¿Cuánto cuesta salvar el planeta en el recibo de la luz?

Como comentaba hace ya unos meses en este mismo diario, la aplicación de impuestos pigouvianos a la producción y el consumo de Energía me parece muy delicada. Pues aunque es evidente que, como sucede con toda actividad humana, el consumo de energía y particularmente de energía de origen fósil, tiene con certeza algunos efectos negativos (contaminación) y con menor certeza otros potencialmente negativos en el futuro (incremento del efecto invernadero que provoca el cambio climático), sus efectos positivos (la capacidad de climatizarnos, iluminarnos, transportar personas o mercancías y fabricar cosas al mínimo coste posible) pueden ser muy superiores a los negativos.

En cualquier caso, desde hace cerca de dos décadas la Unión Europea decidió implantar un sistema de «derechos de emisión» de CO2. Explicado en simples términos, supone que para las actividades cubiertas por ese mercado (en estos momentos la generación eléctrica, determinados sectores industriales y la aviación comercial dentro de la UE), los emisores deben comprar un derecho de emisión por cada tonelada de CO2 que emitan en su actividad.

La idea detrás del sistema es relativamente simple. Se trata de encarecer artificialmente las actividades que más CO2 emitan para que tengan más difícil competir con otras que emitan menos o no emitan de forma que las primeras sean finalmente reemplazadas por estas últimas y así se reduzca el volumen de emisiones totales.

Si miramos a España, veremos que el sistema ha tenido cierto éxito, al menos en la producción de electricidad. Tras unos años en que los derechos de emisión cotizaban en valores en torno a 5-10euros/tonelada y servían para poco más que especular, la UE se puso «seria» y redujo el número de derechos existentes con objeto de incrementar su precio. Claramente, lo consiguió. Desde mediados de 2018 los precios de los derechos comenzaron a subir y se colocaron hasta finales de 2020 en una horquilla de entre 20 y 30 euros/tonelada de CO2. La primera consecuencia en España fue el progresivo cierre de las centrales térmicas de carbón y su reemplazo por centrales de ciclo combinado y renovables «nuevas» (solar y eólica). Así, si la generación con carbón representaba alrededor del 15% del total de electricidad generada en España en 2017, en 2021 no llega ya al 2%. No es interesante para las compañías eléctricas generar electricidad con carbón pues el coste de la materia prima, de la operación y mantenimiento de las plantas, con el añadido de los derechos de emisión de CO2 (las centrales de carbón emiten cerca de 1T de CO2 por cada MWh de electricidad producida) no era ya competitivo frente a producir electricidad con instalaciones renovables o en una central de ciclo combinado, por ejemplo (que «solo» genera 0,4 toneladas de CO2 por cada MWh producido, aproximadamente). 

El mercado eléctrico español es marginalista (como lo son la inmensa mayor parte de los mercados eléctricos de la OCDE). Las generadoras de energía ofertan su electricidad a diversos precios, fundamentalmente en función de sus costes variables. Así, nuclear, solar o eólica ofertarán a precios cero o baratísimos (sus costes variables son muy bajos y no les interesa parar sus instalaciones), mientras las centrales de carbón o los ciclos combinados de gas lo harán a precios que les permitan como poco cubrir todos sus costes variables, incluyendo los derechos de emisión comentados anteriormente. Finalmente, todos los generadores serán retribuidos al precio del ofertante más caro: es decir, los MWh nucleares, solares, eólicos o de gas serán retribuidos al precio del que haya ofertado el valor más caro dentro de los que consigan satisfacer la demanda existente en una hora determinada, independientemente del precio al que hayan ofertado su producción. Como todo en esta vida, el sistema marginalista puede ser discutible, pero tiene ventajas indudables como premiar a las maneras de generar más eficientes, y sus alternativas no son necesariamente mejores o más sencillas, sino más bien todo lo contrario.

¿Qué está sucediendo ahora? Con la subida de las materias primas, particularmente el gas, a raíz primero de la reactivación de la demanda económica tras el «parón» de la COVID y posteriormente con la Guerra en Ucrania, los costes variables de las centrales de ciclo combinado se han disparado, y como al no quedar ya casi centrales de carbón es necesario cierto nivel de producción mediante gas natural si queremos que al apretar el interruptor se encienda la luz, el precio con el que se retribuye a toda la producción eléctrica es muy alto (en estos momentos alrededor de 200-300euros/MWh). Es por ello que, al menos mientras dura esta coyuntura, se está especulando con distintas formas de disminuir el coste de la electricidad, por ejemplo poniendo un «tope» al precio máximo del gas, lo que redundaría en una disminución del precio de casación de ese mercado marginalista, o disminuyendo algunos impuestos (se redujo el IVA ya hace unos cuantos meses).

