El 'procés' sigue, no lo duden
«Volverán a hacerlo, no lo duden, el ‘procés’ es mutante, pero el objetivo sigue siendo el mismo»
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (i), y el presidente de ERC, Oriol Junqueras (d). | David Zorrakino (EP)
¿El llamado ‘procés’ todavía sigue vivo o la mayoría de las fuerzas que lo impulsaron han optado por cambiar el rumbo?
En mi opinión el ‘procés’ sigue, el rumbo es el mismo que ya empezó Jordi Pujol desde su discurso de investidura en 1980, pero ha terminado una etapa, la que empezó en el 11 de septiembre de 2012. Desde que se constituyó el primer gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018, estamos en una fase nueva. Veamos.
Pujol se encontró con una sociedad catalana bastante confundida sobre lo que significaban términos como nacionalismo, catalanismo y autonomía. La palabra independencia no se utilizaba entonces, solo era el sueño de unos pocos. Por tanto, había que «educar» a los catalanes, «adoctrinarles» poco a poco, para que una amplia mayoría empezara a pensar que esta finalidad era necesaria y posible. Este fue el objetivo básico de aquellos 23 años de gobierno.
Pujol fue un político astuto e inteligente, el líder de todo el nacionalismo catalán sin distinción de partidos – ahí entraban ERC y buena parte del PSC -, y en estos años de gobierno optó por la «construcción nacional de Cataluña» para que la comunidad autónoma fuera percibida por sus ciudadanos como una nación identitaria. Denominó «soberanía» a la independencia, un término confuso pero que podía satisfacer a sus partidarios más radicales y confundir moderados. «Hoy paciencia, mañana independencia» fue el lema que resumía su estrategia.
Pero no desaprovechó estos años y utilizó para sus fines los medios de comunicación, la escuela, la política lingüística, el clientelismo político de la Administración autonómica, el control y ocupación de las asociaciones e instituciones de la sociedad. En definitiva, para construir la nación era necesario provocar una «espiral del silencio»: nadie en público podía poner en duda que Cataluña era una nación muy distinta al resto de España, que Cataluña era una cosa y España otra. Uno podía ser de derechas, de izquierdas, de centro, de los extremos, de lo que se quisiera, mientras no dudara de este fundamental dogma nacionalista.
Lo consiguió a medias y no convenció a todos, pero al final la paciencia de muchos de los suyos se acabó y una buena parte se fueron a Esquerra, claramente independentista. El siempre desorientado PSC pactó con ellos un gobierno tripartito en 2003 y cometió el disparate mayúsculo de elaborar un nuevo Estatuto, cuyas aristas más problemáticas fueron limadas en el Congreso y, finalmente, declaradas de una u otra forma inconstitucionales por el TC en su sentencia de 2010. Además, todos mintieron en estos años al sostener que «España robaba a Cataluña» como resultado de unas balanzas fiscales expresamente trucadas.
La tormenta perfecta: las Cortes Generales y los jueces (el Estado), los españoles (los ciudadanos) robando los pobres catalanes, sin ningún derecho. La independencia, pues, era más necesaria que nunca no sólo por razones de identidad sino también de justicia social, dar a cada uno lo suyo. En consecuencia, había que desobedecer al Derecho, a la Constitución y a las leyes, incumplir las sentencias. Esta fue la nota distintiva del ‘procés’ que empieza con una gran manifestación del 11 de septiembre de 2012 con un lema explícito: «Cataluña, nuevo Estado de Europa». Estaba clarísimo: Cataluña tenía que votar por la independencia, su destino manifiesto. ¿Cómo hacerlo? Vulnerando la ley, saltándose el Derecho, tan injusto para Cataluña.
«Sánchez se encuentra atado de pies y manos en ciertas cuestiones, entre ellas su relación política con los nacionalistas catalanes, esos que repiten una y otras vez que quieren separarse de España»
Así lo hicieron durante estos años, sin parar, insensatamente, hasta octubre de 2017. Allí el malvado «Estado español» aplicó el artículo 155 de la Constitución, los jueces procesaron y encarcelaron a los cabecillas de la rebelión, en dos años se pronunció sentencia y en otros dos el Gobierno indultó a los condenados. ¿Qué había sucedido para este benévolo final? En junio de 2018, tras una moción de censura, Pedro Sánchez había alcanzado la presidencia del Gobierno y necesitaba apoyos. Ahí estaban para aprovechar la ocasión Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes, incluido el siempre leal PNV.
Pero el apoyo parlamentario tenía un precio: desde entonces Sánchez se encuentra atado de pies y manos en ciertas cuestiones, entre ellas su relación política con los nacionalistas catalanes, esos que repiten una y otras vez que quieren separarse de España. Una mesa de diálogo y negociación los reúne de vez en cuando para dar solemnidad a los continuos acuerdos obtenidos mediante llamadas telefónica, conversaciones en los pasillos del Congreso o en los restaurantes de Madrid. Las exigencias catalanas van en dos sentidos: «desjudicializar» – vaya palabro – e imponer el catalán, donde sea y como sea. A veces se combinan ambas cosas.
Con lo primero se ha conseguido mucho, sobre todo el indulto a los jefes. Pero aún quedan varios centenares de investigados y procesados por el levantamiento de octubre de 2017. Además está Puigdemont, que pronto será detenido en Bélgica y devuelto a España. Habrá que encontrar alguna solución para ellos, al margen del Derecho, claro, en concreto alguna solución política contra el Derecho. Las súbitas prisas de los últimos meses por renovar ciertos altos órganos judiciales del Estado, supongo tienen algo que ver con todo ello.
En cuanto al catalán, lo sucedido últimamente ha sido vergonzoso, al final conseguirán que mucha gente le tenga manía. Frente a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificada por el Tribunal Supremo, que conminaba a las escuelas para que, como mínimo, un miserable 25% de las asignaturas se impartiera en castellano, idioma que usan habitualmente el 60% de los catalanes.
A esta sentencia, el Gobierno de la Generalitat dictó un decreto-ley y después una ley – ésta con el apoyo del PSC – según la cual el castellano no es una lengua vehicular sino curricular, como la física, la gimnasia o el inglés. En este punto la ley contradice la continuada jurisprudencia del TC, nunca puesta en duda, que equipara ambas lenguas como vehiculares. El Gobierno español podría haber interpuesto – y quizás esa era su obligación ante tan flagrante inconstitucionalidad – un recurso ante el TC y la ley hubiera quedado suspendida. Pero no lo hizo, practicó una vez más la desjudicialización, la desprotección jurídica de los ciudadanos, el pacto entre políticos para saltarse las normas.
Para el próximo domingo día 18, la asociación «Escuela para todos», formada por personas admirables, inasequibles al desaliento, con convicciones democráticas profundas y un gran respeto para nuestro Estado de Derecho, ha convocado una manifestación de protesta a este estado de cosas a la que habrá que acudir para así defender el orden constitucional vigente, para defender la democracia. ¿Tiene solución el llamado «problema catalán»? Claro que sí: cuando la Generalitat esté gobernada por constitucionalistas leales a nuestra democracia, no por nacionalistas a la espera de la próxima ocasión para rebelarse como hicieron en otoño de 2017. De momento, el sector nacionalista más inteligente ha decidido aplazar la independencia y seguir construyendo la nación, con el catalán como elemento fundamental, como «alma del pueblo». Avui paciència, demà independència, otra vez. Pero a la más mínima, y vienen tiempos difíciles, asoma ya el malestar social, volverán a hacerlo, no lo duden, el ‘procés’ es mutante, pero el objetivo sigue siendo el mismo.
