamente nada, ni por cuestiones de legalidad ni de ejemplaridad. Y eso que muchos se pagaron a empresas vinculadas con “Ahora Madrid” para temas de lo más variopinto.

Por eso les he comentado antes que la ejemplaridad no puede ser un parámetro aceptable para valorar este tipo de actuaciones, so pena de comprar los marcos mentales de una izquierda que impone los pactos con Bildu o los indultos a los condenados por sedición al amparo de la legalidad – todo aquello que no es ilegal es ético – mientras exige a la derecha una actuación moralmente inmaculada. Las reglas del juego para dirimir responsabilidades políticas son y deben ser las que marca la legalidad, sustentada en elementos objetivos y en derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Da igual si hablamos de Ayuso, de Sánchez, de Iglesias o de Abascal.

Y con la ley en la mano, es la actuación de Casado y García Egea la que resulta merecedora de reproche. Salieron a cazar y no sólo han vuelto con las manos vacías, sino con su integridad, honestidad y moralidad comprometidas. Deben dimitir.