El ascensor de los jubilados

«La metamorfosis del Estado del Bienestar en una gestora de planes de pensiones sigue su curso. 1 de cada 2 euros del presupuesto de 2023 se gastará en pensiones (41,8%) y en pagar los intereses de la deuda pública (6,9%)», escribía esta semana el periodista económico Miquel Roig. El sociólogo de Esade Jorge Galindo hacía una comparación entre el aumento en el gasto en pensiones y el de becas: «Los PGE 2023 traen 19.500 millones de euros extra para pensiones, y 390 millones de euros extra para becas». En 2023, las pensiones subirán un 8,5%; en 2022 ya aumentaron un 4,1%. El economista Ignacio Conde-Ruiz se pregunta: «¿Tiene sentido que una pensión máxima aumente en 4.900 euros en dos años dada la situación económica tan complicada como la que estamos atravesando?»

Sin embargo, en una de las diapositivas del proyecto de los presupuestos, el Gobierno dice cosas como «Los jóvenes como prioridad» o vaguedades como «Los recursos públicos destinados a los jóvenes aumentan un 13,2%». Y justo el día después de anunciar tal subida, el Gobierno presentó un podcast dedicado a los jóvenes donde trata cuestiones tan candentes como… si vamos a cobrar pensiones. El interrogante es revelador. El Gobierno sabe que el sistema es insostenible. Su estrategia es transparente y electoralista: no consiste solo en beneficiar al demográfico que más vota, sino hacerlo sabiendo que en 2023 posiblemente ya no esté en el poder. Que el embrollo lo resuelvan otros.

«No es que los pensionistas tengan más renta que los chavales de 20 años; tienen más renta que sus hijos de 45»

Lo triste es que las políticas públicas desmesuradamente pro-pensionistas son transversales. Es cierto que es la población con más necesidades de dependencia. Todos los Estados de bienestar tienen una responsabilidad moral de proteger a sus ancianos. También es cierto que es una población que tiene una renta (y un patrimonio) mayor que el de los jóvenes, y normalmente (abrumadoramente) no sufre problemas tan acuciantes como el acceso a la vivienda (el 90% de los pensionistas son propietarios). Si en 2012 la renta media per cápita de los ocupados era parecida a la de los pensionistas (en torno a los 13.000 euros), hoy los pensionistas tienen una renta per cápita mayor que los ocupados. En la Encuesta de Condiciones de Vida de 2021, los pensionistas tenían una renta anual neta media de 14.426 euros; los individuos entre 30 y 44 años, de 12.012. Es decir, no es que los pensionistas tengan más renta que los chavales de 20 años; tienen más renta que sus hijos de 45. Y la tendencia va hacia una brecha aún mayor. No es normal que tenga menor renta el demográfico con mayor porcentaje de ocupación que una clase desocupada como los pensionistas.

El debate está lleno de demagogia. Aparece gente que señala que hay pensiones muy bajas, ancianos buscando en la basura. Existen, claro. También hay muchos jóvenes privilegiados que nunca tendrán problemas para acceder a una vivienda o un trabajo. Pero no es la regla general. El cherry picking es lo que tiene: funciona con todo. En un país con un desempleo juvenil subsahariano, como ha señalado Rafa Latorre, subimos tanto las pensiones (y además todas las pensiones, no solo las más bajas) que en 2023 va a haber, en la práctica, 15 y no 14 pagas, como ha recordado Conde-Ruiz.

En una entrevista reciente, el sociólogo Darrel Bricker avisó de que «se avecina una colisión importante, pero es diferente a las del pasado. En la anterior los jóvenes querían escuchar rock y reivindicaban un mundo mejor; el conflicto que se avecina es sobre recursos escasos. Vamos a tener que debatir sobre la distribución de la riqueza y los activos financieros». Uno de los mejores ascensores sociales es la solidaridad intergeneracional. El Gobierno que ha aprobado «los presupuestos más sociales de la historia» se está cargando ese ascensor. Lo más triste es que es algo que llevan años haciendo sus predecesores y que seguirán haciendo sus sucesores.