¿Qué está pasando en Hacienda?

Además de por tener a la ministra que tiene, en los últimos días el Ministerio de Hacienda -en concreto, la Agencia Tributaria- ha ocupado espacio en los medios de comunicación por dos noticias relacionadas con casos de corrupción. La primera informaba de la detención de un grupo de funcionarios que, en conexión con terceros, se dedicaban a expedir fraudulentamente certificados falsos de «estar al corriente de pagos con la AEAT» a empresas que no lo estaban permitiendo así que, fraudulentamente, pudieran suscribir contratos con el Estado o acceder a la percepción de subvenciones públicas. Conviene exponer que los funcionarios detenidos tienen un nivel administrativo medio/bajo, no siendo la función de certificación una tarea especialmente compleja ni sofisticada. Cuestión distinta es que implicara un riesgo de fraude, como así parece haber sucedido.

La segunda noticia informaba de una sentencia condenatoria a una inspectora de Hacienda por haber obtenido, mediante el correspondiente fraude, devoluciones tributarias de importe elevado que correspondían a terceros -futbolistas extranjeros que jugaron algún tiempo en España-, fraude que, según la noticia, cometió con la complicidad de abogados de las víctimas. En mi opinión, este caso es más grave que el anterior, tanto por haberse cometido por una funcionaria con mayor nivel de responsabilidad dentro de la AEAT como por la existencia de terceros que han sido estafados. 

Lo cierto es que la publicación casi seguida de las dos noticias a las que he hecho referencia ha podido dañar la imagen de la Agencia Tributaria y la confianza social en su desempeño, trasladando a aquellos que las han conocido la impresión de que «algo huele a podrido en Dinamarca». Por la impresión que me han trasladado compañeros, amigos, familiares, lo ocurrido ha podido percibirse como prueba de que la corrupción está instalada y expandida en la Agencia Tributaria, circunstancia grave que les produce desazón y aún más, enfado. A fin de cuentas, la Agencia Tributaria es quien nos vigila a todos para que todos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, y si la corrupción campa en su interior ¡Estamos apañados! Pues bien, en mi opinión no ha lugar a reflexiones como las anteriores tal como voy a intentar explicar. 

«Es innegable que las funciones que cumplen muchos de los funcionarios de la Agencia Tributaria incorporan un alto riesgo de corrupción»

De entrada, es innegable que las funciones que cumplen muchos de los funcionarios de la Agencia Tributaria incorporan un alto riesgo de corrupción. Es así, baste pensar que las decisiones adoptadas por aquellos influyen considerablemente para bien o para mal en el patrimonio de los afectados por lo que deciden. En este escenario, la posibilidad de dejarse corromper no es en absoluto descartable. Pero precisamente por ello, la institución tiene planes, órganos y funcionarios específica y exclusivamente destinados a prevenir, detectar y castigar los casos de corrupción. El Servicio de Auditoría Interna -SAI- es el encargado de cumplir con esas funciones y, créanme, su actuación responde a cualquier característica menos a la pasividad. Los antecedentes, varios de ellos con relevancia mediática, le avalan. Es más, estoy seguro que en los dos casos descritos, el SAI ha participado activamente, bien detectando los primeros indicios, de la conducta irregular, bien colaborando posteriormente en la investigación y esclarecimiento de los hechos, responsables y cómplices. 

Profundizando en la cuestión, considero que la sociedad española no debe juzgar a la Agencia Tributaria por que en su seno se produzcan casos de corrupción. Por lo que he dicho anteriormente, es prácticamente inevitable dado el tipo de funciones que cumple la entidad. Por el contrario, opino que el juicio social debe basarse en la respuesta de la institución ante los casos que se produzcan, debiendo condenarla si su actitud fuera timorata o basada en aquello de «los trapos sucios se lavan en casa» o, en sentido alternativo, absolverla socialmente si responde con energía y eficacia para mantener la pulcritud con la que deben desarrollarse las sensibles funciones que desarrolla.

En mi opinión, la habitual respuesta de la Agencia Tributaria es la segunda por lo que resulta merecedora de la absolución social. En concreto, en los casos expuestos y conociendo sobradamente el perfil -profesional y humano- tanto del actual Presidente de la entidad y Secretario de Estado de Hacienda, como -también sobradamente- el de su Directora General, tengo el pleno convencimiento del carácter impoluto con el que ha actuado el organismo. La sociedad española puede estar tranquila: Algún/os funcionario/s de la Agencia Tributaria puede/n haberse corrompido o pueden corromperse en el futuro. La institución, en absoluto.