Escándalo Vivanta: tres datos que usted debería conocer

Si usted es lector habitual de THE OBJECTIVE, seguramente estará un tanto sorprendido por las informaciones que le estamos dedicando en los últimos días a una empresa de nombre Vivanta. Puedo llegar a entender su sorpresa, con la que está cayendo ahí afuera, pero un periódico serio no puede dejar de asumir su responsabilidad cuando está en juego el destino de 40 millones de euros de las arcas públicas españolas.

Quien esto firma ha estado detrás de la publicación, entre otros escándalos, del rescate a la aerolínea Plus Ultra: 53 millones de euros concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a una empresa casi fantasma con el tramposo argumento de que se trataba de una compañía «estratégica». Afortunadamente, el caso está en los tribunales y pronto podremos saber si hubo prevaricación por parte del Ejecutivo.

En el caso de las clínicas dentales Vivanta hay, como les venimos contando en primicia durante los últimos días, suficientes elementos como para desconfiar de una ayuda que ha llegado en el último Consejo de Ministros en el que el Gobierno podía sacar la chequera, pues tres días después terminaba el plazo para rescatar empresas que en 2019 fueran plenamente rentables y que, por culpa de la covid, hubieran visto comprometida su viabilidad.

Prisas del Ejecutivo al margen, paso a contar los tres datos más alarmantes de este escándalo:

1.- ¿Una empresa estratégica? El fondo que administra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Gobierno, sólo puede emplearse para rescatar empresas estratégicas. Y, una vez más, nos encontramos ante un caso donde no parece que podamos usar ese calificativo. Si nos atenemos a los números, Vivanta posee actualmente 167 clínicas dentales de las más de 23.500 que hay en España. ¿Se puede ser empresa estratégica cuando sólo tienes el 0,7% del mercado?

2.- ¿Una empresa viable? Los requisitos del fondo son muy tajantes: no se le puede dar ayuda a una empresa que ya estuviera «en crisis» en el año 2019, pues se trata de rescatar a compañías que hayan entrado en problemas como consecuencia de la covid, no antes. Y en el caso de Vivanta nos encontramos con una situación muy similar a la de Plus Ultra en su momento: jamás en sus tres años de historia ha dado beneficios. Y, de hecho, las pérdidas se fueron incrementando desde los 9,8 millones de 2017, cuando nació la empresa, hasta los 45 millones con que cerró 2019.

3.- ¿Una empresa condenada? Los requisitos de la SEPI también exigen que para poder recibir una ayuda la empresa no haya sido condenada previamente por un delito económico. Y, aunque en este caso todavía no hay sentencia firme, sí existen numerosos frentes judiciales abiertos por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. Aunque es cierto que algunas de las querellas han sido archivadas, todavía hay accionistas minoritarios de Vivanta que luchan en los tribunales contra la cúpula de la empresa por, entre otras cosas, llevar supuestamente una contabilidad paralela para eludir compromisos de pago. ¿Tiene sentido poner 40 millones de euros encima de la mesa sin esperar a que se esclarezcan antes esos casos pendientes en los tribunales?

Los tres puntos mencionados son lo suficientemente importantes como para que el Gobierno dé una explicación urgente y publique los informes en los que ha basado su decisión de rescatar a Vivanta. Y, como no lo va a hacer, porque hay ya numerosos precedentes, esperemos que al menos la oposición se ponga las pilas y haga de este asunto bandera para no repetir errores pasados (al menos el PP ya ha olido la sangre).

Si alguien tiene dudas al respecto, puede llamar al Consejo General de Dentistas, donde están que se suben por las paredes con este rescate porque resulta que el Gobierno les ha concedido una subvención de 44 millones de euros a repartir entre todas las clínicas de España… mientras que a Vivanta le han soltado 40 millones de una tacada. El día que destapemos el vínculo entre Vivanta y el Gobierno nos vamos a reír un rato.