No, no tiene límites

«Hem arribat a un acord amb el govern de l’Estat per eliminar el delicte de sedició», proclamó ufano Pere Aragonès en la mañana del viernes. Tenía motivos para la celebración. Fue ERC, en febrero de 2019, quien puso abrupto final al mandato de moción de censura con el que Pedro Sánchez se había instalado en La Moncloa. Supuestamente, tras su moción de mayo de 2018, iba a convocar elecciones inmediatas, pero eso era tan falso como todo en Sánchez. 

La convocatoria electoral de abril de 2019 la precipitó ERC al rechazar los Presupuestos, y algo así no podía volver a ocurrir. Además, ¡a quién le importa eso de la sedición! Decimos que es para homologarnos con Europa y para promover la convivencia en Cataluña. Y, si hay quejas, que alguien cuente que fue el PP quien «precipitó el pacto por la sedición» con su «portazo al Poder Judicial». Dicho y hecho: el cuento fue puntual y minuciosamente contado por El País, el mismo diario en el que, pocos días antes, se había anunciado el pacto por la sedición para incentivar (quizá) el necesario portazo. 

«No es no, nada es nada y nunca es nunca». ¿Se acuerdan? Fue uno de los momentazos de los debates electorales de aquel 2019, y aquella negación múltiple de Sánchez fue su airada respuesta a la crítica por su (entonces disimulada) afición a pactar con independentistas. Nadie le respondió: ‘Claro, Pedro, y Frankenstein es Frankenstein, poder es poder, y Falcon es Falcon’. 

Cuánto tiempo y esfuerzo hemos desperdiciado, en estos cuatro años y medio, en escandalizarnos: ‘¡Oh, ah, uy, el presidente miente!’. Miente, ¡claro! Sin pestañear. Él es la mentira elevada a la falconésima potencia. 

El mismo viernes de la declaración de victoria de Aragonés, ya por la tarde y de vuelta de un viaje por varios países latinoamericanos, Alberto Núñez Feijóo hizo pública la posición del PP sobre la supresión del delito de sedición con una declaración institucional que ha sido muy elogiada. Me quedo con esto: «Lamento, especialmente, tener que preguntarme como muchos españoles cuál es el límite de Sánchez en sus cesiones para seguir en el Gobierno. Debo reconocer que, en mi opinión, no existen. Creo, a estas alturas, que ya no tiene límites». 

Efectivamente, Sánchez no tiene límites. No se somete a los límites que los procedimientos legales, los formalismos constitucionales, la tradición parlamentaria y los usos democráticos moderan habitualmente a quien ejerce el poder. Tampoco le limita ningún compromiso para decir la verdad -o, al menos, para no mentir sistemáticamente-, que obliga a los responsables políticos que quieren ser respetados. Y, desde luego, no está sometido al principio de contradicción. Él es el Humpty-Dumpty de nuestra política posmoderna: «Será legítimo lo que yo diga que es legítimo, y las palabras significarán lo que yo diga que significan, porque lo importante es que quede claro quién manda aquí». 

«Si censurar a Marlaska queda viejo, y ya nadie se acuerda ni del Sáhara ni del Pegasus»

Como no tiene límites, y va «a por todas», ha desatado una torrentera de decisiones censurables a la velocidad del acelerador del neutrones. La supresión del delito de sedición envejece la crítica al escándalo mortuorio en la valla de Melilla. Y si censurar a Marlaska queda viejo, y ya nadie se acuerda ni del Sáhara ni del Pegasus, ¿en qué escondido cajón quedará la crítica por haber inventado un neo-impuesto sobre el patrimonio a quienes están exentos de él (pero, eso sí, con recaudación centralizada a excepción de País Vasco y Navarra)? ¿Quién se atreverá a reprochar que ese neo-impuesto sobre el patrimonio se haya inventado por la insólita e inexplorada vía de una enmienda a la creación de otros dos nuevos impuestos, a la banca y a las eléctricas, que a su vez habían sido creados con una proposición de ley en vez de un proyecto de ley? Y si esas recientes minucias de retorcimiento legislativo han quedado superadas, ¿dónde caerán arrumbadas las críticas a la Lomloe o a la Ley de Universidades, aunque aún estén en tramitación? O, más viejo aún, ¿quién podrá dedicar un rato a quejarse por la desprotección de los menores que causará la Ley Trans? Y, ya en la prehistoria, ¿cómo va lo de la Memoria Democrática?

En mitad de la torrentera, ¿quién podrá ocuparse del empobrecimiento sistemático que padecemos gracias al presidente Sánchez? ¿Quién captará un minuto de atención para hablar de la inflación, del paro encubierto entre los fijos discontinuos que quedan sin trabajo, de las hipotecas disparadas o de ese PIB que sigue por debajo del que teníamos antes de la pandemia? 

En su declaración del viernes por la tarde, Feijóo anunció que revertirá cuanto antes la supresión del delito de sedición «porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución». Se comprometió a hacerlo «por respeto al orden Constitucional, pero también como símbolo de una España que no se doblega ante nadie». Tarea de reversión va a tener en abundancia: sedición, ley trans, Lomloe, Memoria Democrática, incumplimiento del castellano como lengua vehicular en Cataluña… Y habrá mucho más en el zurrón del año que queda de legislatura. ¿Qué será lo siguiente?

Al ‘método torrente’ se une el de señalar culpables ajenos para eludir problemas propios o, como mínimo, compartidos. El ejemplo más claro es el de la Sanidad. Faltan médicos de familia en toda España. La solución al problema ha sido solicitada al Gobierno por las Comunidades Autónomas y por el Congreso de los Diputados de forma reiterada (y consensuada). Pues no. Mejor buscar un culpable. ¿Y cuál mejor que Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid? ¿Qué hay más moderado y más dialogante que gritar ‘¡Ayuso, asesina!’ en una manifestación, con monigote en plan falla contra el que azuzar el odio?

Mientras intentamos achicar agua, inundados por la creciente torrentera, se van poniendo, muy discretamente, piedrecitas imprescindibles para el dique de resistencia de Sánchez. Por ejemplo, esta semana, el diario ABC ha alertado en solitario de la «nacionalización masiva», como españoles y al amparo de la Ley de Memoria Democrática, de ciudadanos de distintos países latinoamericanos que pudieran tener algún abuelo o bisabuelo español. Se trata de que sean votantes españoles antes de las próximas elecciones generales. Surgen algunas dudas: ¿quién está controlando todo el proceso para que sea acorde con la ley? ¿Tendrá algún protagonismo en la captación de nuevos votantes españoles el siempre activo José Luis Rodríguez Zapatero y sus eximios contactos Latam? ¿Cuántos españoles más seremos cuando se convoquen las elecciones y en qué circunscripciones elegirán votar? ¿Qué impacto tendrá ese nuevo voto en los resultados?…

Porque el ‘método torrente’ también afecta a los detalles. Y «no tiene límites» significa que no va a parar en límites.