¿Autonomía para el Sáhara?

El Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado a Marruecos su cambio de orientación sobre la situación del Sáhara, territorio del que según el derecho internacional vigente (Resolución 2072 (XX) de la Asamblea General de la ONU) y una sentencia de la Audiencia Nacional de 2014, España es potencia administradora. Más allá de la cuestión geoestratégica, la ONU y su Corte Internacional de Justicia –opinión consultiva de 1975- han señalado que el Sáhara es un territorio al que hay que aplicar la Carta de la descolonización, es decir, la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General que reconoce el derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial a su independencia, mediante la consulta a su población.

La Resolución 658 (1990) del Consejo de Seguridad aprobó el Plan de Arreglo, libremente negociado por Marruecos y el Frente Polisario, que previó la celebración de un referéndum de autodeterminación. Por otro lado, la Resolución 690 (1991) creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que concluyó la elaboración del censo en 2000. Solo el veto de Francia en el Consejo de Seguridad impidió que la MINURSO concluyera su labor organizando el referéndum. En el referéndum que pactaron las partes, el pueblo saharaui debería decidir entre la independencia del territorio y su integración en Marruecos. La propuesta de autonomía que ahora apoya España es una plan de incorporación del Sahara Occidental al Estado marroquí presentado en 2007.

Al margen de los patentes lazos emocionales de España con el Sáhara, debe subrayarse que una modificación de la política exterior que pueda implicar cambios en las obligaciones jurídicas internacionales del Estado debería haberse realizado con el consenso político previo de los principales partidos y el preceptivo debate en Cortes Generales para que la opinión pública pudiera manifestar qué considera más adecuado teniendo en cuenta el cambio de circunstancias. El debate a posteriori mantenido hace unos días en el Congreso ha resultado penoso en el fondo y en las formas, haciéndose manifiesto los graves problemas territoriales que para España suponen Marruecos y su política de frontera basada en el chantaje migratorio.

Como hemos dicho, promete el gobierno de Marruecos incorporar el Sáhara a su país mediante la previsión de una autonomía. En la actualidad una parte del Sáhara se encuentra bajo la ocupación marroquí y otra es controlada por la República Árabe Saharaui Democrática, «Estado» miembro de la Unión Africana. Por ello, este plan de autonomía es, para empezar, de difícil aplicación en la parte no ocupada del territorio. Por otro lado, también habría que preguntarse si la actual realidad institucional marroquí permitiría la creación de una autonomía política en la que los saharauis pudieran hacer valer sus intereses. Recuérdese que a raíz de la Primavera Árabe el rey Mohamed VI impulsó una reforma constitucional (2011) con el objetivo de democratizar Marruecos y, de paso, dar cabida concreta al Sáhara mediante el reconocimiento de colectividades territoriales.

Quien crea que ese reconocimiento normativo se asemeja a una especie de Estado de las autonomías como el nuestro puede estar, me parece, bastante confundido. La Constitución de Marruecos prevé una descentralización similar a la prevista en el sistema francés: es decir, la articulación de regiones y prefecturas con consejos elegidos democráticamente pero competencias de carácter meramente administrativo o reglamentario. La presencia de los gobernadores como eslabón del control del poder central y la ausencia de una garantía institucional–el Tribunal Constitucional no parece tener atribuidas funciones en el marco de la descentralización- dibujan una autonomía tutelada que hace muy difícil encajar el ordenamiento jurídico y el sistema político marroquí en un modelo de federalismo que pudiera satisfacer el autogobierno del Sáhara. Claro que todo lo dicho no deja de ser toreo constitucional de salón: porque en el nuevo mundo que se abre paso –el de la realpolitik reivindicada por ejemplo por Rodríguez Zapatero- ya no hay lugar para cumplir unas obligaciones internacionales que en el caso español además se ven profundamente atravesadas por compromisos históricos de primera magnitud.