Políticos tuiteros y espías transparentes
«La política española está formada por individuos que se creen personajes de ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ cuando en realidad lo son de ‘Mortadelo y Filemón’»
El caso Pegasus (el supuesto espionaje a políticos independentistas y al presidente y la ministra de Defensa con el programa israelí Pegasus) ha provocado situaciones esperpénticas. Como ha escrito Daniel Gascón, «las dos explicaciones más verosímiles de la gestión de la crisis de Pegasus por parte del Gobierno son la posibilidad de que la principal fuente de inspiración del Ejecutivo sea Miguel Gila y la vigencia de la tercera ley de la política que formuló el historiador británico Robert Conquest: ‘La explicación más sencilla del funcionamiento de cualquier organización burocrática es pensar que está dirigida por una camarilla de sus enemigos’».
En primer lugar, está la falsa sorpresa (uno quiere pensar que es falsa, porque si la sorpresa es real entonces es consecuencia simplemente de la pura estupidez) de quienes han descubierto que una agencia de inteligencia se dedica a espiar a quienes intentan subvertir el orden constitucional. Espiar a los líderes independentistas era un deber constitucional; pensar lo contrario es creer que un Estado es un arreglo informal que uno hace y deshace como quiere. La sobrerreacción de los partidos nacionalistas (de pronto el supuesto PNV pragmático, ese nacionalismo ilustrado y vanguardista, hace los mismos aspavientos y grita «¡Aquí se juega!» como los independentistas catalanes y Unidas Podemos), que exigen que se depuren responsabilidades políticas, resulta ridícula e impostada.
En segundo lugar, el caso ha resucitado el debate sobre lo que ocurrió en otoño de 2017 y si la respuesta del Estado fue proporcional. En El País, Ignacio Sánchez-Cuenca ha sacado de nuevo su artillería escacharrada para justificar que no fue un golpe de Estado porque «los golpes del Estado los protagoniza el Ejército, o se realizan con el apoyo tácito o explícito del Ejército, y siempre se llevan a cabo en secreto, no se anuncian». El politólogo cree que «los líderes hablaron largo y tendido de sus objetivos y de la manera en que iban a actuar para lograrlos. No hubo engaño de ningún tipo. El referéndum del 1 de octubre era un compromiso electoral de la coalición Junts pel Sí en las elecciones autonómicas de 2015». Como fue transparente, no fue un golpe de Estado. Y, claro, como no fue un golpe de Estado, tampoco hubo nada ilegal y no hay motivos para censurar lo que ocurrió. De hecho, su única defensa es que como no fue un golpe de Estado fue algo perfectamente aceptable, normal en democracias: ¡una crisis territorial! Y claro, es injustificable usar el CNI para espiar a líderes involucrados en una «crisis territorial». Como siempre, Sánchez-Cuenca toma por tontos a sus lectores y hace como si el pecado original no existiera, solo la reacción estatal.
En tercer lugar, esta crisis ha demostrado las carencias de los políticos tuiteros. Los grupos parlamentarios se han reunido este jueves en la comisión de secretos oficiales (que ahora se denomina orwellianamente «comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados»). Lo que se discutía en la reunión no podía desvelarse fuera de ella. Los portavoces han tenido que dejar sus móviles en unas taquillas bajo llave. Esto ha provocado un cortocircuito en políticos como Gabriel Rufián, que no entienden que hay cuestiones de seguridad nacional que no pueden usar para ganar clout en redes sociales. «Es absurdo ir a una comisión sin cámaras de la que además no se puede contar nada de lo que ha pasado dentro», dijo al salir de la reunión. Claro. Es que a veces la política es, y debe ser, algo más que la proyección en redes de la marca personal del político y el uso cortoplacista de los asuntos públicos. El caso Pegasus ha demostrado, una vez más, que la política española está formada por individuos que se creen personajes de El ala oeste de la Casa Blanca cuando en realidad lo son de Mortadelo y Filemón.