El indulto inconsciente
«La movilización en torno al indulto a Griñán estaba llamada a borrar la cuestión de la responsabilidad socialista y a acentuar el desprestigio del poder judicial»
Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (izquierda) y José Antonio Griñán. | Europa Press
Cuatro mil intelectuales y profesionales de primera línea en nuestro país, firman una petición de indulto colectiva a favor de un político de más que notable ejecutoria, pero condenado en el marco de un proceso de corrupción, y también de dimensiones más que notables. Es elemental que en ese tema confluyen dos cosas diferentes: el problema personal de un estimado político, condenado a una pena de cárcel que tantos consideran excesiva, la cual, por distintas razones habría de ser atenuada en cuanto al rigor de su cumplimiento, y, en segundo término, el hecho dramático de que mediante la centralidad de esa cuestión personal, «compasión por Griñán», está quedando a la sombra el contenido más importante de este episodio: la masiva corrupción política y económica llevada a cabo por la UGT y por el PSOE de Andalucía en la gestión de los ERE. Los firmantes de la petición ignoran este segundo componente, aun cuando muchos de ellos han sido muy activos hasta ahora en la denuncia de la corrupción.
En otros términos, una cosa es solicitar el indulto de Griñán, como problema personal, por la edad y en comparación con los indultos de los independentistas catalanes, pero advirtiendo que eso nada tiene que ver con la exigencia de depurar a fondo el delito de la corrupción de los ERE. Es decir, todo lo contrario de lo que PSOE, UGT y Pedro Sánchez están haciendo. Otra bien diferente es seguir el camino de los bienintencionados firmantes pro-indulto, los cuales, al pedir el indulto a secas, por muy nobles que sean sus intenciones respecto de Griñán, están legitimando la maniobra estatal de encubrimiento del verdadero problema económico y político: la puesta en marcha de una dinámica de corrupción masiva, por el importe de 680 millones de euros, en beneficio de intereses privados socialistas en Andalucía. Algo que deja claro la sentencia final y que para borrar la cual, toda la parafernalia del poder socialista ha puesto en marcha sus medios, siguiendo la estela de erosionar las investigaciones que en su día realizó la juez Alaya, y que acabaron en el procesamiento de Griñán y de Chaves. La jueza se jugó su carrera contra todo tipo de presiones desde arriba: sinceramente, la admiro.
No he podido comprobarlo, porque en este punto el archivo de El País no funciona, pero recuerdo perfectamente que en su día me vi obligado a denunciar por medio de una Carta del Director el carácter sesgado y descalificador de los reportajes publicados por el citado diario sobre la instrucción de la jueza.
Vaya por delante que personalmente, y sin la menor duda, me pronuncio a favor de un indulto a José Antonio Griñán. Lo que no estoy dispuesto a aceptar en silencio es que esa razonable propuesta sirva de barrera a lo esencial: el análisis de lo que supusieron los ERE, culminando una trayectoria de manipulación de una política razonablemente garantista y asistencial, pero conducente a la corrupción. Y que venía de atrás. La presunción de inocencia sobre Chaves y Griñán, como si en un mar azul de actuaciones benéficas socialistas no debiera existir sospecha sobre nada censurable, tiene en su contra el precedente el Plan de Empleo Rural (PER) de los años 80. Esta vez la manipulación se situaba a un nivel inferior, y sinceramente respondía a un propósito de aliviar el paro agrario andaluz, solo que permitía que los alcaldes pudieran firmar un número de jornadas superiores a las efectivamente trabajadas, en favor de los jornaleros. Generosidad que estos recompensarían verosímilmente con sus votos.
Sobre sus efectos, recuerdo una conversación en el marco de la Comisión del V Centenario en los años 80, donde me llamó la atención el recuento de datos sobre trabajadores en la construcción del AVE, facilitados por Emilio Cassinello, hombre inteligente y preciso, hoy firmante del indulto a Griñán, que mostraban una disparidad entre los trabajadores de Ciudad Real y Córdoba, proporcionalmente más numerosos los primeros. «¿Por qué?», le pregunté sorprendido. Y respondió: «¡Es que en Córdoba hay PER!».
El PER fue ya una buena fuente de críticas al socialismo andaluz, con amplia repercusión en la opinión pública, sobre el leitmotiv de la manipulación y las irregularidades en la gestión asistencial. Cuando en los años 90 llegan los ERE, con una dimensión institucional mucho mayor, no cabe la pretensión de ingenuidad luego esgrimida por las autoridades andaluzas, siendo conocedores de sus iniciativas económicas se encontraban de antemano bajo sospecha; hubiera valido la pena cuidar al máximo de la legalidad estricta en su ejecución. No lo hicieron, y por eso han sido condenados, al margen de que obtuvieran beneficios personales de una pasividad culpable, que no los obtuvieron.
En el caso de los ERE andaluces, la prevaricación no consiste en haber adoptado a sabiendas una decisión injusta, sino en la omisión de los deberes inherentes al cargo. Aquí no vigilar ni controlar conductas delictivas de máxima importancia económica, desarrollados por sus subordinados. ¿Para qué sirve el presidente de una institución si no se entera de muy graves comportamientos delictivos que además benefician económicamente, no a él, pero sí a gentes de su sindicato y de su partido? Este es el problema de Chaves y de Griñán, quienes por otra parte en nada han proporcionado datos para esclarecer los delitos de sus subordinados y correligionarios. No es ya una cuestión judicial: es un deber ciudadano de quienes han asumido de manera tan deficiente sus altas responsabilidades.
En el sentido mencionado, la prevaricación constituye, con la malversación, el eje de la sentencia del Tribunal Supremo. Los votos particulares desempeñarán su papel en la apelación, pero ahora no tienen el valor de sentencia, aunque tal cosa se les está atribuyendo. Hubo, pues, prevaricación referida a un proceso de corrupción, con unos sujetos sociales perfectamente determinados, que todo ciudadano llamado a tomar posición sobre el mismo nunca debe desconocer.
Por lo demás el asunto nada tenía de complicado. «Yo soy yo y mi circunstancia», escribió Ortega. La petición de indulto no podía desconocerlo, y menos cuando desde el inicio de la espléndida maniobra gubernamental de propaganda y encubrimiento, el objetivo resultó nítido. Todo observador pudo apreciar que la movilización en torno al indulto estaba llamada a borrar la cuestión de la responsabilidad socialista y provocar, en sentido contrario, la designación del poder socialista como víctima. «Pagan justos por pecadores», dijo él. El resultado ha sido configurar una auténtica alfombra roja de notables partidarios del indulto, de cuya sinceridad y nobleza no cabe dudar. Estamos no solo ante una plataforma de apoyo a Griñán y a su familia, sino ante un mensaje con la connotación de promover la absolución inconsciente (o consciente) de una corrupción organizada desde el poder autonómico socialista en Andalucía. Y al mismo tiempo, lo que es aún más grave, más allá del manifiesto, tenemos una movilización dirigida desde presidencia para acentuar el desprestigio de la institución judicial. En definitiva, una compleja estrategia de manipulación y descalificación para hacer trizas las sentencias, si las mismas contravienen sus objetivos. Eso sí, dentro del género ha sido una verdadera obra de arte. Aunque no hacía falta montar un tinglado semejante para evitarle con justicia la cárcel a Juan Antonio Griñán.
