El Informe Montero: la voracidad fiscal que viene

Nos referíamos ayer desde estas mismas páginas (Putin y los expertos de la ministra de Hacienda) a la inminente divulgación del informe elaborado por el comité ideado por María Jesús Montero. Y, en efecto, ayer mismo y tan solo pocas horas después de publicarse nuestra referencia, el informe fue dado a conocer. Una primera lectura, necesariamente rápida, evidencia que el informe es tremendo. Lo es por su extensión (786 páginas), lo es por el contenido de sus recomendaciones y lo es por el proceso que se sigue para llegar a ellas.

Refiriéndome a lo recomendado manifestaré que, desgraciadamente, se han cumplido los peores augurios. Como era cantado, los expertos abogan por que se nos aumente espectacularmente la carga fiscal que actualmente sufrimos. Bien es cierto que les ha temblado el pulso y no se han atrevido a sugerir que el aumento impositivo sea inminente, lo que nos hubiera alejado aún más de la actual política tributaria aplicada en los países de nuestro entorno, pues la generalidad está aplicando bajadas impositivas. Pero, dejando al Gobierno la decisión de establecer el calendario de las reformas sugeridas, recomiendan lo que se les había ordenado recomendar.

Valga una muestra del carácter estratosférico del aumento de la voracidad tributaria que proponen. De una parte, recomiendan que en el Impuesto sobre el Patrimonio se aumente el mínimo exento y se rebajen los tipos impositivos, circunstancias ambas que reducirán lo que se pague en el citado impuesto. Pero de otra, recomiendan también que el límite conjunto de las cuotas del IRPF y del citado Impuesto sobre el Patrimonio con respecto a la base del primero se eleve del actual 60% al 70%. ¿Qué subidón del IRPF están auspiciando?  Si pagando menos en el impuesto menor, vamos a pagar mucho más entre ambos impuestos, quiere decirse que la futura subida del IRPF puede ser descomunal.

Merece una especial mención lo recomendado para los principales impuestos estatales, IRPF e IVA, sobre los que los señalan la conveniencia de aumentar las bases imponibles, recomendación que, en principio, es asumible y compartible. Si se desea recaudar más, nada mejor que aplicar una política tributaria que favorezca el aumento de la renta y del consumo. Pero no, lo que se propone en el informe es la minoración de exenciones, reducciones, deducciones y bonificaciones. Es decir, se quiere que a igual nivel de renta y de consumo el Estado aumente lo que ya nos detrae.

Qué decir de la denominada tributación medioambiental que se propone concretar en un “aumento general de la fiscalidad sobre los hidrocarburos”, lo que anticipa aumentos de la tributación en la compra de vehículos, en su repostaje, y en el encarecimiento del transporte aéreo y marítimo, todo ello bajo la denominación eufemística de un nuevo modelo de movilidad. Y que se preparen los agricultores, pues según los expertos el gasóleo para usos agrícolas está infragravado hasta en un 40%.

En la fiscalidad autonómica poca sorpresa hay. Como estaba cantado, en el informe se preconiza reducir la autonomía financiera de las Comunidades para impedir así la aplicación de políticas tributarias menos gravosas para los contribuyentes y más eficientes para la economía cuyo paradigma es el exitoso modelo implementado por Díaz Ayuso en Madrid. En esto ya se sabía que el objetivo era tapar las vergüenzas de Ximo Puig, de los secesionistas catalanes y de otros gobiernos autonómicos de izquierda que, exigiendo más impuestos a sus ciudadanos, están cosechando un fracaso económico estrepitoso.

Llama la atención la propuesta de mantener los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones, inexistente el primero en todos los países de la Unión Europea (salvo España), y en proceso de supresión generalizada el segundo pues ya solo existe en una minoría (dentro de ella, España). Y llama la atención que se justifique en base a los principios constitucionales de justicia y progresividad, olvidándose los expertos que la Constitución también prohíbe que el sistema tributario sea confiscatorio, prohibición que incumplen aquellos, especialmente el de Sucesiones. En este punto, parece que han escrito al dictado de Pablo Iglesias, quien también mutilaba el artículo 31.1 de la Constitución cuando realizaba el numerito de leerlo en los debates electorales televisados de 2019.  

En definitiva, tal y como se les ordenó, los expertos fiscales de la ministra de Hacienda le han proporcionado al Gobierno la coartada que requería para endurecer aún más la fiscalidad española. No obstante, es de interés resaltar como han justificado la coartada que han suscrito.

Decíamos ayer que no sería profesionalmente digno que como justificación del subidón de impuestos que iban a proponer, los expertos recurrieran al diferencial existente en 2020 entre la presión fiscal española y la que, como media, existe en la Unión Europea, dado que, con los datos de 2021, el citado diferencial ha desaparecido o ha quedado en insignificante. Pues es peor, toda vez que (páginas 16 y 66 del informe) han recurrido a hacer la comparación con los datos de 2.019, aún más antiguos. Con eso, no solo evitan considerar el aumento de nuestra presión fiscal en 2.021, sino que obvian también el habido en 2.020. Sobra hacer comentario alguno sobre la dignidad profesional a la que aludíamos ayer.

No quiero finalizar esta apresurada reflexión sin señalar determinadas cuestiones incluidas en el informe con las que sí estoy de acuerdo. Entre ellas, las referencias a la conveniencia de aumentar la seguridad jurídica del contribuyente, a la de ponderar las sanciones tributarias en función de la diferente tipología de conductas seguidas por el infractor o a la de aplicar fórmulas que reduzcan la ingente litigiosidad actualmente existente en la aplicación de los impuestos. No puedo más estar de acuerdo con las tres.