Cesuras y censuras
«Es un error creer que explicar a los ciudadanos que las decisiones del Gobierno constituyen un escándalo será suficiente para que cambien de opinión»
Ilustración. | Erich Gordon.
La democracia española vive unos días agitados: las decisiones que el Gobierno viene adoptando para consolidar su alianza con el separatismo son de tanta intensidad y se acumulan a tal ritmo que habría que disculpar al ciudadano que crea sufrir algún tipo de alucinación lisérgica. Y es que rozamos el tercermundismo institucional cuando aquellos que fueron condenados por atentar contra el orden constitucional son sucesivamente indultados y amnistiados, mientras se jactan de su impunidad y reescriben con ayuda del gobierno el relato oficial del procés. ¡Bingo!
Pero no hay que despistarse: apenas ha terminado de digerirse el anuncio de que se hará desaparecer el delito de sedición, se anuncia la intención de hacer lo propio con la malversación pública y surgen especulaciones acerca de si esta nueva desactivación —contraria al principio elemental que proscribe las reformas penales orientadas a beneficiar a individuos concretos— impedirá la entrada en prisión de José Antonio Griñán. Es razonable concluir que este Gobierno no reconoce límites a la hora de asegurar la realización de sus propios intereses.
Pues bien, cualquier ingenuo pensaría que las últimas decisiones del Gobierno pondrían de acuerdo a un número masivo de comentaristas y observadores. Tras denunciar durante años la emergencia de la posverdad, lamentar el papel de la mentira en el desempeño político de los populistas y proclamar —que no falte Hannah Arendt— la necesidad de proteger la base factual que permite la discusión pública en la democracia, ¿no estamos ante un ejemplo inmejorable de aquello que tanto nos viene preocupando? Bueno, no vayamos tan rápido: una vez disipado el humo provocado por los titulares, nos encontramos con que la indignación de unos cuantos convive con la indiferencia de muchos y el aplauso de demasiados.
«De acuerdo con la explicación oficialista, si contentan a los separatistas, es por nuestro bien»
Al fin y al cabo, hay un relato alternativo que presenta los hechos bajo una luz más favorable. Y eso es todo lo que necesita quien pone su credulidad política al servicio de la emocionalidad partidista: razones para seguir donde quiere estar. De acuerdo con la explicación oficialista, derogar la sedición y reformar la malversación sirven a los intereses generales en la medida en que facilitan la convivencia en la sociedad catalana, para disgusto de quienes abrazan el «trumpismo» y se empeñan en mantener vivo el procés para desgastar al Gobierno; de paso, nos homologa con Europa. Así que no lo estamos entendiendo: si contentan a los separatistas, es por nuestro bien.
Que no pueda objetivarse públicamente la indeseabilidad de las reformas penales auspiciadas a toda prisa por el Gobierno en favor de sus socios no solo resulta desconcertante, sino que atestigua la condigna imposibilidad de mantener un debate racional cuya conclusión hicieran suya las mayorías. En otras palabras: es un error partir de la premisa según la cual explicar claramente a los ciudadanos que las decisiones del Gobierno constituyen un escándalo democrático será suficiente para que esos ciudadanos cambien de opinión. Alguno lo hará; otros seguirán instalados en la indiferencia. Por su parte, muchos continuarán apoyando al Gobierno incluso si les parece —lo susurrarán en privado— que las concesiones al separatismo han ido demasiado lejos: ya sea por convicción racional, militancia partidista, adhesión emocional, defensa de los propios intereses o animadversión al contrario. Bajo estas condiciones, quienes reclaman una moción de censura parecen descartar la posibilidad de que el ganador de la misma —votos al margen— no sea Feijóo sino Sánchez. Y entonces, ¿qué?
