Pensiones e IPC: un debate espurio sobre un problema inexistente
«Hay recursos suficientes para aplicar los mecanismos institucionales previstos y mantener el valor monetario de las pensiones en el año 2023»
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. | Europa Press
El pasado mes de junio el ministro Jose Luis Escrivá denunciaba en un foro público lo que consideraba un debate «artificial, espurio y lleno de falsedades» en el que se venía a cuestionar la actualización de las pensiones por el IPC. A pesar de que el ministro tenía más razón que un santo, el debate ha proseguido en estas últimas semanas con tonos cada vez más tremendistas y notable ausencia de argumentos.
El contexto es una economía española que padece una inflación alta y súbita a pesar de haber delegado la política monetaria en una institución europea, el Banco Central Europeo, cuya teórica razón de ser es precisamente garantizar la estabilidad de precios. España, como el resto de los países europeos, se ha dotado de un mecanismo que debiera garantizar el mantenimiento del valor monetario de las pensiones, en nuestro caso mediante su actualización anual con el Índice de Precios al Consumo. Sorprende, sin embargo, leer en algunos medios de comunicación cómo ciertos comentaristas cuestionan la aplicación de los mecanismos razonables previstos en la legislación.
La cuestión, pues, que se pretende abordar en este artículo es si existen motivos de carácter económico que realmente desaconsejen o impidan la actualización de las pensiones con el IPC en el año 2023. En general, los motivos que se apuntan para cuestionar la actualización de las pensiones con el IPC se pueden clasificar en dos grandes grupos: la relación entre pensiones, salarios y un posible pacto de rentas y la viabilidad presupuestaria de la actualización.
Como economistas, las preguntas relevantes que deberíamos hacernos serían del siguiente tenor: la actualización de las pensiones con el IPC, ¿deteriorará la competitividad de la economía española el próximo año?; ¿puede provocar un efecto de segunda ronda que agrave el proceso inflacionista como consecuencia del aumento de los costes de producción de las empresas?; ¿cuenta el Estado con los recursos presupuestarios para hacer frente a esta actualización o será necesario aumentar los tipos impositivos para financiarla? Podemos ya anticipar que la respuesta a todas estas preguntas es negativa porque el problema planteado es sencillamente inexistente.
«Los procesos inflacionistas conllevan muchos problemas, pero no el de la financiación de las cuentas públicas, salvo que se entrase en un proceso hiperinflacionario extremo que, hoy por hoy, nadie contempla»
En este debate espurio denunciado por el ministro Escrivá se confunde con frecuencia la naturaleza económica de la pensión de jubilación, que es una promesa de pago ligada a ciertas aportaciones pasadas, con el salario, que es la retribución de un factor de producción. Las pensiones, al contrario que los salarios privados y públicos, no determinan la estructura de costes de producción de la economía ni su competitividad. Por ello, si se decidiese acometer un pacto de rentas para preservar la competitividad de la economía española en el actual entorno inflacionista, no habría ninguna necesidad desde un punto de vista económico de integrar en el mismo a las pensiones.
También resulta curioso leer las diatribas contra el mantenimiento del valor monetario de las pensiones con el argumento de que supone «mucho dinero». Ser mucho o poco nada dice sobre la calidad y procedencia del gasto presupuestado. No obstante, cabe preguntarnos si en este contexto inflacionista se dispondrá de los recursos necesarios. Los procesos inflacionistas conllevan muchos problemas, pero no el de la financiación de las cuentas públicas, salvo que se entrase en un proceso hiperinflacionario extremo que, hoy por hoy, nadie contempla. Esto es así porque los ingresos públicos están ligados al PIB nominal y, de hecho, dada la naturaleza progresiva de la tarifa de algunos impuestos, cabe esperar que éstos aumenten incluso a una tasa mayor que el propio PIB nominal. De hecho, en los cinco primeros meses del año 2022 la recaudación fiscal de la Agencia Tributaria ha aumentado un 25% en relación con el año 2021. Las cotizaciones de la Seguridad Social aumentaron el primer semestre del año 2022 un 8,4% en comparación con el mismo período del año 2021. También y como consecuencia del aumento del PIB nominal, el ratio deuda/PIB, que es una referencia clave para determinar la sostenibilidad de las finanzas públicas, está cayendo desde el segundo trimestre del año 2021 y es previsible que lo siga haciendo en el resto del año 2022.
Por lo tanto, recursos hay para aplicar los mecanismos institucionales previstos y mantener el valor monetario de las pensiones en el año 2023. Quien quiera defender lo contrario debería explicar por qué se quiere dañar en España a tantas personas mayores sin ninguna necesidad.
