Constitucionalismo mágico

A finales de octubre de 2019 tuve la grata oportunidad de acudir a la Escuela Libre de Derecho en México D.F. para impartir algunas conferencias, y, aprovechando esa estancia, disfrutar de una privilegiada visita guiada en la Corte Suprema. En la sede, una antigua e imponente mansión afrancesada en la calle Pino Suárez, junto al zócalo y la Catedral Metropolitana, se exhibe un sobrecogedor mural de Rafael Cauduro en el que se narra la «Historia de la Justicia en México», una historia de abusos, torturas, arbitrariedad y desprotección de los ciudadanos más pobres frente a la represión de las autoridades. Al visitante se le hace ver cuán revolucionario resulta que una tan descarnada crítica visual al poder judicial mexicano haya podido impregnar las paredes de su más alta institución. 

Los magistrados (los allí denominados «Ministros de la Corte») disponen de todo el oropel pensable y una infraestructura envidiable para desarrollar su trabajo. Sus salarios resultarían igualmente envidiables para los jueces de Karlsruhe, sede del tribunal Constitucional alemán. Cuando accedíamos a la sala de vistas, se estaba ultimando la tecnología más puntera para que se pudieran seguir en directo las vistas desde cualquier dispositivo. Una muestra más del acercamiento de la administración de justicia al ciudadano; de la transparencia de poder y de que ahora los derechos en México sí van en serio. 

El día que aterrizaba en el Distrito Federal se vivían horas terribles en el país de resultas de la detención en Culiacán de Ovidio Guzmán López, el hijo del célebre narco Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, cuya fuga en 2015 de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano conmocionó al mundo. Cuando Guzmán López ya estaba bajo custodia de la Fiscalía e iba a ser llevado al aeropuerto más cercano para ser extraditado a Estados Unidos, sus compinches del cártel de Sinaloa fuertemente armados habían cercado la ciudad, secuestrado como posible moneda de cambio a varios militares y sus familias, ofrecido millones de dólares a uno de los responsables del operativo y amenazado con sembrar el terror en Sonora, Chihuahua y Durango.

Durante cinco horas la policía y el ejército, ampliamente superados en número, estuvieron sometidos al asedio brutal de los narcotraficantes y decenas de sicarios que se empleaban con armamento que hoy resultaría eficaz contra el ejército ruso en Kiev. Las hostilidades no cesaban y una fuga masiva del penal de Aguaturto sumaba fuerzas al cártel. Se registraban las primeras bajas entre los militares y ello a pesar de que el propio Ovidio, en conversaciones telefónicas con su hermano, estaba dispuesto a ser arrestado para que «parara el desmadre». Finalmente fue liberado por orden directa del Presidente López Obrador para evitar «males mayores», según informó el general responsable del intento de captura, Crescencio Sandoval, en un relato minucioso que se ha presentado como «un ejercicio de trasparencia». A día de hoy se desconoce dónde para Ovidio. 

Ese año 2019 el número de homicidios dolosos en México ascendió a 34.688 de acuerdo con las estadísticas oficiales, una tasa de 27 por cada 100.000 habitantes (en España fue de 0.71). Según los datos del Comparative Constitutions Project, un proyecto liderado por varios constitucionalistas estadounidenses, México consagra en su Constitución 81 derechos fundamentales. Venezuela, país en el que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de ¡60,3! en 2019 cuenta con 82 derechos y Ecuador el récord con 99. La media en la región latinoamericana supera los 70 derechos fundamentales previstos constitucionalmente. En Australia la Constitución reconoce 11 y la de los Países Bajos 26. En España son 60. 

En la región latinoamericana se registran niveles espantosos de violencia; las desigualdades son lacerantes y cualquier métrica del bienestar y desarrollo humano que uno aplique arroja un panorama que no invita a ninguna complacencia. Pero abundan los catálogos de derechos (la de Ecuador establece que la Naturaleza tiene derecho a su restauración); las extensísimas Constituciones preñadas de pluri-sustantivos y Cortes supremas con activos magistrados formados en instituciones de prestigio dispuestos a tomarse más en serio que nadie cualquier nuevo derecho con el que se haya podido especular.

Esta misma semana en la que se produjo la conmoción por la filtración del borrador de sentencia con la que la Corte Suprema de los Estados Unidos puede acabar con la doctrina en materia de aborto sentada la sentencia Roe v. Wade (1973), la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la pesca deportiva. Hace dos meses sentenció la inconstitucionalidad de la penalización del aborto que se practique hasta la semana 24, un plazo permisivo inaudito en la inmensa mayoría de los países.

El Tribunal constitucional boliviano consideró en 2017 que la reelección de Evo Morales era un «derecho humano». Y por encima de todas esas instancias la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia a la hora de velar por los derechos también resulta llamativa, no solo por la interpretación que puede llegar a hacer de los mismos, sino también por las medidas que impone como remedio a la violación del derecho sometido a escrutinio. En el reciente caso de Vicky Hernández y otras contra Honduras (2021) se declara la responsabilidad directa del Estado por el asesinato de Hernández, una mujer trans prostituta, toda vez que en un «contexto de violencia y discriminación contra las personas LGTBI de Honduras», no hizo lo suficiente ni para evitar el crimen ni para su esclarecimiento.

La Corte considera que el asesinato fue un caso de violencia por su identidad y expresión de género, es decir un «transfeminicidio», condenando al Estado a que, en el plazo de dos años, adopte un procedimiento para reconocer la identidad de género, de tal forma que el registro público y el documento de identidad sean conformes con la identidad de género auto-percibida, una medida que en incontables Estados dista mucho de ser pacífica. Junto a ello, y como medida de reparación, obliga a Honduras a la realización de un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras y a la creación de becas de estudios Vicky Hernández para adolescentes trans cuya gestión estará a cargo de una organización en defensa de las personas trans hondureñas a designar por las víctimas o sus representantes. 

Los trabajos de la Convención constituyente en Chile se aceleran ante la inminencia del plazo de 5 de julio para la entrega de la propuesta de nueva Constitución y el plebiscito para su aprobación o rechazo previsto para el 4 de septiembre. Algunas discusiones son, obviamente álgidas; así, el alcance del derecho de propiedad, el instituto de la expropiación y en qué habrá de consistir el «justiprecio», la posibilidad de que se cree un sistema judicial paralelo en atención a las demandas de los llamados «pueblos indígenas originarios», entre otras. No faltará una surtida panoplia de derechos sociales y culturales; de momento se ha aprobado la «salud» como un derecho universal garantizado por parte de un sistema nacional de salud que habrá de regirse por los principios de: «equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación». Once. Apuesto a que el, por tantas razones, admirado y combatiente iusfilósofo Juan Antonio García Amado, podría haber doblado la apuesta y enunciar otros 11. 

En fin, nada de todo ello – cuál sea finalmente el texto en el que decanten las deliberaciones de los constituyentes chilenos y el registro de sus discusiones-será relevante si a la larga el guardián de la Constitución abraza una de esas interpretaciones evolutivas que convierten a la norma fundamental en una chistera de la que cabe extraer cualquier conejo. O coneja. 

No olviden los constituyentes chilenos, y cualquier otro entusiasta del activismo constitucional, que también hay magos «diestros» que pueden perfectamente operar con parecida prestidigitación hermenéutica a la que hoy aplauden como «progresiva».