Pere Aragonès desvela lo evidente

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reconoció en una entrevista en TV3 que pactó con el Gobierno de España el incumplimiento de la sentencia del 25%. En esa entrevista, el president dice: «Ha habido un acuerdo por el catalán, no nos impugnan la ley del catalán en la escuela». El señor Aragonès se refiere a la ley de uso de lenguas oficiales que el Parlament aprobó en junio de este año. Aquella ley se aprobó en reacción a la sentencia del TSJC que ese mismo mes hubiera hecho obligatorio el uso del castellano como lengua vehicular en al menos el 25% de las horas lectivas. En otras palabras, la ley se aprobó para frenar el cumplimiento de una sentencia dictada para proteger los derechos lingüísticos de los escolares. Y se aprobó con el apoyo del PSC. 

Por eso no hay nada sorprendente en las declaraciones de Aragonès, que se limita a confirmar lo que todos sospechábamos, a saber, que existía una complicidad con el Gobierno de España para hacer inaplicable la sentencia. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha corrido a desmentirlo, y nos ha remitido al acta que resultó de la mesa de diálogo. Evidentemente, en dicha acta no figura el compromiso del Gobierno a no impugnar las artimañas legislativas que alumbre el Parlament para burlar la sentencia. Pero no hace falta que el acta refleje el acuerdo explícito, ni que lo ratifique Bolaños, porque lo confirma la realidad: la ley habría quedado en suspenso si el Gobierno de España la hubiera impugnado ante el Tribunal Constitucional.

«El Gobierno pudo pedir la ejecución de la sentencia en diciembre de 2020 y en marzo de 2022 y no lo hizo»

Como ha explicado el catedrático Rafael Arenas, solo el Gobierno tiene esa capacidad. Las impugnaciones de grupos parlamentarios, senadores o del Defensor del Pueblo no detienen la aplicación de la ley. Y ahora Aragonès desvela lo evidente: la no-actuación del Gobierno es parte de un acuerdo suscrito entre las partes. 

Esto no es nuevo. Lo hemos contado aquí y lo repetiremos cuantas veces haga falta. En diciembre de 2020, el Gobierno pudo pedir la ejecución provisional de la sentencia y no lo hizo. Tampoco pidió la ejecución forzosa en marzo de 2022. Y durante el periodo intermedio en que la Generalitat se declaró en rebeldía, no pronunció una sola palabra de apoyo a la Justicia, ni tuvo un gesto de empatía con las asociaciones que representan a los damnificados. La noticia hubiera sido que Aragonès dijera que, en aquella reunión, el Gobierno de España se había mostrado firme en la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes y dispuesto a impugnar cuántas ocurrencias legislativas salieran del Parlament para incumplir la sentencia del 25%. Eso sí hubiera sido sorprendente. Por desgracia, todo ha resultado ser lo que parecía.