Añoranza de 2017

En marzo de 2020 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estrechó la mano de la madre de uno de los más conocidos y siniestros narcotraficantes de su país, El Chapo, en un gesto que pretendía simbolizar la política de diálogo con los grupos criminales que el líder mexicano había diseñado como mejor solución para poner fin a la violencia que asolaba esa nación. «Se puede dialogar con todos y hay que buscar el diálogo, hay que buscar que se termine la guerra y se garantice la paz; ya no se puede seguir con lo mismo», había declarado poco antes.

El arreglo con los narcos consistía, esencialmente, en que el Estado permitiera que desarrollaran su actividad delictiva en determinadas zonas bajo su control a cambio de que no extendieran la violencia a otros territorios y facilitaran así el crecimiento de la popularidad de López Obrador.

El pacto, por supuesto, no funcionó. La violencia sólo disminuyó ligeramente por un tiempo, pero, a la vez, creció la actividad del narcotráfico, que impuso su ley en las regiones sometidas a su dominio y expulsó cualquier atisbo del Estado. Eso no impidió que López Obrador insistiese en defender el diálogo, que, en su caso, había sido una promesa de campaña, y llegó a proclamar que «oficialmente, ya no hay guerra».

Desde su punto de vista, las cosas estaban mejor en México puesto que la guerra que sus dos antecesores en la presidencia habían declarado a las bandas criminales había terminado, aunque hubiera sido sólo «oficialmente» y a cambio de socavar de una manera tan grosera el Estado de derecho.

Es obvio que no siempre el diálogo es la solución de los problemas y, desde luego, nunca el desprecio de la ley es compatible con la democracia. El ejemplo de México puede parecer algo extremo, teniendo en cuenta las circunstancias de máxima agresividad que han dominado el escenario político de ese país durante muchos años. Pero es útil para entender a dónde puede conducir la burla reiterada del Estado de derecho.

México no ha llegado al punto actual por casualidad. Ha llegado hasta aquí porque durante décadas los gobernantes del PRI aparentaron seguir unas leyes que, en realidad, sólo utilizaban en su propio beneficio político. Fueron los gobiernos del PRI los que, en los inicios del narcotráfico, entendieron que lo mejor era dejar que los capos violasen sistemáticamente la ley a cambio de no perturbar en exceso la vida política nacional. Después, cuando otros presidentes con más vocación democrática consideraron que aquello era aberrante, los narcos se levantaron en armas dando lugar a los sucesos de sobra conocidos.

«En Cataluña hoy se incumple sistemáticamente la ley, se desobedecen las decisiones judiciales y se planea abiertamente un proceso inconstitucional de resquebrajamiento del país»

Es un delirio pensar que si el Estado de derecho se incumple sólo un poquito o sólo por un tiempo pueden obtenerse ciertos rendimientos sin que afecte a la arquitectura democrática en su conjunto. Es un error pensar que las cosas están hoy mejor en Cataluña simplemente porque no hay en marcha, que sepamos, un referéndum de autodeterminación. En Cataluña hoy se incumple sistemáticamente la ley, se desobedecen las decisiones judiciales y se planea abiertamente un proceso inconstitucional de resquebrajamiento del país a corto plazo sin que nadie actúe para impedirlo.

En Cataluña no están hoy mejor las cosas que en 2017. Ni lo están para la población que allí vive, que ha perdido prosperidad, ni lo están como referencia política de la salud democrática del conjunto del país. En cierto sentido, están peor, puesto que el desafío del 1 de octubre de 2017 fue seguido por un acto de autoridad democrática, como el discurso del Rey, que devolvió el ánimo a quienes creían en el imperio de la ley y de una manifestación multitudinaria en defensa de la Constitución que parecía celebrar la derrota del independentismo. Ambos acontecimientos eran el germen de un proceso de reforzamiento del Estado de derecho que el PP, entonces en el poder, se negó a emprender y que el Gobierno que le sucedió acabó de destruir.

El anuncio de reforma del Código Penal para satisfacer los deseos de los independentistas es el último y más vergonzoso paso en ese camino. No, las cosas no están hoy mejor que en 2017. Ni aunque, formalmente, lo estuvieran, eso habría justificado la burla de la ley. Pero lo cierto es que no lo están. Y no lo están porque quienes se levantaron en 2017 contra la Constitución tienen en 2022 enfrente un Estado más débil. Los independentistas tienen hoy buenas razones para pensar que, si han conseguido manejar el Código Penal español para tapar sus delitos, podrán perfectamente utilizar otras leyes o la propia Constitución para convocar su referéndum y, finalmente, para conseguir un Estado propio. Los independentistas tienen buenas razones para pensar que, si encontraron ahora un Gobierno que cedió en el primero de sus objetivos, encontrarán mañana otro que les permitirá llegar a la meta final.