No desaprovechen la ocasión
«Ahora los políticos y los partidos tienen una buena ocasión de rectificar el rumbo y recuperar prestigio: hay que renovar el Tribunal Constitucional»
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. | Europa Press
Parece que en este mes se cubrirán las cuatro plazas de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) cuyo mandato venció el pasado 11 de junio y están en situación de prórroga (no caducados, como se suele decir impropiamente).
No es un grave retraso, es un justificado retraso, pero parece que hay prisa: el Congreso se ha reunido en agosto. La aprobación por vía de urgencia de la ley del aborto, sin esperar al dictamen preceptivo del Consejo Fiscal ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es una muestra que explica en parte la razón de estas prisas. Encima, está pendiente la sentencia del TC acerca del recurso interpuesto en junio de 2010, ¡doce años! Este sí que es un retraso injustificable. Pero si esta sentencia se pronunciara en breve, pues se supone que está más que estudiada, podría entrar en conflicto con el contenido de la nueva ley. Otro motivo para meter prisa.
El retraso más escandaloso se da en la renovación del CGPJ: casi cuatro años esperando, casi cuatro años incumpliendo la Constitución. Precisamente es este Consejo quien debe designar a dos de los nuevos magistrados del TC, a la vez que el Gobierno debe hacer lo mismo con los otros dos. Para que esto sea posible, se aprobó hace poco una ley orgánica de reforma de la ley orgánica de dicho Consejo que, a su vez, había modificado otra ley orgánica aprobada hace un año que modificaba la ley orgánica anterior.
«Se legisla mal, se manosean las instituciones, no se respeta la Constitución, se erosiona la democracia, se desprestigia al parlamento y se debilita al Estado»
En fin, no sigo, no quiero marearles, ni siquiera pretendo que me entiendan, el asunto es enrevesado y roza el teatro del absurdo. Con lo dicho sólo quiero trasmitirles una idea: se legisla mal, se manosean las instituciones, no se respeta la Constitución, se erosiona la democracia, se desprestigia al parlamento y se debilita al Estado. Como mínimo todo eso y, como no pasa desapercibido, la política y los políticos se desacreditan, la confianza en ellos es menguante y todos los sondeos lo confirman desde hace años.
En efecto, hasta el año 2004 la satisfacción por el funcionamiento de la democracia en España era aceptable, algo más del 50% de los ciudadanos se mostraban satisfechos: diez años más tarde este porcentaje se redujo al 20% y en los años siguientes ha aumentado pero poco. En los últimos eurobarómetros el 90% desconfía de los partidos políticos, el 76% del Congreso y el 74% del Gobierno. Y quienes mantienen una alta reputación son la Policía y la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, la ciencia y la universidad, recuperando posiciones la corona en los últimos años.
Por fortuna la democracia sigue siendo con mucho la opción preferida, apenas hay porcentajes de población que se muestren antidemócratas, el peligro no va por ahí, el peligro está en el creciente desprestigio de los políticos, por su mal manejo de las instituciones, por su ineptitud en saber resolver los problemas. Por tanto, el desprestigio no es de la democracia sino de los gobernantes, sean gobierno o sean oposición.
No parece que éstos se den cuenta, siguen más preocupados por sus trapisondas, como las que explicábamos al principio, que por los intereses generales. Ya sé que lo que más preocupa a los ciudadanos no es el buen funcionamiento de las instituciones sino, como se suele decir, las cosas de comer: la inflación, la desigualdad social, la subida de los costes energéticos, el paro, la inseguridad en el trabajo…
Ello es cierto. Pero también es cierto que estos mismos ciudadanos se preguntan, sin entender muy bien de sutilezas jurídicas, lo siguiente: si nuestros gobernantes se saltan las normas a su conveniencia, dan preferencia a sus intereses de partido por encima del interés de todos, son incapaces de pactar aquello que están obligados a pactar, ¿no harán lo mismo para resolver otros problemas mucho más difíciles de resolver como son los antes enunciados, la inflación, el coste de la energía, el paro, etc.? De ahí la desconfianza, la falta de credibilidad, la desafección.
Pero todo tiene remedio y ahora los políticos y los partidos tienen una buena ocasión de rectificar el rumbo y recuperar prestigio. Volvamos al principio: hay que renovar el Tribunal Constitucional, dos nuevos magistrados los tiene que designar el Gobierno y otros dos el Consejo General del Poder Judicial (más otro que dimitió por razones de salud y debe ser designado por el Senado).
¿Qué se requiere para ser un buen magistrado? Competencia jurídica e independencia política. Ambos criterios están, con otras palabras, reconocidos en el art. 159 de la Constitución. Pues bien, que esto se muestre como indubitable en cada uno de los designados. No solo porque se les suponga que actuarán conforme a estos criterios sino que en el mismo momento de conocer sus nombres nadie pueda dudar de que son competentes e independientes.
Ello requiere que se les reconozca como autoridades en sus respectivas especialidades por el conjunto de la comunidad jurídica y que no hayan tenido pasado político alguno: ni haber pertenecido a partidos, ni ocupado cargos políticos, ni pertenecer a asociaciones judiciales, es decir, sin rastro político alguno, más allá de que cada uno legítimamente tenga sus ideas y ejerza su derecho al sufragio en las elecciones con libertad y en secreto.
Por una vez, en definitiva, que los órganos que deben elegir den ejemplo de ecuanimidad y respeten la letra y el espíritu de la Constitución para contribuir a renovar un órgano tan importante para nuestra democracia como es el TC. Si siguen estos criterios podrán recuperar el prestigio perdido.
No crean que soy ingenuo. Sé que la inercia va en sentido contrario y difícilmente se atenderá lo que sugiero. Como muestra, todos los trapicheos a que me he referido en los primeros párrafos. Estoy convencido, desgraciadamente, de que seguirá la politización del TC. Pero también deben pensar los partidos que algunos ciudadanos, quizás incluso muchos, hartos ya de la manipulación de las instituciones, desearían un comportamiento leal a los grandes principios básicos que deben invocarse en este caso: la división de poderes y el Estado democrático de derecho. Si no les estimula ganar credibilidad piensen que quizás ganarían votos. Nunca se sabe, no desaprovechen la ocasión.
