El Plan de Igualdad y la desvergüenza política

El culpable es Sánchez. Nos equivocaríamos si culpáramos a Irene Montero del despilfarro de 20.319 millones para propaganda de su corriente feminista, una ideología con muchas y enfrentadas tendencias. El presidente del Gobierno ha cedido a esta fracción feminista, en contra de la propia del PSOE, porque la necesita para mantener la coalición.

Sabido es que esa millonada supera el presupuesto de investigación contra el cáncer, para salud mental, hospitales, o la dotación para el material de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También conocemos que deja en una broma cruel las medidas fiscales para paliar la factura de la luz, que está en su récord histórico mientras los podemitas siguen a lo suyo, riendo antes de reprendernos por no ser o pensar como ellos.

Este robo nos debe servir al menos para reflexionar sobre la situación suicida en la que nos estamos introduciendo. Voy a explicar brevemente el círculo vicioso del modelo político de la izquierda.

Los llamados progresistas creen que con un mayor gasto público consiguen más votos. Para gastar, recaudan. Con este objetivo suben los impuestos, y hacen un discurso contra los «ricos», que deben pagar más tasas con las que financiar su compra de votos y voluntades.

El gasto público de la izquierda sirve para enganchar a la gente al Estado paternalista, siempre en expansión, y también para crear la hegemonía cultural sobre la que apoyar el expolio fiscal. Todo gasto se acompaña de propaganda. El gasto propagandístico crea una red educativa, cultural y mediática que convierte en única y verdadera la forma de pensar y actuar de los progresistas.

Cuanto peores son las expectativas electorales de la izquierda, mayor es la presión fiscal porque quiere gastar más para remontar en los sondeos. No acaba ahí: cuanto peores son las encuestas más rotundas son sus promesas de que el Estado proporcionará «gratis» cualquier tipo de bien o servicio. Esto lo presentan como un avance democrático, de manera que cuanta mayor presión fiscal haya con la expectativa del «reparto de la riqueza» y de «cosas gratis», más democrática será la comunidad.

El conjunto permite el círculo vicioso que vende la izquierda: más gasto para más democracia, y más fiscalidad para permitir más gasto y más democracia. Esto se apoya en varias cosas. Primero, en la falta de un proyecto alternativo sólido que devuelva a las personas la responsabilidad sobre sus vidas. Segundo, en la ausencia de conciencia política, que hace que la gente sacrifique su libertad a cambio de la promesa de protección estatal.

Solo así es posible que un Plan de Igualdad basado en la propaganda, no en la inversión en recursos, pueda colar. Porque el ministerio de Igualdad va a emplear más dinero en publicidad que en mejorar la vida de las mujeres maltratadas.

Esa enormidad de dinero no se va a utilizar en pisos para personas que han sufrido maltrato, ni en psicólogos y personal médico que las atienda. Tampoco en servicios jurídicos que las auxilien, con traducción, porque muchas no son españolas. Ese pastizal no va a servir para combatir la trata de mujeres de las mafias de la prostitución. Ni siquiera para ampliar el servicio de salud mental en las menores y adolescentes, cuyo índice de suicidios es altísimo, tanto que es la mayor causa de muerte hasta los 24 años.

Esos 20.319 millones de euros del Plan Estratégico de Igualdad se van a utilizar en una amplia propaganda para condenar comportamientos de la vida cotidiana, «micromachismos» los llaman, que permita, dice Irene Montero, tener tiempo libre a las mujeres. Lo de «tiempo libre» es un insulto teniendo en cuenta que hay dos millones de mujeres en paro.

Sin entrar en la circunstancia personal de la ministra, es una realidad que no conoce cómo viven los variadisimos tipos de familias que hay en España, ni los roles que desempeñan los hombres, ni lo que piensan, dicen o hacen. Quizá le vendría bien salir de lo que en psicología se llama «burbuja social» .

Tampoco va a servir ese dineral para un plan de formación profesional para las mujeres que están en situación de desempleo de larga duración. No es probable que campañas sobre quién abre la puerta o a quien le pone el camarero la caña las haga llegar a fin de mes o a conseguir un empleo. Esa dedicación del presupuesto a cosas tangibles sí serviría para crear las condiciones reales de mejora.

En consecuencia, este Plan de Igualdad es una desvergüenza no solo porque no sirve para paliar la mala situación social de las mujeres. La propaganda, los miles y miles de millones de euros que salen de nuestros bolsillos a través de crueles impuestos al consumo, servirán para crear una realidad falsa con la que justificar el sueldo de Irene Montero y de su grupo.

Los dos millones de mujeres desempleadas seguirán en su situación, y la propaganda dirá que la culpa de que no encuentren empleo digno y seguro la tiene el capitalismo patriarcal y la opresión machista. Y esa cháchara barata la financiaremos todos, incluso esas mujeres paradas que pagan la electricidad, la gasolina y la subida del precio de los bienes de consumo.