La bofetada de Lesmes a la partitocracia
«No deben ser el Gobierno ni el partido mayoritario de la oposición quienes negocien la renovación del CGPJ, menos aún se debe usar la Moncloa para tal fin»
El expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. | Europa Press
Carlos Lesmes ha dado una sonora bofetada a los políticos. Se la merecen. Ya era hora. Si muchos creen que los jueces están influidos por los políticos es por culpa de los políticos, no de los jueces.
En efecto, desde hace años los políticos, muy en especial los dirigentes de los grandes partidos, están manoseando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de tal forma que inducen a pensar al ciudadano medio que desde este órgano político, no jurisdiccional, se maneja a los jueces, se deciden ahí sus resoluciones y la independencia judicial es una mera palabra vacía de contenido: el CGPJ manda y el juez obedece.
Un breve repaso reciente a modo de recordatorio. Hace unos años, Rodríguez Zapatero como presidente y Rajoy como líder de la oposición se mostraron muy satisfechos a la salida de una reunión al declarar que se habían puesto de acuerdo para designar al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo. Metieron la pata, pues esta función compete a los 20 miembros de CGPJ y no a ellos. Ni siquiera disimularon. Pero aún peor, tras este sonado traspiés, la escena volvió a repetirse esta vez con Rajoy de presidente y Pérez Rubalcaba de líder de la oposición: «Hemos acordado nombrar presidente…». Ni recordaban la metedura de pata anterior. Insólito. Una muestra clara de partitocracia.
«En 2018, Sánchez y Casado se pusieron de acuerdo para designar al juez Marchena»
A fines de 2018, para sustituir a Lesmes a su debido tiempo, Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y Pablo Casado como líder del PP se pusieron de acuerdo -nuevamente la partitocracia en acción- para designar a Manuel Marchena presidente del CGPJ. Justo entonces, este prestigioso jurista presidía la Sala de lo Penal del Supremo, que debía dictar sentencia en el proceso a los dirigentes de la Generalitat responsables de la declaración de independencia de octubre de 2017.
Ante el desacuerdo de algunos senadores del PP, que preferían que Marchena siguiera como presidente de la Sala de lo Penal para dictar la sentencia, un imprudente, aunque sincero, portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, intentó tranquilizarlos trasmitiéndoles un mensaje por WhatsApp según el cual, desde su nuevo cargo, Marchena seguiría manejando la sala de lo Penal «desde atrás». Ante este comentario, el muy digno magistrado renunció a ser presentado como candidato a presidente del CGPJ y dio una memorable lección de derecho procesal penal en el juicio que fue trasmitido íntegramente por TVE.
Tras el incidente Cosidó a fines de 2018, el Consejo todavía no se ha renovado, un retraso que vulnera a todas luces el art. 122.3 CE, un incumplimiento más de la Constitución, entre los muchos otros que actualmente erosionan nuestras principales instituciones políticas, especialmente el Congreso de los Diputados. Tras el anuncio de la dimisión de Lesmes la noche del domingo pasado, la rápida reacción de nuestros líderes políticos mostró que siguen anclados en la partitocracia: Sánchez convocó para la mañana del lunes a Núñez Feijóo para hablar del caso e intentar proceder a la renovación lo antes posible.
«La Constitución establece que son el Congreso y el Senado quienes deben elegir a los 20 vocales del Consejo»
En general, los medios de comunicación no han puesto reparos a esta rápida maniobra del presidente del Gobierno, tampoco el líder de la oposición lo ha extrañado. Pero se olvida que no debe ser el Gobierno, ni el partido mayoritario de la oposición, quienes deben proceder a negociar la renovación del Consejo, menos aún se debe utilizar como sede la Moncloa para tal fin. La Constitución, y el desarrollo legal de la misma, establecen que son las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, quiénes deben elegir a los 20 vocales del Consejo por una mayoría de tres partes de cada Cámara.
Sin embargo, antes de todo ello, una importante reforma legal de 2013 estableció un complejo procedimiento para presentar candidatos entre los cuales deben escoger por la mayoría citada los diputados y senadores. Este procedimiento es dilatado en el tiempo y procesalmente garantista en cuanto a la presentación de candidatos, con lo cual no todo, ni mucho menos, se puede decidir en una reunión en la Moncloa entre los líderes de los dos grandes partidos. Obviamente ya es hora de que se llegara a un acuerdo de las respectivas mesas de Congreso y Senado para comenzar, con todas las garantías, el procedimiento que debe finalizar con la elección del presidente entre los 20 vocales del Consejo. Imagino que nuestros líderes, o sus asesores, son conscientes de todo ello. En Derecho, y también muchas veces en la vida, la forma es el fondo.
No sería de extrañar que una próxima reunión entre Sánchez y Núñez Feijóo acabe con un apretón de manos ante los fotógrafos tras anunciar que se han puesto de acuerdo en designar al nuevo presidente, es decir, que el proceso de renovación no empiece por el principio sino por el final, decidiendo, además, quienes son incompetentes para ello. Así lo han hecho otras veces, tal como hemos visto. Así funciona nuestra partitocracia, una forma de gobernar incompatible con la democracia.
