Ajustes animales y desajustes humanos
«La ley de protección animal es en realidad una ley animalista. No es de extrañar que entre las voces que se han alzado en contra figuren las de los veterinarios»
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. | Europa Press
No sé si repararon a comienzos de mes en que el Consejo de Ministros había dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los animales. Será, cuando su aprobación en las Cortes le confiera rango de ley, la primera de este tipo para todo el territorio nacional. Bien está, sobra precisarlo, que exista un marco común en la lucha contra el maltrato y el abandono de los animales que viven en el entorno humano, y que los responsables de estos actos sean reprendidos y sancionados por igual en cualquier parte de España. Ocurre, sin embargo, que esta ley, al igual que la gran mayoría de las iniciativas legislativas de este Gobierno o de las fuerzas parlamentarias que le prestan su apoyo, es una ley de parte. Lejos de buscar el acuerdo más amplio posible con los distintos sectores afectados, el ministerio de Ione Belarra ha elaborado una norma decantada, partidista. No estamos, en realidad, ante una ley de protección animal, sino ante una ley de protección animalista. Y cuando un precepto de esta envergadura descansa más en el sufijo que en la propia raíz del término, como es el caso, mala señal.
Por otro lado, el texto se caracteriza en más de una ocasión por un antropomorfismo impropio –se habla, por ejemplo, de la dignidad de los animales–, al tiempo que se desdeñan las consideraciones científicas y técnicas de su cuidado. No es de extrañar que entre las voces que se han alzado en contra figuren las de los veterinarios. Tanto más cuanto que el proyecto de ley, en una de sus disposiciones adicionales, abre la puerta a la homologación y adquisición de titulaciones para las «personas responsables de las Entidades de Protección Animal y los/las profesionales que (…) trabajen con animales de compañía», con lo que se las dota de capacidad de intervención y decisión en parcelas que hasta la fecha estaban reservadas a los profesionales especializados, o sea, a los veterinarios. Es difícil no ver en dicha medida un reflejo del progresivo deterioro del esfuerzo y el mérito como valores que preservar, perceptible ya en la voluntad de convertir las oposiciones en simples pasarelas, los títulos en meros trámites, y la adquisición y transmisión del conocimiento en una verdadera reliquia.
«Parece indiscutible que en España faltan enfermeros y sobran veterinarios»
Y si, intrusismo aparte, se precisara más personal para ejercer las labores previstas en la ley, aún se entendería. Pero resulta que anteayer mismo este medio publicaba una información en la que se contraponía la falta de enfermeros al exceso de veterinarios. Las fuentes eran los sindicatos de cada uno de los gremios, y los datos en que se basaban, los de nuestro país en relación con el conjunto de los de la Unión Europea. Tanto en el caso de los enfermeros como en el de los veterinarios, en España se está porcentualmente bastante por debajo y muy por encima, respectivamente, de la media europea. El cálculo se establece en función de la oferta de plazas universitarias: las que se ofrecen en España en comparación con la media resultante de las ofrecidas en el conjunto de la UE. Y sí, vistos los porcentajes, parece indiscutible que faltan enfermeros y sobran veterinarios. Es más, en el caso de estos últimos está a punto de abrirse una nueva facultad, con lo que el desajuste no hará más que agudizarse.
La universidad española –suponiendo que tal concepto siga teniendo sentido y no haya pasado ya a mejor vida con el progresivo desmembramiento del Estado– necesita con urgencia –y debidamente adaptadas a su ámbito, claro– dos de las medidas previstas también en el proyecto de ley animalista. De una parte, una centralización efectiva, una ley que en verdad ordene la dispersión generada por el trasvase de competencias y, pues, de autoridad a los 17 reinos de taifas autonómicos. De otra, una suerte de esterilización, cuando no de eutanasia, que permita ajustar lo desajustado y acabar con la dispersión y los desequilibrios presentes. Y como de esto no se van a ocupar los que ahora gobiernan, es de esperar que los que vengan detrás sean, ante todo, de otro color y, luego, se pongan manos a la obra y no les tiemble el pulso. Lo mismo con los animales que con los humanos.
El 19 de septiembre de 2015, dos animales (o animalistas, que viene a ser lo mismo) quitaron a un mendigo de París su única compañia: un perro. El pretesto fue que el can sufría por vivir en la calle. Del mendigo, ni mención.
En abril de 2018, otros dos animales, o animalas quitaron a una mujer mendiga en Barcelona con el mismo pretesto, y la misma indiferencia ante otra tragedia humana, pues no tiene otro nombre que un ser humano, anciano para más inri, duerma sobre un cartón como colchón y se tape con otro para evitar el frío.
Esas dos animalas barcelonesas fueron denunciadas, pero el juez que vio el caso tuvo la sensibilidad de detallar en su sentencia absolutoria que, si bien las dos animalas actuaron incorrectamente, no es menos cierto que actuaron con la intención de proteger a Pitusa, la perrilla de la anciana indigente.
Pitusa vive hoy con una nueva familia, feliz y contenta. Los animalistas, animalistos y animalistes pueden dormir tranquilos. Pero aquella anciana sigue durmiendo en la calle.
Gracias a esta ley y a jueces como el titular de la Sala de Instrucción 10 de Barcelona, la sensibilidad humana se escapa o escapará por los sumideros que llevan ese tipo de aguas al mar. Aguas cargadas de indiferencia, frustraciones y vacíos existenciales.
Y no. Esto no es surrealismo: la ministra de derechos sociales es la que promueve estas cosas.