Apología de la impunidad socialista

La existencia de un ordenamiento integrado por leyes y normas en el que los ciudadanos eligen a sus gobernantes en las urnas mediante la articulación de un régimen de mayorías no son condición bastante para afirmar que un Estado es democrático y de derecho. El llamado principio de legalidad, que determina que cualquier actuación de los poderes públicos ha de ajustarse a los límites que establecen las leyes, es una conquista de las civilizaciones occidentales contemporáneas. Exige la concurrencia de un sistema de contrapesos, organizado en torno a la división de poderes y a la neutralidad institucional, que limite los excesos del poder, corrija sus decisiones arbitrarias y asegure el cumplimiento de la ley de forma que se garanticen los derechos y libertades fundamentales de los individuos. 

Efectivamente, no hay mayor garantía de igualdad que el que seamos iguales ante la ley, lo que requiere que gobernantes y gobernados actúen dentro de los plazos previstos con arreglo a los procedimientos vigentes y acaten las sentencias dictadas por los tribunales independientes. 

Que la Administración gane peso frente a los administrados, que las instituciones abandonen la neutralidad en pos de la militancia o que el poder ejecutivo maniobre para controlar al judicial son síntomas de debilidad del sistema. Si estos problemas no se abordan y corrigen, se enquistarán y la degeneración continuará irrefrenable, hasta llegar a un punto en el que los gobernantes no mostrarán reparos en despreciar la ley vigente e incluso se negarán a cumplir las resoluciones judiciales. Éste es el punto de inflexión en el que se quiebra la igualdad y se impone la impunidad. 

Entonces, el Estado democrático y de derecho se desdibuja y muta en otra cosa, algo distinto: es lo que algunos ahora llaman un régimen híbrido. Algo peligroso y alarmante que sucede ante el aplauso de no pocos ciudadanos y la indiferencia de otros tantos. El verdadero riesgo de la polarización política radica en que nos postra ideológicamente y nos hace inmunes a la realidad, de forma que desdeñamos tanto las señales de advertencia como a nuestro espíritu crítico, reemplazándolo por supercherías y dogmatismo de mercadillo. 

Firmar un manifiesto apoyando el indulto a Griñán, un señor que ostentó distintos cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía, incluida la Presidencia, durante aproximadamente veinte años, es apología de la impunidad, concretamente apología de la impunidad socialista. La ignorancia y el desprecio por los procedimientos por parte del mandatario andaluz durante más de dos décadas, facilitando la evaporación de 680 millones de euros de las arcas públicas, va camino de ser recompensado con la posibilidad de que desprecie también la sentencia que le condena a la pena de prisión por malversar.

«No hay nada más clasista que la impunidad de los poderosos, que divide a la sociedad entre los que tienen que cumplir la ley y los que no»

Los argumentos son, cuanto menos, pueriles, impropios de la trayectoria de algunos de los firmantes. Sostener que delinquió para ayudar a los parados en un contexto de crisis económica y social es hasta insultante y demuestra hasta qué punto está asentado el relato progresista de que a las personas de izquierdas les guían siempre nobles causas y persiguen loables fines. El problema nunca está en la idea sino en su ejecución, lo que les permite justificar ideologías nefastas que niegan la individualidad del ser humano, como el comunismo, mientras abominan del fascismo, que no es más que la otra cara de la misma moneda. Ay, cómo nos reíamos hace no demasiados años de nuestro ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando decía que un delincuente no podía ser de izquierdas… Con su rúbrica, algunos han convertido la chanza de antaño en una adhesión a esta máxima. Una lástima.

Pero si de algo sirven las cuatro mil firmas que abogan por indultar al expresidente andaluz es, sin duda, para constatar cómo funcionó y todavía funciona la red clientelar que el partido socialista tejió desde Andalucía con el dinero de todos. No se trataba sólo de comprar votos que permitieran al partido aferrarse al poder, sino también de garantizarse favores. El manifiesto es una evidencia palpable de que el PSOE sabe cobrárselos como nadie. 

El indulto a Griñán es una piedra más que este infame Gobierno colocará sobre la tumba en la que está soterrando a nuestro Estado democrático y de derecho, ahora convertido en una dictablanda plagada de indultos ideológicos y propaganda institucional partidista. Prometieron reformar la ley para acabar con los indultos a políticos condenados por corrupción y ahora hasta se atreven a cuestionar la tipificación penal del delito de malversación, muchos de ellos gente cuya formación jurídica les da lo justo para no hacérselo encima.

En cualquier caso, el mensaje que se traslada al ciudadano con el indulto es perverso y terrible, porque deben ustedes saber que no hay nada más clasista que la impunidad de los poderosos, que divide a la sociedad entre los que tienen que cumplir la ley y los que no. Los de arriba y los de abajo, la casta y la gente. Qué atajo de hipócritas, cómo engañaron a muchos. Se entiende que los cuatro mil del manifiesto no han tenido suficiente.