Las infamias de Podemos sobre la 'ley del solo sí es sí'

La ley más feminista de la democracia, esa que venía a garantizar la libertad sexual de las mujeres, ha terminado siendo garante de la libertad de los violadores. Una realidad tan pasmosa y atroz que ni tan siquiera el relato peronista está consiguiendo ocultar bajo capas de manipulación e infamia.

Quienes integran el Ministerio de Igualdad se han enrocado en la absurda negación de las nefastas consecuencias de la ley del solo sí es sí, cuya entrada en vigor está provocando una rebaja de penas a agresores sexuales condenados en firme, cuando no su puesta en libertad. El rosario de excusas y pretextos para rechazar lo evidente y derivar la responsabilidad a los jueces está conformando un muestrario de deshonestidad, tergiversación y ausencia de escrúpulos que se me antoja incompatible con nuestro ordenamiento democrático.

El último episodio de esta cruzada gubernamental contra los operadores del poder Judicial lo hemos vivido durante las últimas horas, con Podemos movilizando a sus agitadores habituales de las redes sociales para poner en circulación un vídeo retocado de la intervención de una magistrada en un debate televisivo sobre la Ley de Libertad Sexual. La triquiñuela ha sido tan zafia que hasta la cadena televisiva ha salido a desmentirlos. 

La comparsa feminista liderada por Irene Montero ha pasado de negar que se fuesen a producir revisiones a la baja de condenas tras la aprobación de la norma, a abanderar una campaña de acoso y derribo contra magistrados, fiscales y abogados sustentada en argumentos ridículos, tramposos y falsos. Han hecho de la invención y la demagogia su buque insignia en la cruzada que han emprendido contra el Estado de derecho liberal, culpable en último término de todos sus males: su ley es magnífica, lo que falla es el sistema.

«En el ámbito penal, la interpretación de la ley ha de ser siempre la más favorable al reo»

Entre las patrañas que están difundiendo para intentar escurrir el bulto destaca la de tildar de machista a la magistratura, a la que acusan de no aplicar la norma con buena fe y rigor jurídico, que es tanto como invitarles a prevaricar. La Justicia no puede inaplicar las leyes emanadas del Legislativo ni forzar su interpretación hasta el punto de sentenciar algo no previsto en la norma, mucho menos en el ámbito penal, donde la interpretación ha de ser siempre la más favorable al reo: si la pena mínima contemplada en la nueva ley para un delito es más baja que la establecida en la ley anterior, no cabe otra que aplicar retroactivamente la norma más favorable.

Todos los subterfugios y recovecos legales a los que estas adalides feministas intentan recurrir para justificar su incompetencia atentan contra la seguridad jurídica y contra la verdad. Por ejemplo, cuando la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, o la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, afirman que los jueces deben aplicar la Disposición Transitoria quinta del Código Penal del 95 y limitar los supuestos en los que procede una rebaja de la pena, están tomando el pelo al personal. Como su propio nombre indica, estas disposiciones tienen vocación temporal, esto es, vienen referidas a los efectos de la norma que la contiene respecto de la norma anterior que se reforma o deroga. Si la hubiesen incluido en la ley de libertad sexual, estaríamos discutiendo sobre una eventual inconstitucionalidad, pero al no haberlo hecho, lo que no tiene ni pies ni cabeza es invocar la aplicación de una disposición que está a punto de cumplir 30 años de forma analógica y contra reo, algo vedado en el ejercicio del ius puniendi.

El flotador que creen que les ha lanzado el Fiscal General del Estado en forma de decreto para sentar criterios interpretativos no va evitar el hundimiento, solo prolongará el chapoteo. Efectivamente, los efectos de la retroactividad seguirán reduciendo condenas en quienes fueron sentenciados a la pena mínima o en grado de tentativa. En todo caso, el criterio de un fiscal general tan sectario y politizado hay que cogerlo con pinzas, sin olvidar jamás que quienes tienen la última palabra son los tribunales 

Más ridículo si cabe es tratar de parapetarse tras el Convenio de Estambul para defender la necesidad de la reforma. Produce vergüenza ajena escuchar a compañeros juristas sostener en los medios que ese tratado nos obligaba a unificar los delitos de abuso y agresión, de forma que cualquier delito contra la libertad sexual pase a denominarse agresión. Ya recurrieron a esta mentira antaño, cuando tergiversaron la sentencia de La Manada para emprender una modificación punitiva ideológica y a todas luces innecesaria, e incluso la trasladaron a la exposición de motivos de la ley del solo sí es sí. 

«Nada bueno puede esperarse de una ley construida sobre falsedades y propaganda de corte peronista»

Ahora vuelven a hacerlo para desquitarse por las nefastas consecuencias de haber hecho desaparecer aquella necesaria distinción de nuestro Código Penal. Mas basta revisar el articulado del Convenio para confirmar que no impone ninguna exigencia al respecto y se limita a obligar a los Estados miembros a tipificar como delito el sexo no consentido, con especial agravación de algunas conductas, cuando es algo con lo que ya cumplía la regulación anterior. Nada bueno puede esperarse de una ley construida sobre falsedades y propaganda de corte peronista.

Es cierto que, durante estos últimos tres años, el populismo consiguió alterar la percepción social de los hechos, pero la verdad de cómo realmente acontecieron permaneció inmutable a la espera de ser redescubierta. Aseguraron que esta ley colocaría el consentimiento de las mujeres en el centro, pero cierto es que lo único que ha conseguido es poner a muchos agresores sexuales en la calle. 

Ahora se afanan en intentar cubrirse las vergüenzas desgastando a los que señalan o demuestran su ineptitud como legisladores, mientras sus socios de Gobierno, los socialistas, los dejan obrar. No es de extrañar, pues el desgaste de la judicatura no viene nada mal a quien desprecia las resoluciones judiciales que obstaculizan su permanencia en el poder, bien sea mediante los indultos, bien derogando conductas delictivas en beneficio de sus apoyos parlamentarios.

Por eso no hemos de caer en la trampa de señalar a Podemos y a los ministros de ese partido como los únicos responsables de este proceso de erosión democrática que vivimos. Ellos solo encarnan la voluntad de Sánchez de llevar el cordón sanitario al Partido Popular hasta sus últimas consecuencias, aun cuando esto implique encamarse con quienes persiguen abolir nuestro sistema constitucional. Al fin y a la postre, el sanchismo es antagónico con la separación de poderes y la neutralidad institucional consagradas por la Carta Magna, así que no sorprende que se asocie con quienes la pretenden dinamitar, carcomiendo los cimientos de nuestro Estado democrático y de derecho desde dentro. Así maniobró el peronismo en Argentina y así es como está maniobrando Pedro Sánchez.