Un Estado a su medida
«El ‘sanchismo’ tiene un conflicto de intereses con todo aquello que represente un límite a sus potestades o un estorbo a sus necesidades de gobierno»
Pedro Sánchez y Pere Aragonès. | Europa Press
En España hemos dado la democracia por sentada y asumido que los engranajes sobre los que se sustenta el Estado de derecho funcionan gracias a una suerte de inercia inmutable. El interés por la inmediatez de lo económico ha creado una masa ciudadana ajena a los aspectos sustanciales del ordenamiento jurídico, que desconoce los atributos de la libertad y relativiza la importancia de los contrapoderes.
Una sociedad ignorante de los fundamentos del poder y sus límites está condenada al totalitarismo. Consagrará el liderazgo de personajes para los que la gobernanza será un fin en sí mismo, un instrumento para perpetuarse con vocación absolutista en las instituciones, transformadas en meras extremidades del Ejecutivo. El Estado garante y facilitador se diluirá y emergerá otro, esta vez invasivo y represor, que sólo admitirá aquellas manifestaciones públicas de pensamiento y opinión alineadas con el gobierno.
No es el argumento de una novela distópica ni una descripción de lo que sucede en otros lares. Es, desgraciadamente, lo que está sucediendo en nuestro país: España está mutando a una autocracia descafeinada. El sanchismo tiene un conflicto de intereses con todo aquello que represente un límite a sus potestades o un estorbo a sus necesidades de gobierno.
Efectivamente, Sánchez está culminando la construcción de un Estado a su medida. La neutralidad ha dejado de ser una cualidad predicable de las instituciones para convertirse en poco menos que en anatema. La Fiscalía General del Estado, el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española, el Centro Nacional de Inteligencia, el Tribunal de Cuentas o el Instituto Nacional de Estadística forman ya parte del engranaje gubernamental, cuya vista está puesta ahora en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional.
La última etapa antes de coronar el asalto institucional pasa por colonizar la justicia. A este fin obedece la incesante e indecente campaña gubernamental de desprestigio, con el uso del indulto como ariete contra las sentencias inconvenientes o desfavorables, de forma que la voluntad y deseos del gobierno acaban convertidos en la última instancia judicial. De esta operación de descrédito contra los jueces y magistrados forma parte la derogación del delito de sedición, que anunció ayer el Presidente en el masaje televisado por la cadena cómplice y amiga, aun cuando apenas habían transcurrido días desde que su séquito periodístico y ministerial desmintiera la posibilidad de que fuese a llevarse a cabo tal cosa. No hay oración de la que Sánchez sea el sujeto que no contemple la mentira como parte del predicado.
Suprimir la sedición cumple con un triple objetivo: el primero, torcerle el brazo al Supremo para presentarlo ante España y Europa como el responsable de la alteración de la convivencia pacífica en Cataluña. Si hay un noble fin que merezca el sacrificio de la independencia judicial ése será, sin duda, la consecución de la paz entre los compatriotas. El segundo, convencer a sus socios independentistas de que a cambio del apoyo sin fisuras al Gobierno recibirán, nada menos, que la impagable impunidad. El tercero y más importante, debilitar la estructura institucional y territorial del Estado, permitiendo la celebración de un nuevo referéndum separatista garantizando a sus promotores, esta vez sí, la ausencia de respuesta penal.
«Yo me conformaría con que dejasen de tomarnos por imbéciles llamando normalización a lo que en puridad es una claudicación»
Efectivamente, la derogación del delito de sedición y su tipificación como una variante agravada de los desórdenes públicos, acompañada de una rebaja de la malversación, tiene como objetivo despenalizar el referéndum de independencia siempre que no se ejecute violentamente: mientras que la sedición castiga a quienes se alzan pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de la ley sin necesidad de que concurra violencia, el delito de desorden público tiene lugar cuando se altera el orden o la paz social utilizando la violencia o la intimidación. Es decir, que mientras que la actual regulación permitió al Tribunal Supremo condenar por sedición a los secesionistas catalanes a pesar de la ausencia de violencia -en caso de haberla apreciado con la intensidad suficiente, la condena hubiera sido por rebelión- la nueva regulación posibilitaría su absolución.
Por lo tanto, no se trata sólo de introducir un delito con nombres y apellidos que beneficie penalmente, de forma retroactiva, a los sentenciados por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de Octubre, sino también de propiciar el retorno de los fugados, como Puigdemont o Rovira: si los actos que cometieron dejan de ser delito, podrán regresar a Cataluña sin miedo a ningún tipo de respuesta policial o judicial por aplicación del art. 2 del Código Penal. Además, desaparecerán los incentivos penales para que no ho tornen a fer, reduciendo el referéndum a una cuestión de inconstitucionalidad que tendrá que resolver un Tribunal Constitucional conformado en su mayoría por magistrados progresistas del gusto del sanchismo.
Como he comentado antes, la propaganda gubernamental intentará convencer a los escépticos que se niegan a asumir la realidad del proceso de degradación en el que estamos inmersos de que gracias a las decisiones tomadas y las que están por tomar no sólo nos homologamos con Europa, sino que además se han conseguido atajar las demandas independentistas. Pero ni lo uno ni lo otro es cierto: al margen de la cuestión nominativa, los hechos acontecidos en Cataluña en 2017 hubiesen recibido penas similares, cuando no mayores, en el resto de países miembros de la Unión, por no mencionar que nuestros vecinos portugueses prohíben a los partidos regionalistas o que defiendan la independencia de algún territorio.
En lo referente a la proclamada pax catalana, yo me conformaría con que dejasen de tomarnos por imbéciles llamando normalización a lo que en puridad es una claudicación. ¿Se imaginan a unos padres celebrando que dar a su hijo rebelde todo lo que les exigía ha funcionado mejor que castigarlo por incumplir las normas? Pues así estamos, con el Gobierno haciendo las veces de progenitor orgulloso con el comportamiento de su vástago, al que han conseguido aplacar dejándole salirse con la suya. Garantizar la impunidad por los delitos cometidos y permitir al independentismo el incumplimiento de las sentencias desfavorables no puede venderse como un triunfo del Estado sino como su rendición y retirada de Cataluña. Sánchez está dispuesto a debilitarlo con tal de reforzar las alianzas con sus socios de gobierno.
La oposición ha de ser consciente, de una vez por todas, de que la forma en la que el sanchismo concibe el ejercicio del poder es incompatible con la democracia tal y como la concebimos en Occidente. No hay política de Estado más perentoria y urgente que oponerse a la demolición controlada de los cimientos de nuestro sistema constitucional. La moderación nada tiene que ver con la cobardía, sino con la defensa firme, valiente y desacomplejada de los valores democráticos liberales.
