Eliminar controles y gobernar sin límites

Durante estos últimos cuatro años, tras la moción de censura que invistió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, nuestras instituciones democráticas están sufriendo un acelerado deterioro. No es que antes fueran modélicas pero han empeorado visiblemente. Vamos camino de  una democracia autoritaria, una forma política que ahora es adjetivada como iliberal pero que no merece tan siquiera ese calificativo: es, simplemente, un disfraz de democracia.   

El lunes pasado, el presidente de la Corporación de RTVE se vio forzado a dimitir por presiones gubernamentales. Un  nuevo paso, tras muchos otros, en la cancelación progresiva de nuestras instituciones de control, elementos decisivos de las democracia liberales. 

Que los poderes se controlen mutuamente, cada uno en el ejercicio de sus competencias, para que así «el poder frene al poder», es desde Montesquieu y los founding fathers norteamericanos, un principio central de nuestra estructura institucional. Vamos en la dirección contraria: el que debe ser controlado designa -y destituye- a quien debe controlarlo. Por tanto, el control desaparece, comienza una farsa. 

Hace unos meses, en una amigable sobremesa, le pregunté al presidente de una de las principales empresas energéticas españolas, con importante expansión internacional, cuál era su criterio político al escoger los países donde invertir. Me respondió que no le importaba que gobernaran partidos de derechas o de izquierdas sino que funcionaran bien los órganos de control para que le garantizaran la seguridad jurídica. El control a los gobiernos era más importante que el color político del gobierno mismo, le interesaba el buen funcionamiento del sistema democrático, que se le asegurara que las leyes se iban a cumplir, también los contratos, sólo ello le daba confianza en sus inversiones. Los gobiernos pasan, las instituciones permanecen.

La democracia no consiste sólo en votar y elegir a quien manda, sino también en que el elegido pueda ser controlado y para ello hay tres tipos de control: el político, el jurídico y el social. 

«La opinión pública libre está situada en el núcleo esencial de nuestra democracia»

El político lo ejercen principalmente los grupos parlamentarios en las cámaras. Ahí se debate sobre sobre una norma o una decisión del poder desde el parámetro de su conveniencia y oportunidad. Los criterios para enfocar estos debates responden a la pluralidad de ideas e intereses que allí están representados, similares a los existentes en la sociedad. Por su parte, el control jurídico, en última instancia, lo ejercen los jueces y su parámetro no son razones de conveniencia y oportunidad, sino de comprobar la adecuación de las decisiones políticas al ordenamiento jurídico, es decir, a la Constitución y a las leyes. 

El control social, finalmente, se ejerce desde la sociedad civil, si se quiere desde el pueblo, desde la nación, cuyos órganos de expresión son los partidos políticos y, en la actualidad, muy especialmente los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión, principales creadores de la opinión pública. Nuestro Tribunal Constitucional ha subrayado en numerosas ocasiones, y desde sus primeras sentencias, la importancia de este tipo de control al sostener que una opinión pública libre es imprescindible. Sin ella, dice la STC 6/198 «quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra [además de la libertad de expresión en sí misma], reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática  que enuncia el art. 1.2 CE y que es la base de nuestra ordenación jurídico-política». Por tanto, la opinión pública libre está situada en el núcleo esencial de nuestra democracia. 

En realidad, si examinamos el comportamiento de los diversos gobiernos presididos por Pedro Sánchez podemos comprobar que se han tomado numerosas decisiones encaminadas a eliminar los controles «colonizando» los organismos encargados de ejercerlos. El último, el cese fáctico del presidente de la Corporación de RTVE.

«El asalto al sistema parece ir en serio, ahora que estamos en una prematura época electoral con un PSOE bajando en los sondeos»

Álvaro Nieto, director de THE OBJECTIVE, enumeraba este miércoles en un artículo buena parte de estos manejos que impiden todo tipo de controles, tanto los políticos como los jurídicos y los sociales: en lugar de leyes decretos-ley sin fundamento alguno, manipulaciones para  configurar la composición del TC y el CGPJ, no digamos las tropelías en que se ha incurrido en la Fiscalía General del Estado, designar como presidentes de ciertas empresas públicas a amiguetes sin conocimiento alguno en la materia, exigir la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística porque las cifras no le gustaban e, incluso, la intromisión en empresas privadas como Prisa e Indra, esta última encargada de contabilizar los resultados electorales. 

Así pues, cuidado, cuidado: el «asalto al sistema», del que ayer hablaba Nieto, parece ir en serio, más ahora que ya estamos en una prematura época electoral con un PSOE bajando en los sondeos. En todo caso, a un presidente del Gobierno que no quiere ser controlado le gusta mandar sin estorbos. 

Hasta hace un tiempo pensaba que el partido populista del gobierno de coalición era Podemos y el socialista el PSOE. Ahora pienso que Pedro Sánchez se ha contagiado peligrosamente, quizás el bolivariano es él. Por fortuna no es todo el PSOE, ahí están algunos barones territoriales, entre otros muchos afiliados y simpatizantes. Pero recordemos que uno de los principales elementos de las «democracias populistas» es la eliminación de los controles y gobernar sin límites: justo lo que están haciendo Pedro Sánchez y su Gobierno.