Estado paternalista y ciudadanos virtuosos
«El alcohol, la carne o los azúcares seguirán el camino del tabaco: nuevas moralidades en los programas de los partidos»
Mujer bebiendo una copa | Aleisha Kalina (Unsplash)
El Ministerio de Sanidad –esta vez no estaba el bueno de Alberto Garzón en el ajo- ha dado marcha atrás en su recomendación de eliminar el alcohol en los menús del día de bares y restaurantes que lo ofrecen por defecto. Se trataba de una sugerencia que formaba parte de una estrategia de salud cardiovascular que ha sido aprobada por el pleno del Consejo Interterritorial donde están representadas las Comunidades Autónomas y el propio Estado.
La retirada de la recomendación es consecuencia de la recurrente incapacidad del Gobierno y las administraciones de generar debates públicos ordenados más allá de las típicas maniobras comunicativas y electorales. Por supuesto, mi interés ahora no es discutir si tomar cerveza o vino durante las comidas es bueno o malo, más bien encuadrar la propuesta del Ministerio de Salud en las habituales transformaciones que se producen en la forma de poder estatal y que terminan afectando al principio de libertad.
Solemos definir la democracia como aquél régimen político que permite fomentar individuos autónomos. En su clásico En defensa de la Ilustración Kant decía que no se puede obligar a ningún ciudadano a ser feliz, constituyendo el paternalismo público el mayor despotismo imaginable. Ahora bien, desde que el Estado superó sus contornos liberales y pasó a mediar casi todas las actividades humanas, los poderes públicos nos educan en valores y, a través del derecho paternalista, tratan de conducir nuestros comportamientos por nuestro propio bien.
Al Ministerio de Sanidad le preocupa que bebamos alcohol en las comidas. Esta preocupación tiene su origen, seguramente, en informes de diversos expertos que habrán estudiado los efectos de dicha práctica en nuestra salud. Se parte, implícitamente, de que el mercado es capaz de engañarnos porque nuestro sistema de pensamiento rápido no puede valorar los daños que producimos no a terceros sino a nosotros mismos con la ingesta o compra de determinados productos.
Sin embargo, este interés paternal que invierte el límite a la libertad advertido por John Stuart Mill solo es aparente: a los gobiernos les preocupa también que con nuestros propios actos caigamos enfermos y seamos una carga para un sistema público con problemas de sostenibilidad financiera. En realidad, porque vicios privados terminan convirtiéndose en gasto público, el Estado viene emprendiendo numerosas campañas de información para transformar al hombre de malas costumbres en un ciudadano virtuoso a través de lo que Cass Sunstein y Richard Thaler llaman nudges o empujoncitos.
Este tipo de campañas, que llaman a ejercer la libertad con responsabilidad, nos ponen frente al problema de la neutralidad del Estado, tema de gran actualidad que se cuestiona los límites de un poder público al que con el constitucionalismo social le dimos, quizá sin pretenderlo, la llave de nuestra ciudadela interior. Aunque esa ciudadela esté hoy en pleno retroceso como consecuencia de los estímulos de las nuevas tecnologías, resulta comprensible que la primera reacción ante el paternalismo público sea de defensa de una libertad clásica que hace aguas por todos lados. Pero estas resistencias libertarias suelen durar poco. Recuerden el caso del tabaco. Las larguísimas e ineficaces campañas contra su consumo terminaron en severas leyes de prohibición. Lo mismo ocurrirá con el propio alcohol, la carne o los azúcares: las nuevas moralidades terminarán incrustadas en los programas de los partidos y estos tratarán de hacerlas dominantes a través de nudges primero y normas coactivas después. La guerra cultural seguramente tratará de beneficiarse de ese conflicto entre el Estado y el consumidor: pero quizá sea tarde, el individuo hace mucho que renunció a toda libertad que no sea externamente inducida por la propia necesidad.
