Elon Musk desquicia a la izquierda tuitera

Que una empresa privada establezca normas para el acceso y uso de sus instalaciones y/o servicios por parte de sus clientes es tan normal como razonable, pero el debate cuando hablamos de las redes sociales es otro: se trata de determinar si esas reglas han de ajustarse a la legalidad vigente con escrupuloso respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. En lo que respecta a Twitter, las quejas por sus extralimitaciones en materia de libertad de expresión no son nuevas.

Mucho se ha dicho y escrito sobre el sesgo ideológico que subyace en buena parte de las decisiones de la plataforma relacionadas con la censura de opiniones y perfiles de usuarios y sobre la responsabilidad que debería asumir como editora respecto de los comentarios que en ella se publican. El caso más paradigmático fue el de la suspensión de la cuenta del anterior presidente de los EEUU, Donald Trump, pero los perfiles afectados por la actividad censora de la red social deben contarse en cientos de miles, o incluso millones. Sin ir más lejos, mi propia cuenta fue suspendida hace unos días, bajo la nada despreciable acusación de haber participado en una campaña de acoso con fundamento en un tuit en el que empleé términos tan ofensivos, impronunciables y peligrosos como «bragas» o «culo».

No deja de tener su aquel que, durante todo este tiempo, haya sido precisamente la izquierda la que haya justificado los excesos censores de la red social del pajarito azul, en aras a proteger la convivencia democrática de los llamados hate speech o discursos de odio. Porque cualquiera que haya usado Twitter sabe sobradamente de sus inclinaciones progresistas, cuando no directamente woke. Y si les quedaba alguna duda al respecto, sólo tienen que repasar las reacciones de la izquierda tuitera planetaria a la noticia de la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk.

Personas y organizaciones que se visibilizan como activistas de los derechos humanos han mostrado en público su inquietud, desconcierto y también histeria porque el magnate multimillonario ha anunciado su intención de que en la práctica cotidiana de la red social se garantice, precisamente, uno de esos derechos humanos que ellos dicen defender: la libertad de expresión.

Efectivamente, la izquierda woke lloriquea y patalea no porque crea que van a recibir de su propia medicina en forma de censura, sino debido a que, a partir de ahora, la red podría no permitir la limitación de contenidos más allá de lo que pueda sentenciar un tribunal de un Estado de Derecho democrático en aplicación de la ley. Algo que, además de evidenciar el concepto de libertad y de pluralismo con el que se maneja esta gente, ha destapado su modus operandi: el progresismo ha construido en Twitter una suerte de ordenamiento jurídico paralelo que le permitía actuar como un legislador en la sombra, determinando de forma unilateral y arbitraria qué opiniones debían eliminarse por considerarse ofensivas y utilizando tretas y mecanismos para silenciar a la disidencia.

La realidad es que Twitter ha primado el inexistente derecho de ciertos colectivos a no resultar ofendidos frente al universalmente reconocido derecho del ser humano a expresarse con libertad. Éste y no otro es el motivo por el que a los adoradores de lo público no se le caían los anillos a la hora de defender que fuera una empresa privada, y no el sacrosanto Estado, la que limitase arbitrariamente derechos de los usuarios. Tal es su estado de nerviosismo que se atreven a reprobarle a Musk, un particular, que no invierta los 40.000 millones en la compra de Twitter para acabar con el hambre en el mundo, mientras nada tienen que reprochar a papá Estado por despilfarrar 60.000 millones de euros de los impuestos de todos los ciudadanos en gasto público superfluo, según un informe reciente del Instituto de Estudios Económicos.

Con lo fácil que les resulta levantar el dedito moralizante acusador contra los ciudadanos para afearles por invertir cómo y dónde les place el dinero ganado con su trabajo y lo rápido que lo esconden en el bolsillo cuando de lo que se trata es de exigir explicaciones sobre la eficiencia y calidad del gasto a la patulea de políticos colocados en  gobiernos y organismos varios.

A todos los progresistas horrorizados ante la perspectiva de que en Twitter se pueda debatir y opinar en libertad cuando Musk empiece a implementar sus propuestas, me voy a permitir recomendarles un ejercicio de tolerancia, consistente en aprender a asumir que las opiniones distintas a la suya no son ilegítimas, que sólo son intolerables aquéllas que constituyen una incitación expresa a la violencia y que la interpretación y aplicación de la legalidad vigente, incluidos los límites a la libertad de expresión, corresponde a los tribunales y no los tuiteros.