Peronismo hispano e inflación

La inflación se dispara al 10,2%, Christine Lagarde, más vale tarde que nunca, avisa que el BCE subirá los tipos de interés todo lo que sea necesario para estabilizar una inflación que se nos ha ido de las manos, el BIS desde su observatorio de Basilea se pregunta si no estamos asistiendo a un cambio estructural a un régimen de alta inflación, si no estamos acercándonos peligrosamente a la estanflación y  alerta de que hay demasiados síntomas del final de la era de globalización que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Y mientras, ¿qué hace el Gobierno español? Peronismo económico del más rancio. Solo en la última semana ha utilizado discrecionalmente el Fondo de Ayuda a la solvencia de empresas estratégicas, la SEPI para entendernos, con criterios de amiguismo político, ha tomado el control de una compañía cotizada, Indra, con la ayuda de su fiel magnate de prensa, ha removido al presidente del Instituto Nacional de Estadística, porque sus cifras «no reflejan la fortaleza de la recuperación», y  ha aprobado un plan de recuperación que es inflacionista, amén de electoralista.

La inflación se ha convertido en un problema social. Ha salido de la zona de «irrelevancia  racional» en la que ha estado casi 20 años. Los fuertes y persistentes aumentos en precios especialmente visibles y simbólicos, como alimentos y energía, han modificado las expectativas de los agentes sociales. Las tensiones de precios se han generalizado y afectan ya a las dos terceras partes de la cesta de la compra. La pérdida de capacidad adquisitiva de consumidores, trabajadores y pensionistas está provocando comprensibles pero contraproducentes reacciones defensiva de su poder de compra. En este nuevo y preocupante clima social, las empresas tienen ahora más fácil trasladar incrementos de costes a precios. Y gobiernos populistas aceptan fácilmente esa lógica porque su pensamiento está aún instalado en la barra libre fiscal de tipos de interés irrelevantes para el servicio de la deuda. Siguen soñando con un banco central que monetice la deuda pública. Evitar este salto a un régimen inflacionista exigirá políticas monetarias claramente restrictivas durante mucho tiempo. Entramos en una nueva era de tipos de interés. Ya no se trata de normalizar la política monetaria, sino de que ésta sea claramente restrictiva durante el tiempo que sea necesario para volver al régimen mental de inflación baja. Éste debería ser ahora la máxima prioridad no solo de los bancos  centrales, como ya parece serlo, sino de todos los gobiernos responsables. Para cumplir ese objetivo será inevitable un cierto daño al crecimiento y el empleo. 

El Fondo de rescate de la SEPI estaba bien concebido para ayudar temporalmente a aquellas empresas solventes y rentables que habían entrado en dificultades como consecuencia de la paralización de la actividad económica con la covid-19 y la decisión política de combatirlo mediante el confinamiento social. No se ha utilizado para eso. El Gobierno ha preferido emplearlo en una maniobra de clientelismo empresarial. Abengoa, Duro Felguera y Celsa son un perfecto ejemplo de discrecionalidad política. El rescate de Plus Ultra es otra cosa, solo se puede justificar como una operación de política exterior, bolivariana. Pero volvamos a las tres citadas. Se trata de tres grandes empresas industriales con serios problemas de solvencia desde la crisis financiera. Básicamente por cometer entonces el mismo error, endeudarse en exceso para financiar ambiciosos planes de crecimiento que la crisis se llevó por delante Su deuda ha sido ya restructurada varias veces en convenios de acreedores privados con ciertos incentivos públicos. Sus dueños iniciales se han ido diluyendo y dando entrada en el capital a otros nuevos, más o menos próximos al poder político, como reflejan sus consejos de administración. Y ahí está la clave de su rescate. Esa es la única diferencia entre las tres. Asturias es un feudo socialista que no se puede permitir la desaparición de un mito industrial, que me perdonen mis paisanos. Celsa es el mejor ejemplo de la socio-convergencia catalana y de su coste para el contribuyente nacional. El procès estará muerto, pero algunos siguen haciendo caja con él. Pero Abengoa es andaluza, esos desgraciados que han optado por dar mayoría absoluta al PP. ¡Se van a enterar!

El asalto al poder en Indra es una nacionalización sin justiprecio, una toma de control de una empresa cotizada por el Gobierno de la nación y sus amigos: un inversor franco-armenio al que compensar sus desvelos, y quién sabe si sus pérdidas, por liquidar la credibilidad de la prensa de centro-izquierda y ponerla al servicio personal del presidente Sánchez, y un empresario del PNV con el que mantener el complejo industrial militar vasco, eso sí con el dinero del contribuyente español que el cupo viene justito. Supone un duro golpe a la credibilidad institucional de España. Un país en el que los inversores saben ahora que (i) los consejeros independientes son removibles a voluntad del poder político, y del presidente de la compañía aunque no tenga ni poderes ejecutivos, y (ii) el Gobierno puede coaligarse con algunos amigos y quedarse con cualquier compañía, sin que los accionistas minoritarios tengan más opción que el pataleo. Todo muy ejemplar. La situación económica nos vuelve a hacer dependientes de la confianza de los inversores externos. Solo una rápida y decisiva intervención de la CNMV exigiendo a la compañía el lanzamiento de una OPA puede aliviar parte del daño reputacional infligido. Esperemos que su consejo esté a la altura. Nos jugamos que el país quede al albur de arribistas sin escrúpulos y comisionistas varios.

Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, la vicepresidenta económica se aviene a cesar al presidente del Instituto Nacional de Estadística. Perdón, formalmente una dimisión por asuntos personales para quedarse como asesor del organismo, un eufemismo para seguir cobrando sin molestar. Las noticias de que el Gobierno no estaba contento con los datos oficiales eran conocidas hace tiempo. En su característica humildad, ellos sabían mejor que nadie la intensidad de la recuperación, la fortaleza del empleo y la caída de la inflación. Que el INE se empeñase en rebajar el crecimiento, desvelar el maquillaje contable del supuesto empleo fijo  y medir tan mal el IPC, que se les ha ido por encima del 10%, cuando es obvio que los precios ya están cayendo gracias a las poderosas medidas de control adoptadas por nuestro querido Ejecutivo, solo puede deberse a una conspiración mediática de los poderosos, a una campaña organizada que merece una respuesta contundente. Hay países que cuando los datos vienen mal, no publican estadísticas. Hay otros que cambian la metodología para evitar comparaciones odiosas. Y un tercer grupo que directamente cesa a los responsables hasta encontrar un técnico fiel que sepa doblar la mano a los funcionarios. Este gobierno de progreso ha hecho las tres cosas. Todo un ejemplo para el universo peronista ahora que el mundo vuelve la atención al granero  latinoamericano.

Por último, del plan de recuperación y respuesta económica aprobado en consejo de ministros extraordinario del sábado, solo se pueden decir dos cosas: es irrelevante y si acaso inflacionista. Permítame que acabe con una cita americana un poco pedante aprovechando la cumbre de la OTAN. Como ha escrito Anne Kruger, una gran economista norteamericana que fue economista jefe del Banco Mundial y directora ejecutiva adjunta del FMI, «los esfuerzos de esta administración para combatir la inflación han sido ineficaces y contraproducentes. Por si esto no fuera suficiente, son directamente contrarios a sus objetivos ambientales». Se refería al presidente Biden, pero es perfectamente aplicable a su nuevo amigo Sánchez. Combatir el calentamiento global subsidiando indiscriminadamente el consumo de hidrocarburos es peor que un error, una estupidez.