8-M: no en mi nombre

El Ministerio de Igualdad es la cabeza visible de un enorme entramado institucional que utiliza el feminismo como catalizador social para imponer un cambio de régimen. Han construido un relato victimista que sostiene la existencia de una opresión sistémica contra las mujeres con el que pretenden, cada vez de forma más evidente, instalar la idea de que el Estado democrático y de derecho es incompatible con la lucha contra la violencia que algunas sufren. De forma progresiva, inoculan en el debate público y mediático una suerte de falsa dicotomía entre la vida, la integridad física, la salud o la empatía hacia la mujer y el respeto a la ley o la mismísima Constitución.

Desde el feminismo identitario se sostiene que no existe la igualdad formal porque, tras la prohibición de discriminación por razón de sexo que consagra el artículo 14 de la Carta Magna, se oculta un pacto sexual que obliga a las mujeres a ofrecer favores carnales para alcanzar sus metas en una sociedad patriarcal. El mérito forma parte de ese engranaje estructural que impide que nos realicemos social y profesionalmente, así que ha de ser reemplazado por un criterio que consideran mucho más objetivo, como es nuestro sexo. Con ello pretenden imponer nuestra presencia en la administración y en las empresas. Los hombres seguirán compitiendo en el terreno de las capacidades, mientras que nosotras solo hemos de demostrar qué tenemos entre las piernas. Puede que para algunas constituya un logro, pero para la gran mayoría de nosotras supone un menosprecio preñado de paternalismo insufrible.

Pero los privilegios que merecemos por razón de nuestra condición biológica no se agotan en un cargo o plaza asignada a dedo, sino que deben trascender al plano punitivo y judicial. En nombre de todas y cada una de nosotras se ha emprendido una revolución desde el BOE cuyo objetivo último es socavar los cimientos de nuestro Estado de derecho.

Para empezar, se ha ido gestando un derecho penal de autor que castiga con más pena el maltrato cometido por un varón que por una mujer, aunque el de ella revista objetivamente mayor gravedad. Para que mis lectores no familiarizados con el derecho lo entiendan: si Carmen pega un bofetón a su novio Carlos, se enfrentará a una pena de tres meses de prisión o de uno a tres meses de multa. Pero si Carlos agarra a Carmen y la empuja para quitársela de encima, el castigo del que será merecedor será de seis meses a un año de prisión. El motivo de esta asimetría introducida en nuestro Código Penal por la Ley Integral de Violencia de Género se fundamenta en que, con arreglo a esta última, se considera que tras cualquier agresión a una mujer subyacen razones de género, como constató el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de diciembre de 2018. Es decir, que nos maltratan por el mero hecho de ser mujeres, ignorando otros motivos médicos o psicológicos que pudieran explicar la conducta. Años de consenso político, mediático y social en torno a esta auténtica aberración jurídica cuya denuncia debería constituir un imperativo moral pero que, lamentablemente, se soslaya para evitar ser etiquetado de machista o «negacionista de la violencia de género».

Pero hay que reconocer que durante esta legislatura se han dado pasos de gigante para profundizar y afianzar este derecho penal de autor mediante la reforma y aprobación de algunas leyes y normas que apuntalan la condición de víctima biológica de la mujer y de victimario biológico del hombre.

Entre ellas destaca, por su impacto mediático, el indulto a Juana Rivas tras su condena por un delito de sustracción de menores. Su comportamiento delictivo, que intentó justificar tras una batería de denuncias sin fundamento por maltrato dirigidas contra el padre de sus hijos, quedará impune. Es el pago nada desdeñable que recibe por servir de reclamo ideológico para el feminismo a costa de utilizar y exponer la intimidad de los niños. Un indulto que se nos antoja impensable si el autor del delito hubiera sido él.

