¿Golpe de Estado silente y subrepticio?
«La estrategia que se está siguiendo y que terminará con la instalación definitiva de la España plurinacional es profundamente inconstitucional y antidemocrática»
Jaume Asens. | THE OBJECTIVE
Los escépticos de la democracia nos recuerdan de vez en cuando que Adolf Hitler llegó al poder de manera formalmente democrática. No es rebatible para las condiciones que se exigían en aquellos tiempos en Occidente para ser considerado un sistema democrático. Es más, Hitler no mintió en la campaña y expuso perfectamente qué era lo que quería hacer con Alemania, no engañó. Pero no dijo cómo. Y los mismos olvidan decir que una vez en el poder, Hitler, con la plena complicidad del jefe de Estado, Hindenburg, prestigiosísimo militar, y la sumisión, inhibición y/o complicidad del poder judicial, impuso primero la Ley del incendio del Reichstag que le permitió encarcelar y liquidar a los diputados comunistas elegidos tan democráticamente como él, y, sobre todo, la Ley de Habilitación, una vez depurado el Parlamento, que le daba plenos poderes y declaraba que las leyes del Reich (las de Hitler), pasaran por el Parlamento o no, se anteponían y primaban sobre la Constitución vigente, que feneció en ese momento. Y eso es un golpe de Estado en toda regla y totalmente antidemocrático. Todos sabemos cómo acabó la cosa.
Viene esto a cuento porque nos preocupan recientes tendencias totalitarias en las democracias liberales modernas que nos recuerdan que el golpe de Estado no necesita, hoy en día, ser asimilado al espadón entrando a sangre y fuego en las instituciones ni de una rebelión armada. Pueden ser igual de dañinos imponiéndose de forma silente y subrepticia. Por ejemplo, es tremendamente alarmante que Donald Trump esté políticamente acusado de haber pergeñado una suerte de golpe de Estado por el Congreso americano. Pero como nos quita el sueño la ciudadanía española, nos preocupan cosas de aquí, de los nuestros. Por ejemplo que una ley que puede ser perfectamente bien intencionada en su intento de protección del más débil, como la del sí es sí, sea una chapuza técnica a la altura del bajísimo nivel de la ministra improbable y de su equipo y que obtiene resultados contrarios, es un dislate más que se arregla perfeccionando el texto por personal cualificado. Pero si lo que abre la puerta es a que miembros del Ejecutivo y activistas mediáticos inculquen que la culpa es de los profesionales de la Justicia (los jueces) porque son enemigos del pueblo y que lo que hay que hacer es adoctrinarlos en las leyes del Reich para que cumplan la voluntad del Gobierno, estamos entrando en alarma roja.
Pero vayamos a lo más inquietante. Todo lo que se le ha ocurrido a la oposición y a los mass media de derechas de cierta relevancia ante la supresión (que no modificación) del delito de sedición en España es reprochar a Pedro Sánchez que quiera mantenerse en el poder y recordar que el doctor Sánchez suele engañar cuando nos compara con Europa. Reacción lamentablemente pobre, poco lúcida y morbosilla de programa de salsa rosa. Sería mejor hacer comprender a los ciudadanos que este episodio de la desaparición del delito de sedición es uno más, e incluso menos grave que otros como los indultos, de un plan bien trazado desde hace al menos tres años (siguiendo a Jaume Asens) para ir a una España, no de ciudadanos, sino de territorios independientes más o menos bien avenidos. Para ello es necesario pervertir leyes, forzar otras, incumplir otras y someter poco a poco al Poder Judicial. Entre los hitos de la senda trazada se encuentran muchos hechos, desde la no obligación de jurar o prometer la Constitución que permitió Batet, hasta la reciente supresión del delito de sedición, pasando por indultos, cesiones de política penitenciaria, de terroristas asesinos, ataques a la Jefatura del Estado, transformación de un golpe de Estado incruento en sedición/ensoñación, compromisos bilaterales con Gobiernos regionales de impedir el cumplimiento de sentencias del Supremo, creación de una inconstitucional mesa de diálogo sobre la unidad de los españoles, etc.
«Próximos pasos: reforma del delito de malversación y preparación de la legalidad de un referéndum de autodeterminación»
El esperpento ya es tan descarado que nos atrevemos, sin ningún riesgo de equivocarnos, a anunciarles los dos próximos pasos : reforma (esta vez sí reforma) del delito de malversación y preparación de la legalidad de algún tipo de referéndum de autodeterminación. Curiosamente, el proceso ya no es tan oculto porque probablemente sea imparable, el grueso del mal ya está hecho, y porque ya está descontando que no habrá reacción ciudadana, ya sea por falta de lucidez, por comodidad o por desesperación (lo que justifica que gane la abstención siempre). Tan evidente es que recomendamos, por ejemplo, la lectura de una entrevista larga y reciente del citado Jaume Asens (de en Comú Podem) en el diario Ara donde explica el proceso negociador que inició hace tres años con la vicepresidenta Carmen Calvo y cómo los objetivos se van consiguiendo dependiendo del nivel de domesticación del poder judicial. Y más interesante aún es un artículo reciente en el diario El País del catedrático Sánchez Cuenca que explica perfectamente el plan y la estrategia que se está siguiendo, alabándola, y que terminará con la instalación definitiva de la España plurinacional, para él la única auténtica.
El problema es que todo eso es profundamente inconstitucional y antidemocrático. Porque ni el espíritu ni el texto de la Constitución del 78 admiten ese modelo de no-España y porque abandona y pervierte totalmente tres valores democráticos torales que sí impregnan hasta la médula nuestra Carta Magna: la soberanía del pueblo español (y no de una amalgama de pueblos), la igualdad ontológica de los españoles, y la solidaridad entre españoles (no entre territorios) sin discriminación alguna imaginable por cuestiones de raza, origen o residencia. Por lo tanto, para conseguir el objetivo del nacimiento de una absurda, injusta, desigualitaria y nunca existente España plurinacional no hay más remedio que soslayar, o forzar o incumplir la Constitución. Recuerden el título de nuestro artículo, y, sobre todo, pensemos si esa es la democracia que quiere la inmensa mayoría de los españoles.
