La solución definitiva para el conflicto catalán: no hacer nada
«La insistencia en 2022 de que el problema es político y su solución es estrictamente política implica un olvido intencionado de lo que ocurrió en 2017»
Sánchez y Aragonés se reúnen en La Moncloa para retomar el diálogo | Europa Press
Sobre lo que quieren decir los políticos nacionalistas y sus compañeros de viaje cuando hablan de «desjudicializar el conflicto catalán» ya escribió muy acertadamente Juan Claudio de Ramón en su imprescindible Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña: Breviario de tópicos, recetas fallidas e ideas que no funcionan para resolver la crisis catalana (Deusto, 2018): «Judicializar la política significa […] vivir en un Estado de derecho. Y vivir en un Estado de derecho significa no vivir bajo el arbitrio de nadie. Pretender que la política es una actividad privilegiada, extramuros de la jurisdicción de la justicia, con venia para desplegarse al margen de las leyes, es tanto como liquidar el pluralismo político, que sólo puede darse bajo un marco legal común y vinculante para todos. No poder judicializar la política significa que la justicia está politizada y es de parte: queda destruida la confianza del ciudadano en su Estado, basada en la certeza de que éste tiene límites que no puede desconocer sin castigo».
Lo peor no es el uso fraudulento de esa idea por parte de los independentistas; al fin y al cabo, su concepción de la política es plebiscitaria y populista. Cuando piden «desjudicializar» la cuestión, lo que reivindican es simplemente la impunidad, una especie de carta blanca para poder practicar todas las veces que quieran y sin consecuencias sus proyectos de construcción (con piezas de Lego) nacional. Lo realmente indignante es cómo partidos como el PSOE le compran la mercancía averiada. El Gobierno central ha firmado con el Govern un «acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías». Superficialmente, parece una obra maestra de retórica vacía. En parte lo es. Está lleno de eufemismos y vaguedades («apuesta por el diálogo y la negociación como vía para la resolución del conflicto político y la profundización de la democracia»). Pero detrás de ellos hay concesiones retóricas importantes (que luego se traducen siempre en concesiones reales), si bien no son nuevas.
«Lo que el independentismo le está pidiendo al Gobierno, y éste le está prometiendo, es que hará todo lo posible para que una cincuentena de procesados por delitos conexos con el 1-O no se siente en el banquillo»
El acuerdo habla de «avanzar en el diálogo y la negociación superando y poniendo fin a la dinámica y los efectos de la judicialización». En esencia, lo que el independentismo le está pidiendo al Gobierno, y éste le está prometiendo, es que hará todo lo posible para que, como ha escrito José Antonio Zarzalejos, «una cincuentena de procesados por los juzgados de Barcelona por delitos conexos en la asonada del 1-O no se siente en el banquillo. [Aragonès] le exige a Sánchez que la Fiscalía retire y/o modere las acusaciones y que en caso de condena —que las habrá— vuelva a utilizar el derecho de gracia».
La insistencia en 2022 de que el conflicto catalán es político y su solución, por lo tanto, es estrictamente política implica un olvido intencionado de lo que ocurrió en 2017. En su libro, Juan Claudio de Ramón cita las palabras del federalista canadiense Stéphane Dion, que en una charla en Barcelona en 2010 alertó de los peligros de una estrategia de «contentamiento» con los nacionalistas. Me interesa especialmente el último punto de su intervención: «La estrategia del contentamiento corre el riesgo de liberar a los líderes secesionistas de la carga de la prueba en cuanto a la oportunidad y a la viabilidad de su proyecto, y de transferir toda esta carga a los defensores de la unidad nacional. Éstos tienen que asumir la responsabilidad de llevar a cabo las grandes reformas que solucionarán todos los problemas, así como la carga de la prueba. Se elude toda reflexión y toda discusión sobre el porqué y el cómo de la secesión. [Los líderes secesionistas] pueden contentarse al repetir: ‘puesto que los federalistas no han llevado a cabo la gran reforma, nos marchamos’». Cuando el Gobierno dice que hay que hacer política, que hay que hacer algo para solucionar el conflicto, y critica a quienes no hicieron nada en el pasado, está asumiendo el marco equivocado: que si no haces nada para resolver el conflicto, eres en cierto modo culpable de él. Los sucesivos gobiernos que intentan hacer «algo» siempre creen que la pelota está en su tejado; es algo que fomentan los independentistas y compañeros de viaje: te toca mover pieza, gobierno central. Pero el gobierno central no debería hacer absolutamente nada. Sueño con un líder político nacional que proponga no mover un dedo para resolver el conflicto catalán.