Pero es improbable que vuelvan a repetirse casos como el de Rivas porque nuestros legisladores están procurando ponérselo más fácil a otras de su misma calaña. Sin ir más lejos, este pasado año reformaron el artículo 94 del Código Civil para que la mera interposición de una denuncia por maltrato baste para suspender el régimen de visitas a los hijos menores del denunciado. Algo que antes era posible mediante resolución fundada del juez si este apreciaba motivos suficientes para hacerlo, pero que ahora se ha transformado en un automatismo. Cierto es que, para disimular, se trata de una modificación que afectará igual a cualquier progenitor, madre o padre, pero todos sabemos que se trata de fomentar, todavía más, las denuncias instrumentales que demasiadas mujeres deciden formular contra sus parejas o exparejas cuando se inicia un proceso de separación o de divorcio. Si hubiera esperado unos años, Juana Rivas se hubiera ahorrado su particular viacrucis judicial y mediático.

También han parido, a través de la llamada ley de la infancia, un término infame como es el de violencia vicaria, con el que se pretende dar visibilidad estadística a aquellos crímenes que comenten los padres sobre sus hijos para, a través de ellos, generar un sufrimiento a la madre, a la que se instituye como víctima. Sin embargo, se prohíbe a los profesionales que puedan hacer referencia al síndrome de alienación parental, que engloba la violencia ejercida por la madre sobre sus hijos con el fin de hacer daño al padre. Estos últimos pasan al saco genérico de violencia infantil, en el que el padre no es reconocido como víctima. No les debe sorprender cuando en los medios utilicen la expresión «violencia vicaria» para referirse a un suceso terrible de un padre que ha matado a sus hijas, mientras que recurran a la de «suicidio ampliado» para describir el mismo asesinato, pero cometido por la madre. Es así de terrible y así de real.

Tampoco debemos olvidar la inminente aprobación de la llamada «Ley del solo sí es sí», tras la que subyace la voluntad de subvertir la carga de la prueba en los delitos contra la libertad sexual, de forma que sea el acusado quien tenga la obligación de probar el consentimiento y, en consecuencia, su inocencia. 

Y no me puedo dejar en el tintero el tristemente célebre acuerdo de Igualdad en cuya virtud se reconocerá la condición de víctima de violencia de género, a los efectos administrativos, no solo a aquellas que lo sean tras dictarse sentencia en un proceso judicial o hayan formulado una denuncia: también a las que estén considerando hacerlo, o habiéndolo hecho, su denuncia se haya sobreseído, archivado o hasta cuando haya recaído sentencia absolutoria. El inocente para la Justicia podrá ser considerado culpable por la administración y para ello ni tan siquiera será requisito recabar su versión de lo sucedido. Nos encontramos ante la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico del movimiento ‘Me too’ y del ‘hermana yo sí te creo’, que persigue conseguir en los despachos aquello que no se pudo en los juzgados.

A la vista de todo lo expuesto, solo un necio puede negar que, tras esta concepción de la violencia que sufren las mujeres, hay muchísima ideología y escasa ciencia. Han hecho de la erradicación de los malos tratos no un fin, sino un medio para movilizar cantidades ingentes de recursos públicos que no se destinan a las que de verdad han sufrido o sufren el maltrato, ni aquí ni más allá de nuestras fronteras. Ya ven lo poco que altera a nuestras ministras feministas la situación de las ucranianas o de las afganas. Se entiende que para Irene Montero, ni Putin ni los talibanes conllevan un nivel de amenaza patriarcal mayor que los piropos o la letra de la canción que representará a España en Eurovisión: la línea que separa la diplomacia de precisión de la censura es de color rojo soviético.

Colocarse tras una de las pancartas que se enarbolan el 8-M implica, nos guste o no, aceptar que se banalice y politice la violencia y permitir que se instrumentalice para socavar la división de poderes, la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley. En definitiva, para poner en cuestión todo aquello que nos convierte en un Estado de derecho y nos separa de la tiranía. No en mi nombre.