Incompatible con la independencia judicial
«Un CGPJ elegido sin mayorías cualificadas podría provocar que los jueces estén sujetos a investigaciones disciplinarias y sanciones en función de sus decisiones»
El expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, doña Vera Jourova, en junio de este año, recordó que fue Bruselas la que pidió que retiraran la reforma legal que planteó el Gobierno en el año 2020 para permitir renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rebajando la mayoría de 3/5 a mayoría absoluta.
Tras el nuevo fracaso de las negociaciones para renovar el CGPJ, parece volver a escucharse en la lejanía la necesidad de rebajar las mayorías para facilitar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Si se produce la indicada reforma, la democracia estaría en riesgo porque se estaría amenazando la propia separación de poderes. Sin separación de poderes no se puede garantizar la independencia judicial. Y sin esa garantía básica se estaría violentando el Estado de Derecho.
Tomar ese atajo nos abocaría al abismo judicial como país. Hay que recordar que el CGPJ no es solamente el órgano encargado de realizar los nombramientos de los altos cargos judiciales, sino que ostenta las competencias de inspección y sanción a los miembros de la carrera judicial. Un CGPJ elegido sin las mayorías cualificadas que garanticen el consenso parlamentario podría provocar que los Jueces estén sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales. Y este escenario no es una ideación lejana, pues es lo que está ocurriendo en Polonia.
«Se echa de menos el debate parlamentario sobre la idoneidad de los candidatos, el análisis de su solvencia jurídica y currículum»
La superación de las dificultades degradando el juego de mayorías es un reflejo de nuestro tiempo, en el que la persuasión y el entendimiento entre personas con pensamientos diferentes parecen no tener cabida. Llama la atención la ausencia de las Cortes Generales en este proceso de renovación pues son los únicos competentes para tal fin. Se echa de menos el debate parlamentario sobre la idoneidad de los candidatos presentados, el análisis de su solvencia jurídica y la valoración del currículum. Y en cambio, hemos presenciado, con bochorno, como los dos partidos políticos más importantes de nuestro país se reparten unos cromos entre bambalinas, de forma secreta y hurtando a la ciudadanía del proceso que impone la ley.
La rebaja de la mayoría cualificada a la absoluta para nombrar a los miembros del CGPJ tiene dudoso encaje constitucional pero, en todo caso, contamos con Europa como último valladar de nuestro Estado de Derecho. Y ahí estaremos los más de cinco mil integrantes de la carrera judicial, defendiendo nuestra independencia judicial y la separación de poderes. Porque defender el Estado de Derecho no nos posiciona políticamente. Nos posiciona democráticamente.
El sistema actual es contrario a los principios de la UE, es inviable y está condenado a un fracaso permanente.
La posición de los jueces está , además, justificada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella.
En los últimos años hemos tenido 4 elecciones generales, con cambios enormes en las cuotas de los partidos y los que vienen pueden ser hasta más radicales. Hay que tener en cuenta que la actual “tranquilidad social” obedece principalmente a que se está cubriendo el exceso de gasto social sobre los ingresos públicos con crédito exterior pero esto tiene un límite, un coste y un fin, como lo están señalando todos los economistas e instituciones más solventes.
Es previsible que, cuando llegue la hora del ajuste de gastos y la gente vea cómo se le reduce otra vez su renta y su futuro, la reacción social dé lugar a otra época de convulsión política y de cambios importantes.
¿Sería deseable, que, después de cada elección y con el correspondiente cambio de composición de las Cortes Generales, el CGPJ se adapte en cuotas a la composición del nuevo Parlamento o será más útil para los ciudadanos y la calidad de nuestro sistema judicial, que los jueces y los fiscales, tengan mas independencia de la clase política, como denuncia la Comisión Europea?
Y si «la radiografía social» cambia ¿ que legitimación tendrán los nombrados por cuotas , cuando estas se reducen o desaparecen .? ¿ Estarán obligados a defender los principios de los que les han nombrado aunque por su incompetencia y/o corrupción han sido borrados del mapa electoral o presentarán su dimisión?.