Pero independientemente de lo que dure esta situación y de los parches que se pongan a la misma, cuando las aguas vuelvan a su «cauce», los durísimos objetivos de reducción de emisiones fijados por la Unión Europea y que afectan a todos sus estados miembros harán que, en el medio/largo plazo, los derechos de emisiones de CO2, que ya cotizan en el entorno de 80 euros/T, probablemente sigan subiendo. Y eso provocará, al menos mientras sean necesarias centrales de ciclo combinado para cubrir la demanda de energía eléctrica y que cada vez que apretemos el interruptor se encienda la luz, previsiblemente sean a menudo estas centrales las que oferten al precio máximo dentro del mercado marginalista. ¿Y qué significa esto para los españoles? Pues teniendo en cuenta que cada MWh generado con gas emite, como decíamos antes, alrededor de 0,4T de CO2, que el coste de la electricidad que pagaremos por TODOS los MWh generados, se verá artificialmente incrementado en unos 32euros/MWh (80euros/T x 0,4T emitidas al producir cada MWh con gas). A ese valor hay que sumarle, además, el IVA (en este momento el 10% para la mayoría de los hogares), el impuesto eléctrico (0,5%) y la tasa municipal de pérdidas (una de las cosas más divertidas de las políticas «verdes» es que los sobrecostes medioambientales decididos por el legislador, llámense estos primas a las renovables, derechos de emisión de CO2 o Impuestos Especiales de Hidrocarburos, «generan valor añadido». O al menos eso parece, porque se aplica IVA sobre todos ellos, con beneficio para el GobiernQUIERO DECIR PARA TODOS LOS CIUDADANOS. En cuanto me descuido me olvido de que los impuestos se utilizan solo para las más nobles causas…).

En resumen, y teniendo en cuenta que en España se generan unos 260 TWh de electricidad (260 millones de MWh), las políticas climáticas de la UE suponen ya para los ciudadanos españoles, solo en el recibo de la luz, más de 9.000 millones de euros al año. Casi 200 euros por español y año. 800 euros al año en una familia de cuatro miembros. Y no tiene ninguna pinta de ir a reducirse, salvo que la UE se baje del burro de sus ambiciones climáticas en caso de descontento social, algo por cierto no descartable. En definitiva, se está produciendo una transferencia de miles de millones de euros desde los bolsillos de los ciudadanos hacia, por un lado, las compañías eléctricas que generan electricidad mediante renovables y nuclear, y por otro hacia el Gobierno vía derechos de emisión por las toneladas de CO2 efectivamente emitidas e impuestos sobre el precio de la electricidad, derechos de emisión incluidos.

Este sobrecoste podría tener sentido, en mi opinión, en dos escenarios:

1. Si fuera durante un periodo de transición conocido hasta la desaparición de la generación eléctrica con energías fósiles, y si posteriormente el coste de la electricidad se redujera drásticamente. Es un escenario posible, pero bastante dudoso. Y desde luego nadie nos ha preguntado, ni en España ni en Europa, si estamos dispuestos a pagar cientos de euros al año por cada ciudadano, durante no se sabe cuántos años, a cambio de no se sabe qué posible reducción de precio en un futuro

2. Si los daños causados por el Cambio Climático en España hoy fueran superiores a esa cantidad anualmente. Pero teniendo en cuenta que las emisiones generadas por España son apenas el 0,8% de las emisiones globales, que la generación de electricidad apenas representa el 12% de las emisiones totales de nuestro país, y que la gran mayoría de estudios económicos sobre los efectos del Cambio Climático lo consideran levemente positivo hasta la fecha en términos económicos y el propio IPCC los cifra en un pequeño % del PIB global a final de siglo con un calentamiento mucho mayor que el actual, esa hipótesis resulta completamente descartable.

Ahora, para colmo, y ante el «éxito» obtenido, la Unión Europea plantea extender los derechos de emisión a nuevos sectores, como la calefacción doméstica o el transporte terrestre. Por supuesto, sin explicarnos si esto nos va a empobrecer temporalmente o para siempre, ni en qué magnitud.

Preparemos pues los bolsillos. Porque si «salvar el planeta» está costándonos ya un huevo, en breve plazo nos va a costar la yema del otro.