Antifascistas, pero también antidemócratas
Los que han desatado la ‘alerta antifascista’ contra Vox son los mismos que han recibido un varapalo del TC por vulnerar los derechos de una diputada
Los líderes de Vox y PP en Castilla y León. | EFE
Desde el pasado jueves 10 de marzo, son muchos los que han alzado la voz alertando del peligroso precedente que supone que la formación política Vox vaya a gobernar junto al Partido Popular en la comunidad de Castilla y León. Algunos llaman incluso a activar la ‘alerta antifascista’ ante lo que consideran un hecho de enorme gravedad.
Quienes más enfadados están con la entrada de Vox en las instituciones tildan abiertamente a este partido de xenófobo, machista y homófobo, aparte del consabido calificativo de fascista. Pero resulta increíble que quienes critican con tanta contundencia a la formación de Santiago Abascal se limiten a pedir su aislamiento en los parlamentos en vez de impulsar directamente su ilegalización, pues España cuenta desde hace 20 años con una norma que lo permite.
La ley de partidos políticos, aprobada en 2002, establece con meridiana claridad que todas las formaciones que se presenten a unas elecciones deben «respetar los valores constitucionales, los principios democráticos y los derechos humanos». Y, además, la ley especifica que «un partido político será declarado ilegal cuando […] vulnere las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando […] la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual».
Por tanto, es extraño que, casi diez años después de la fundación de Vox, todavía nadie haya acudido a un juzgado a instar a su ilegalización, pues con el texto de la ley en la mano es evidente que la xenofobia, el machismo o la homofobia no están permitidos en un partido político español.
Puesto que nadie ha promovido hasta ahora su ilegalización, sólo caben dos explicaciones: o faltan realmente pruebas para demostrar esas graves acusaciones, o simplemente a algunos no les va mal que Vox esté entre nosotros. Porque no hay que olvidar que la mera existencia del partido de Abascal fractura el electorado de la derecha y aleja al PP de los gobiernos… salvo que, como acaba de empezar a pasar en Castilla y León, unos y otros comiencen a entenderse.
Así como el PSOE se relaciona sin ningún pudor con Bildu, Esquerra Republicana o Podemos, nadie puede exigir al PP que deje de entenderse con Vox
Deberíamos pedir un poco más de coherencia a los repartidores de carnés de demócrata: si creen que Vox es todo eso, que vayan a un juzgado y lo demuestren. Mientras no haya ilegalización, ese partido tiene todo el derecho del mundo a participar de la vida pública. Y, así como el PSOE se relaciona sin ningún pudor con Bildu, Esquerra Republicana o Podemos, nadie puede exigir al PP que deje de entenderse con Vox si no hay otra alternativa que garantice la estabilidad de las instituciones y si, como es el caso, en las cinco páginas de su acuerdo no hay ni una sola frase alejada de un programa clásico de centroderecha.
Como es evidente, a algunos lo que les molesta simplemente es que haya partidos de derechas. Pero nadie debería pretender que la democracia se convierta en un sistema en el que sólo puedan gobernar los tuyos. Si se respetan las normas, todo el mundo tiene derecho a presentarse a unas elecciones y a ganar en buena lid. Por mucho que nos disgusten los resultados.
Un intolerable ‘apartheid’
En ese sentido, es especialmente preocupante lo que sucede en el País Vasco, donde la única diputada de Vox en el parlamento regional, Amaia Martínez, está sometida a una especie de ‘apartheid’ según el cual carece de los mismos derechos que el resto de políticos presentes en la cámara. En virtud de un acuerdo de la mesa del parlamento de Vitoria, con los votos a favor de PNV, PSOE, Bildu y Podemos, Martínez sólo puede intervenir un tercio del tiempo del que disponen los otros diputados y también tiene restringida la posibilidad de presentar iniciativas.
Vox denunció en su momento esa discriminación ante el Tribunal Constitucional… y la situación es tan escandalosa que le acaban de dar la razón en una sentencia cuyo fallo se conoció el pasado viernes. Es decir, algunos de los partidos que han activado la ‘alerta antifascista’ tras el acuerdo PP-Vox han sido cazados en apenas 24 horas en una maniobra típicamente totalitaria: quitarle la voz al que piensa diferente. Cuidado, a ver si los fascistas van a ser otros.
